jueves, 25 de octubre de 2007

Paralizada otra expulsión por Lazos Afectivos

Nuestras amigas, las abogadas de Madrid vinculadas a la coordinadora de barrios y a la parroquia de Entrevías han conseguido paralizar la expulsión de un chaval haciendo valer las relaciones sociales que éste había establecido, demostrando que por el “interés superior del menor”, el chaval estaba aquí en mejores condiciones que en cualquier otro lado, y que había podido establecer uno vínculos sociales que le daban bienestar y seguridad, por lo que la acción de la administración sería a todas luces perjudicial para él.

Por una vez, un juez, parece haber tenido un poco de sentido común.

Adjuntamos la sentencia, por lo que tiene de extraordinaria y para que pueda usarse para casos similares.

enhorabuena!!!

sentencia

Fuente:Con los niños no se juega

miércoles, 24 de octubre de 2007

Paralizada otra expulsión por Lazos Afectivos

Nuestras amigas, las abogadas de Madrid vinculadas a la coordinadora de barrios y a la parroquia de Entrevías han conseguido paralizar la expulsión de un chaval haciendo valer las relaciones sociales que éste había establecido, demostrando que por el “interés superior del menor”, el chaval estaba aquí en mejores condiciones que en cualquier otro lado, y que había podido establecer uno vínculos sociales que le daban bienestar y seguridad, por lo que la acción de la administración sería a todas luces perjudicial para él.

Por una vez, un juez, parece haber tenido un poco de sentido común.

Adjuntamos la sentencia, por lo que tiene de extraordinaria y para que pueda usarse para casos similares.

enhorabuena!!!

sentencia

domingo, 14 de octubre de 2007

La Carrera Profesional: Mentiras, Hipocresia y Manipulación


A cinco días de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo el Gobierno asturiano publicó en el boletín oficial una convocatoria dirigida a los trabajadores fijos de la Comunidad Autónoma, incluido el colectivo de la enseñanza, para adherirse voluntariamente a lo que denominaba “carrera profesional”. En la resolución de convocatoria se ofrece el abono anticipado de unas cantidades que ni siquiera se especifican, advirtiendo que el dinero se entregaría “ a cuenta”, de tal manera que si no se superaba la evaluación que se establecería en su momento, los trabajadores que hubieran percibido este dinero estarían obligados a devolverlo.

El único dato objetivo de la convocatoria era que sólo podían participar en la misma los trabajadores fijos del Principado de Asturias con una antigüedad mínima de cinco años. El resto de condiciones se ocultaban de forma absoluta y total: ni criterios de evaluación, ni baremos, ni calendario, ni tan siquiera – vuelve a reiterarse - el importe de los pluses salariales ofertados. Curiosamente, algunos de estos datos que se esconden en la resolución oficial de la Consejería de Administraciones Públicas, fueron adelantados por las centrales sindicales UGT y CCOO en correos informativos de difusión masiva.

La reacción sindical en el ámbito de la enseñanza fue inmediata: SUATEA, CSIF y el sector de la educación de CCOO, calificaron a la convocatoria como un ataque sin precedentes a la dignidad profesional de los enseñantes, un “cheque en blanco” que se ofrecía a los trabajadores con el cebo clientelar del dinero, omitiendo arteramente los compromisos que se les pedirían a cambio. Las movilizaciones no se hicieron esperar: 5.000 profesores y maestros tomaron las calles de Oviedo en el mes de junio exigiendo al Gobierno de Areces la retirada de la resolución de convocatoria de esa “carrera profesional”, a la vez que se pedía a todos los compañeros y compañeras que no firmaran la solicitud trampa.

Pero, como ya adelantamos, la convocatoria de pseudocarrera no afectaba sólo al colectivo de profesionales de la enseñanza pública, si no también a la totalidad de los empleados públicos fijos del Principado ( excluido el sector de la sanidad). Aunque sin contar con la cobertura mediática que tuvieron las masivas movilizaciones de la educación, los sindicatos llamados minoritarios en el ámbito del empleo público de la Comunidad Autónoma – USO, USIPA, CSIF y la Corriente Sindical de Izquierdas - también llevaron a cabo acciones conjuntas y por separado, denunciando la “cita a ciegas” a la que se estaba invitando a los trabajadores con maniobras más propias de un trilero.

Particularmente, la Corriente Sindical de Izquierdas fue la única central sindical que desveló documentalmente el planteamiento, nudo y desenlace de esa novedad llamada “carrera profesional” que el Gobierno y sus aliados sindicales pretenden hacer pasar como la panacea de la modernización del empleo público.

