Los niños son sagrados, y esa condición, cuando el infante sale agresivo, alimenta tensiones. Es la situación que han tenido que lidiar determinados trabajadores de la Casa Infantil El Campillín, con una niña que los ha traído de cabeza por sus ataques, alguno de los cuales supuso la caída de su cuidador. Mezcle ese tipo de accidentes con las apelaciones sindicales a que se cumplan los planes de prevención de riesgos laborales, y estará ante un problema que el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Gerardo Herrero, ha elevado a denuncia por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. De fondo está la colisión entre los derechos de protección de los menores y los de los trabajadores. Desde el sindicato que ha movido el asunto, CSIF-CSIC, Juan Gavira explica que su delegada en el centro, víctima junto a otros compañeros de la mencionada niña, solicitó al centro la Valoración de Riesgos Laborales, "un documento que debe ser público y que pedimos por todos los cauces posibles". Según CSIF-CSIC, incluso se llegó a realizar un escrito comentando el caso al Defensor del Pueblo, sin que el documento que estudia los riesgos a los que se exponen los operarios llegara a manos del citado sindicato.
"Solo fuimos a la vía judicial como último recurso", comentan en una central para la que la reacción de la Fiscalía deja al descubierto "la hipocresía del Principado, que se llena la boca hablando de prevención o protección a los menores, y luego a la hora de la verdad, nada de nada".
"Lo peor", según califica el propio Gavira, "es que la delegada que requirió el documento está expedientada".
Fuente: La Voz de Asturias
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