¿ De qué hablan estos especialistas en vanilocuencia cuando se llenan la boca con la “carrera profesional”?

No hace falta ser un experto en derecho de la función pública para saber que desde hace décadas existe carrera profesional en la Administración, con diferentes modalidades: concurso de méritos, promoción interna entre grupos, libre designación o promoción “ a dedo” etc; comportando todas ellas el cambio de puesto de trabajo, con la consiguiente mejora retributiva. Cuestión distinta es que su aplicación práctica sea una historia plagada de trucos, clientelas, influencias, enchufes y agravios comparativos. Pero estos pequeños contratiempos no parecen ser un especial motivo de preocupación para los actuales gestores y sus conmilitones.

La modalidad de carrera profesional a la que alude la convocatoria de la administración asturiana, tomando la parte por el todo, es una figura introducida en el reciente Estatuto del Empleo Público impulsado por el Gobierno de Zapatero que consiste, sintéticamente, en ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, mediante la superación de una serie de tramos o escalones sucesivos. La tremenda contrapartida que se esconde detrás de ella es la obligación de realizar una evaluación individual del trabajo de cada uno de los trabajadores cuyo resultado condicionará ni más ni menos que: el importe del sueldo, la permanencia en el puesto de trabajo y los ascensos en el escalafón. Conociendo el modo habitual de proceder de la clase política dirigente de todos los colores, no parece exagerado aventurar que este mecanismo será un arma camuflada para premiar a los amigos y castigar a los incómodos, disidentes o desafortunados.
¿ Con que parámetros se evaluará el desempeño del trabajo de los empleados públicos?, ¿ quiénes serán los evaluadores y a qué evaluación se someterán ellos?


Hasta ahora, para el sindicalismo de clase los sistemas tayloristas que condicionaban el importe del salario de cada trabajador al resultado de la evaluación individual de las tareas laborales eran particularmente execrables: rompían la negociación colectiva y sometían a los trabajadores a una carrera competitiva para ganar más dinero, poniendo en peligro su propia salud y degradando el ambiente de trabajo.

Pero el reciente Estatuto del Empleado Público, aprobado con elconsenso de los aparatos centrales de UGT, CCOO y CSIF, otorga carta de naturaleza a estos métodos empresariales tan caros al capitalismo neoliberal, tras años de ensayos y experiencias en las administraciones públicas de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, con la coartada de la necesidad de incrementar la eficiencia y la productividad del sector público ( el mismo discurso falso que viene legitimando la privatización generalizada de los servicios públicos). Un buen espejo en el que mirarse para desarrollar políticas laborales progresistas.

Mientras tanto y volviendo a Asturias, en la recta final de la campaña electoral el Gobierno plural de la izquierda, con el silencio cómplice de la supuesta oposición, decide ser el primero en todo el Estado en implantar esa nueva modalidad de carrera profesional, ofreciendo un dinero adicional a sus trabajadores, sin decir que les pedía a cambio. Pero fue el primero por la sencilla razón de que utilizó descaradamente un atajo: ni se aprobó previamente una ley autonómica que la habilitara, ni se definió el sistema de evaluación del desempeño, como exige el Estatuto del Empleado Público.

Ante la obstinación en mantener una resolución de convocatoria impresentable, las centrales sindicales rebeldes anunciaron acciones judiciales frente a la misma con el fin de frenarla por esa vía ya que había fracasado la de las movilizaciones. Al menos SUTEA, CSIF , USO y la Corriente Sindical de Izquierdas interpusieron recursos ante la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero sorprendentemente, fue la Corriente la única central sindical que actuó con coherencia entre lo que dijo y lo que hizo, pues quedó en solitario instando la suspensión del acto impugnado. Si lo que se pretendía era parar los efectos de una convocatoria inadmisible por tantos motivos, ¿ cómo puede explicarse desde la lógica y el sentido común que los recurrentes se conformasen con esperar una sentencia que, en el mejor de los casos llegará dentro de tres años, cuando sus efectos resultarían ya totalmente nulos?

Si en este asunto de la acción judicial se va realmente en serio y no de farol y lo que se pretende es parar una resolución que se dice impresentable y gravemente atentatoria para los derechos de los trabajadores, la solicitud de suspensión de la misma, tal y como hizo la Corriente, es la única actuación coherente. Quienes la recurrieron pero no se opusieron a que siguiera desplegando sus efectos deberían explicar convenientemente el sentido de su actuación. La hipocresía desplegada por los portavoces de USIPA y CSIF acusando a la Corriente Sindical de Izquierdas de imprudencia es una muestra elocuente del sindicalismo de pasteleo y doble moral que nos inunda.

Finalmente y de momento, la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidió estimar la pretensión de la Corriente, acordando suspender la tramitación de esa “carrera profesional” tan peculiar. Pero en el colmo del absurdo programado, los amplificadores mediáticos del Gobierno y sus aliados apuntan ahora, de forma unánime, a la Corriente Sindical de Izquierdas pidiéndole explicaciones por su actuación. ¿ No resultaría más lógico y sensato en unos medios que se dicen independientes y pluralistas, pedir explicaciones al Gobierno asturiano sobre los motivos que le llevaron a dictar en plena campaña electoral una resolución que afectaba a miles de trabajadores y que ha sido suspendida por el máximo Órgano judicial de la Comunidad Autónoma por razones estrictamente legales, e informar objetivamente a la ciudadanía sobre el contenido del Auto judicial?

Pero el comportamiento de los medios de formación de masas asturianos en este asunto, como en tantos otros de especial relevancia, parece responder en palabras del viejo Marx, a la clase de discurso “autorizado por la policía y vedado por la lógica”

fuente: Javier Villa


http://www.glayiu.org/?accion=ver&tipo=analisis&id=1162

sábado, 13 de octubre de 2007

La Diputación impulsa la figura del mediador intercultural para atender a menores inmigrantes


EUSKADI
Un educador de origen marroquí hace ya esta labor en el centro de Tolosa Facilita la relación con los internos
El reto de la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Gipuzkoa incorpora un nuevo recurso para lograr la integración de estos jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia o protagonicen altercados. La Diputación de Gipuzkoa, que tiene la tutela de estos menores, ha introducido la figura de un mediador intercultural que acompañe a los residentes del centro de acogida de urgencia de Tolosa, que será rehabilitado en breve.
Según fuentes del Departamento de Política Social, en la actualidad un «educador de origen marroquí trabaja ya en el centro de Tolosa realizando, de forma progresiva, cada vez más ta-reas como mediador intercultural». Al hablar el mismo idioma, la figura facilita la comunicación con los menores inmigrantes -la mayoría de origen magrebí-, lo que ayuda en el proceso educativo de los internos.
Hogares Nuevo Futuro, la asociación a la que pertenecen los educadores sociales que gestionan los centro de acogida de urgencia de Tolosa y Urnieta, quiere ir más allá. En este aspecto, trabaja en «un proyecto» para concretar «los objetivos, las condiciones y las necesidades concretas» del perfil del mediador, asegura Iñigo Ochoa de Alda, asesor de Nuevo Futuro y profesor de Psicología de la UPV .
Según señala Ochoa de Alda, en otras ciudades de España ya «existen programas con perfiles de este tipo. Lo que ocurre es que a veces esta figura queda difuminada y es más un compañero de los menores o un educador más autoritario que los propios educadores. El reto es poder crear antes de fin de año una figura realmente mediadora, que no pertenezca al equipo educativo ni que sea un menor más».
El «proyecto interno» en el que trabaja Nuevo Futuro piensa en un perfil de mediador intercultural de origen marroquí que ayude a los educadores a mediar con los menores inmigrantes, tanto en centros de acogida de urgencia como en residencias. «Alguien que sepa cuáles son sus necesidades culturales, de idioma, sus dificultades con el consumo, la comida»... Entre sus funciones, destacaría el contacto con las familias de origen. jmvelasco@diariovasco.com


Fuente: Estaya de Educación Social


DOCUMENTOS 5º Congreso Educación


En esta sección encontrará documentos de interés, listos para su descarga para ser leídos en pantalla, guardados en su disco duro o impresos.

Comunicaciones seleccionadas

Nota: Para abrir un archivo puede realizarlo pulsando directamente sobre él. Si tiene dificultad en leerlo, por configuración del navegador u otros, puede descargarlo en su ordenador y posteriormente abrirlo desde ahí. Para descargar un archivo sitúe el cursor sobre él, active el botón derecho y seleccione la opción "Gaurdar destino como ..." y seleccione el directorio destino en su ordenador.

EJE I

- Trabajo y ciudadanía: una articulación desde la educación social
- Una aproximación al perfil del educador/a de menores con medidas judiciales
- Intervención del educador social en medios cerrados
- Rojo sobre verde: el juego de la convivencia
- La educadora y el educador social desde la práctica de la educación para la ciudadanía
- La importancia del fomento de la participación de la ciudadanía en los servicios sociales de atención primaria

EJE II

- La aventura de investigar juntos. Una experiencia llena de futuro
- El espacio de educadores de FEPA: una apuesta por la construcción de la profesión a partir de la formación y el intercambio del saber
- Anexo: El espacio de educadores de FEPA: una apuesta por la construcción de la profesión a partir de la formación y el intercambio del saber
- El tránsito de la figura profesional del educador social en la comunidad de Madrid
- La universidad ante el reto de situar la Educación Social en la escuela
- Los planes de estudio un reto para formación en competencias transversales para la empleabilidad de los educadores y educadoras sociales. Tratamiento multidisciplinar de los bloques de competencias
- Mesa para la reflexión en Educación Social: Una propuesta de formación

EJE III

- La inserción laboral de las diplomadas y diplomados en Educación Social por la universidad de Girona (1996-2005)
- Catálogo de funciones y competencias como herramienta garante de buenas prácticas. Un caso concreto: Educación Social en la educación secundaria obligatoria
- Acerca de la cohesión de equipos de centros residenciales para menores en conflicto social
- La función profesional del educador/a social en una comunidad terapéutica de drogodependencias
- La dimensión metodológica en el desarrollo de buenas prácticas: Una propuesta para el trabajo educativo en un CRAE
- La evaluación y mejora de la calidad de los servicios socioeducativos como nuevo yacimiento de empleo de los educadores: evaluación, asesoría y consultoría


Un joven ingresa en Villabona por posible abuso sexual a un menor

La evaluación médica y psicológica califica de coherente la versión del niño.El Principado releva al coordinador del centro de acogida del pequeño.

13/10/2007 REDACCION Voz de asturias

Un joven voluntario que responde a la identidad de Diego F.C. de 29 años de edad ingresó el jueves en la prisión de Villabona (con una medida de acompañamiento para evitar que se autolesione) acusado de un delito de abusos sexuales a un menor de 10 años residente en un centro de acogida del Principado. La Consejería de Bienestar Social confirmó ayer que fue la propia Administración autonómica la que, alertada por un trabajador de un centro de acogida ovetense, trasladó el supuesto caso de abusos sexuales a la fiscalía del menor.

Bienestar Social indicó que el mismo día 2 de octubre recibió un aviso de un trabajador del centro de acogida ovetense que alertaba de un posible caso de abusos sexuales a un menor. La Administración autonómica, de la que depende el centro, solicitó de inmediato una consulta médica para valorar la supuesta agresión. Tras solicitar información en atención pediátrica, los especialistas aconsejaron el traslado del menor para una valoración al Hospital Universitario Central de Asturias. Ya en el HUCA los médicos del centro recomendaron a la Consejería de Bienestar Social que presentara denuncia oficial para que el menor --del que no se ha desvelado el sexo-- fuera sometido a un informe forense y no tuviera que pasar por dos evaluaciones médicas. Ese mismo día 2, siempre según fuentes de la Administración, Bienestar Social presentó formalmente denuncia en la comisaría de policía e informó también a la fiscalía del menor. El menor fue sometido finalmente a una evaluación forense en el mismo hospital.

Un día más tarde, ya el 3 de octubre, las autoridades administrativas decidieron trasladar al menor del centro y comenzar una evaluación psicológica para valorar los posibles efectos de la supuesta agresión sexual. El informe del psicólogo, que concluyó un día más tarde, reveló que la versión del menor era coherente. El día 5 Bienestar Social puso todos los hechos en manos de la fiscalía de menores.

La Administración autonómica, que ha solicitado no revelar el nombre del centro de acogida, subrayó ayer que su coordinador fue relevado del puesto por una supuesta negligencia. A juicio de la consejería, el responsable de este dispositivo, al margen de la investigación en curso, debería haber actuado con más celeridad. De la identidad del posible agresor, apenas han trascendido datos. Se sabe, eso sí, que es un joven que, muy probablemente colabora como voluntario para una Organización No Gubernamental. La Administración no ha querido confirmar este extremo. Algunas fuentes consultadas subrayaron que en los centros de acogida del Principado trabajan únicamente como voluntarios miembros de una conocida ONG.

Infancia agiliza la expulsión de menores


Asturias no será ya una "región fácil" para la inmigración irregular de menores. La Consejería de Bienestar Social manifestó ayer que los extranjeros que lleguen a Asturias sin papeles, aunque sean menores de edad, serán devueltos a las comunidades de origen y, en último término, a sus países de nacimiento. Teresa Ordiz y Eva Sánchez, nuevas responsables de Infancia, indicaron ayer que el Gobierno del Principado aplicará la ley que prevé las repatriaciones de los menores a sus naciones de origen.

Ambas representantes de la Consejería de Bienestar Social manifestaron, de hecho, que el solo anuncio de mano dura ha servido para aminorar el número de llegadas de menores inmigrantes no acompañados a Asturias. Ordiz y Sánchez indicaron, en clara alusión al equipo anterior, que los propios menores de otras comunidades conocían que Asturias era una "comunidad fácil" para la acogida. Ambas destacaron que "el paternalismo" no mejora la situación de los adolescentes.

Eva Sánchez, directora del Instituto de Infancia, reconoció, pese a todo, que el fenómeno de los menores inmigrantes no acompañados, que ha llegado a saturar los centros de acogida del Principado, tiene una solución difícil. Sánchez avanzó que en el plazo de una semana el Gobierno regional abrirá un dispositivo en Gijón, con capacidad para cinco persona, que podrá aliviar parcialmente la sobreocupación del Centro Materno Infantil. Entre noviembre y diciembre se pondrá en marcha un recurso más, en el Fundoma, con diez o doce plazas, específico para los menores extranjeros. Asturias cuenta en estos momentos con algo más de 90 adolescentes no nacionales distribuidos por centros de acogida del Principado. Sánchez reconoció, con todo, que el plazo legal de estancia máxima en la unidad de primera acogida, de 45 días, no se cumple.

Asturias cuenta con 91 menores ilegales, la mayoría de origen magrebí

SOS Racismu pide que no se repatrie a menores inmigrantes.

Mas de la represión en el ayto de Avilés

El día 27-10-2003 un trabajador de la Fundación deportiva municipal de Avilés publica en cartas al director de un periódico local una carta en la que denuncia la privatización encubierta de dicha fundación.
El día 29-10-2003 la policía nacional se presenta en su puesto de trabajo en hora de máxima afluencia de publico y le lleva al vestuario de personal para registrar su taquilla por un supuesto robo por el que fue denunciado por su jefe. Al día siguiente ese jefe retira la denuncia porque fue un “”error”, todo esto que es una infracción muy grave contra los derechos de un trabajador por un superior según la legislación fue puesto en tiempo y forma en conocimiento de la inspección de trabajo y de la empresa (Ayto. de Avilés) quienes se inhibieron y miraron a otro lado.
En el año 2004 el jefe que hizo la denuncia falsa de robo se querella contra ese trabajador y un compañero, acusándoles de injurias contra él por una octavilla en la que se narraba la denuncia falsa por robo y se decía que había sido condenado en 3 ocasiones por insultos, amenazas y vejaciones contra, precisamente, esos 2 trabajadores, esas sentencias son ciertas y son:
Juzgado de instrucción nº1 de Avilés Juicio de faltas 218/98
Juzgado de instrucción nº2 de Avilés Juicio de faltas 227/99
Juzgado de instrucción nº4 de Avilés Juicio de faltas 58/2002
En esa querella se les pide en total 90000€ de indemnización, está pendiente de juicio y, pese a haber aportado a la juez de instrucción las pruebas documentales de que todo es cierto y todos los testigos de las 2 partes reconocen no haberles visto repartir las octavillas, en julio de 2007 tuvieron que aportar 3000€ de fianza y están pendientes de juicio.
Ahora, además de ese juicio, el trabajador al que se le envío la policía y otras 2 compañeras están sufriendo la situación de que el Ayto de Avilés pese a la documentación abundante que demuestra su condición de trabajadores laborales fijos con mas de 20 años de antigüedad pretende sacar sus puestos de trabajo a oferta pública para, excusándose en una supuesta legalidad, a pesar de la existencia de sentencias y escritos diversos del propio ayto durante 20 años, seguir con el hostigamiento y represión a unos trabajadores ahora por la vía del despido encubierto en falsas telas de legalidad.

Conferencia Antirrepresiva. Gijón 20 Oct.

Conferencia Sindical Antirrepresiva

No sólo es el caso de Cándido y Morala de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) de la Naval Gijón, condenados a tres años de cárcel y en tercer grado penitenciario, tampoco el intento de cierre de la Naval que de por sí ya justificaría esta Conferencia, si no que en estos días las agresiones y sentencias represivas estan a la orden de día (quema de locales de organizaciones de izquierda, agresiones fascistas en Alcalá de Henares, Madrid, etc., inicio del juicio por los incidentes de Cangas de o­nis de septiembre 2005, sentencia de cárcel para los AntiLOU 2001, sentencia de cárcel para Sergio LD por la cumbre europea 2002 en Barcelona, Juicio en la Audiencia Nacional al solidario Fernando González, Fer, etc.).

En la Conferencia analizaremos la situación, todas las organizaciones asistententes y trataremos de aprobar un acuerdo y un comunicado conjunto que nos ayude a combatir la represión en unidad. La conferencia terminará en movilización, ya que para la tarde del 20 se convoca una Concentración contra la represión y por la libertad en la que estamos comprometidos los asistentes a la Conferencia Sindical Antirrepresiva.

Día 20 de octubre, sábado. Conferencia Antirepresiva. Gijón, Casa Sindical. (C/ Sanz Crespo 333207 Gijón). Horario: de 11.00 a 14.00 y de 16,30 a 18,30 h.


Hasta el momento han confirmado su asistencia, ademas de Solidaridad Obrera y todas las organizaciones sindicales y sociales de Gijón, la CGT (Plenaria de 4 de octubre) y la Coordinadora Sindical de Madrid.

NOTA: Para confirmar asistencia, o pedir más información dirigirse al correo electrónico: soliobrera@gmail.com, o a los siguientes teléfonos 675 444 009 (Manuel) 626 930 564 (David).

La pelota está ahora en el tejado del Principado

«Recurrimos a los tribunales porque se hizo una chapuza jurídica y de puro electoralismo» «La pelota está ahora en el tejado del Principado; lo que exigimos es negociar todo y que la paga sea consolidable»

MARCO GARCÍA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CSI Oviedo, M. M.
-¿Por qué recurren y piden que se suspenda un acuerdo que beneficia e iguala a tantos trabajadores?
-Lo presentamos después de que el Gobierno regional, en un acto electoralista, anunciara el desarrollo de la carrera profesional sólo para ganarse el voto de los funcionarios. En realidad lo que hace es adjudicar un cantidad de dinero que no es consolidable, pero que además te pueden obligar a devolver si no superas unos criterios que ellos impondrían. Lo que hicieron es una chapuza jurídica y administrativa, y por parte del Principado es, además, un acuerdo de puro carácter electoralista.
-Lo que ha dicho el Gobierno es que está elaborando el borrador del proyecto y que el texto de la futura ley se negociará con todas las partes.
-En el acuerdo el Gobierno no facilita el baremo de valoración de los puestos, ni los criterios, ni siquiera el desarrollo de la carrera profesional. Nada. Es un cheque en blanco para que de manera arbitraria se reparta el dinero sólo entre algunos trabajadores.
-¿No incluía a todos los funcionarios?
-Nosotros lo que defendemos es que les den dinero a todos, también a los temporales, y que además sea un dinero consolidable. ¿Qué es eso de devolver lo que has cobrado si no cumples unos criterios de los que nadie te ha dicho nada y que además desconoces cómo se han establecido?
-Las críticas (ayer) contra su sindicato fueron muy duras.

-También hubo mucha gente que nos dio muestras de su solidaridad.
-Es que su recurso afecta a unas 20.000 personas, cuando CSI es un sindicato minoritario, que, por su escasa representatividad, no participa en las negociaciones.
-Antes había unas mesas sectoriales y CSI se sentaba en la de los funcionarios, pero la Administración eliminó esas mesas para dejar sólo a los grandes. Es una estrategia para eliminar a los que los pueden molestar. Usipa ha conseguido sentarse en la mesa grande, pero cuando culmine la transferencia del personal de Justicia también va a perder el sillón, porque no va a tener el mínimo del 10 por ciento que se exige.
-¿Van a retirar el recurso y abandonar la vía judicial, como les han pedido ayer los sindicatos mayoritarios?
-La pelota está en el tejado del Principado. CSI quiere negociar el desarrollo de la carrera profesional, los criterios, condiciones, etcétera. Y no es un capricho, es porque resulta fundamental para el futuro de todos los trabajadores de la Administración regional saber qué es lo que vamos a hacer, qué criterios se van a imponer para decidir quién cobra más y por qué. No se puede dejar a la arbitrariedad de la Administración. El dinero tiene que ser, además, consolidable y en ningún caso se puede exigir su devolución. Y si no, seguiremos adelante.
Fuente:La Nueva España

Los tribunales suspenden la Carrera Profesional. Una Propuesta de Solución

jueves, 11 de octubre de 2007

Menores piden ayuda a la justicia


Al menos cuatro de los menores marroquís alojados en el Centro Materno Infantil solicitarán el amparo de la justicia para evitar que su estancia en la unidad de primera acogida se prolongue indefinidamente. Es la primera vez en la historia de la protección a la infancia en la comunidad autónoma que adolescentes extranjeros acogidos por la Administración del Principado deben acudir ante la justicia para hacer valer sus derechos.

Este periódico pudo conocer ayer que los jóvenes tienen previsto presentar un escrito ante los jueces reclamando que se cumpla el artículo 37 de la ley de protección al menor. La norma establece que los adolescentes atendidos por los servicios sociales del Principado no deben permanecer más de 45 días en la unidad de primera acogida. La realidad, sin embargo, es muy diferente. LA VOZ daba a conocer ayer que uno de estos chicos lleva en este centro más de seis meses.

Los al menos cuatro adolescentes --el número puede crecer-- que tienen previsto presentar un recurso de amparo están entre los que más tiempo llevan en la unidad de primera acogida. La Corriente Sindical de Izquierdas ha denunciado reiteradamente los problemas de estos chicos. Se da la circunstancia además de que la situación es especialmente difícil para los menores de nacionalidad marroquí. De hecho, los españoles y subsaharianos tienden a permanecer menos tiempo que los magrebís en las instalaciones del Materno Infantil.

La unidad de primera acogida, de carácter regional, fue diseñada como un recurso temporal para favorecer la protección de los menores como paso previo a su traslado a centros de la red social con programas educativos específicos. La llegada de adolescentes inmigrantes no acompañados, fundamentalmente magrebís, ha superado la capacidad de respuesta de la Administración sanitaria y del Centro Materno Infantil. El Gobierno del Principado, que reconoce el problema, asegura que está tratando de buscar soluciones para evitar los largos periodos de ingreso de los chicos en la unidad de primera acogida. La Consejería de Bienestar Social admite que es un fenómeno de difícil solución.

Fuente: La Voz (Pablo Z.)

Los tribunales suspenden la Carrera Profesional. Una Propuesta de Solución


Con fecha 5 de octubre de 2007, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta un Auto por el que se suspende cautelarmente el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de las empleadas y empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias.

En su momento entendimos que de no recurrirse, se estaría poniendo a los empleados públicos ante una decisión a ciegas, porque no se sabe cuál es el contenido real de la carrera; y la suspensión cautelar se pidió precisamente para evitar los perjuicios económicos irreparables que se producirían para los empleados que decidieran no adherirse al considerar que tienen derecho a conocer previamente los requisitos, condiciones y las posibles consecuencias de la adhesión.

A continuación os desarrollamos las consecuencias de la situación jurídica de este proceso tras dicho Auto, os recordamos las razones que nos llevaron a rechazar este modelo de carrera y a solicitar su suspensión cautelar, denunciamos las hipócritas actitudes de las otras partes implicadas, y exponemos las posibilidades de desbloqueo del tema.


SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PROFESIONAL


La carrera profesional convocada por Acuerdo de Consejo de Gobierno en el BOPA de 18 de mayo de 2007 NO ESTÁ ANULADA, sólo suspendida cautelarmente. El Presidente de la Sala establece en su Auto que “de no suspender el acto impugnado por la Corriente se causarían perjuicios irreversibles al recurrente en la legítima finalidad de su pretensión, supondría una grave perturbación del interés general o de terceros, y sería mayor el daño derivado de la ejecutividad del acto”. Por otra parte, y dado que NADIE SE OPUSO a la petición de suspensión cautelar, se entiende que con ella “no se dan perjuicios para el interés general”.


Así pues, no se anula la carrera, la situación es que se queda a la espera de sentencia resolutoria de la demanda presentada, demanda basada en estas tres razones: falta de Ley de Función Pública de competencia autonómica de desarrollo (arts. 16 y 17 del Estatuto), falta de la aprobación previa de sistemas objetivos de evaluación (art. 20.5), y exclusión del personal temporal.


En nuestra opinión es imprescindible seguir luchando por conseguir una Resolución que suponga un modelo de carrera objetivo, justo, con unos baremos definidos y consensuados, en vez de aplicar la vigente con todas sus lagunas y todos sus ataques a nuestra dignidad y nuestra independencia, con unas cantidades no consolidables, sometida a los futuros criterios subjetivos de la Administración y de cuya evaluación se pueda desprender la devolución de las cantidades abonadas.


NUESTROS MOTIVOS DE RECHAZO SIGUEN VIGENTES


Insistimos en nuestra postura crítica y de rechazo frontal a este modelo de carrera profesional, que ya conocéis por anteriores informaciones. Resumiendo, estos son nuestros motivos:


· Este modelo de carrera supone una supeditación a una evaluación del trabajo desarrollado que nos acerca peligrosamente a modelos de empresa privada en los que se prima la negociación individual de nuestras condiciones de trabajo laborales y económicas por encima de la negociación colectiva.

· Es impresentable que se exija a los compañeros y compañeras que se adhieran a “algo” que está sin desarrollar ni concretar: con el cebo del dinero, se pedía FIRMAR UN CHEQUE EN BLANCO, con lo que ello supone de ataque a nuestra dignidad.

· Tal y como marca el nuevo Estatuto del Empleado Público, para desarrollar este modelo de carrera profesional, antes debe de aprobarse una Ley de Función Pública que concrete su contenido, condiciones, etc., algo que está sin hacer.

· EXCLUYE A TODO EL PERSONAL TEMPORAL.

· Es abiertamente CLASISTA, abriendo aún más el abanico salarial.

· Va a suponer entrar en una carrera competitiva entre compañeros para ganarse la valoración positiva del jefe, con el consiguiente servilismo y mal ambiente de trabajo

· Las cantidades percibidas no consolidarían.

· La Administración podría hacer devolver las cantidades percibidas con posterioridad a su cobro.


LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO Y SU HIPOCRESÍA


La Administración


En un vergonzoso acto de servidumbre de la Administración Pública hacia el gobierno en el poder, pocos días antes de las elecciones autonómicas se publicó la Resolución por la que se convocaba la carrera profesional (con acto público incluido en el EASMU del candidato del PSOE, Sr. Areces). Esta prisa por intereses claramente electoralistas llevó a que esta convocatoria se realizara de forma absolutamente chapucera sin desarrollar objetivos de la carrera, destinatarios, baremos de aplicación, etc., etc. A día de hoy sólo sabemos que presentaron la solicitud aproximadamente 3.800 compañeros y compañeras, pero desconocemos (incluida la propia Administración) cuántos de ellos tienen realmente derecho a percibir ese dinero.


Y es que las incógnitas y dudas que nos hicieron rechazarla siguen por desgracia vigentes:


- ¿Quién tiene derecho a percibir esas cantidades? ¿Qué quiere decir “personal fijo con cinco años de antigüedad: cinco años como personal fijo, se reconocerá antigüedad como temporal? El tratamiento que se le da al concepto de antigüedad como personal temporal es de reconocerlo a muchos efectos (como los económicos) cuando se obtiene la condición de fijo, pero la postura de una parte de la D. G. de Función Pública antes del cambio de Gobierno de no reconocerlo conllevó una cascada de reclamaciones y recursos. ¿Cuál es la postura del nuevo equipo de Función Pública?


- ¿Qué sucede con el personal que en este intervalo de tiempo promocionó de Grupo? El caso más llamativo son los cientos de compañeros de la guardería medioambiental, pero evidentemente hay muchos más. Es un caso parecido al anterior, pero se sigue igualmente a la espera de la interpretación que se le dé por los nuevos responsables de Función Pública.


- ¿Cómo puede plantearse que hay dinero suficiente cuando ni tan siquiera se sabe el número de posibles afectados? Nunca se hizo una valoración seria del dinero que habría que habilitar para este concepto, y desde luego, con una más que previsible prórroga de los Presupuestos a la vista, mucho nos tememos que esta aventura tenga un futuro incierto.


- ¿Cuándo decían que se iba a cobrar? Oportunistamente, la Administración dice ahora que pensaban abonar el primer tramo en la nómina de noviembre, pero lo cierto es que a día de hoy aún se están revisando una por una las solicitudes de adhesión presentadas, por lo que es materialmente imposible que en este año se pudiera abonar ninguna cantidad. ¿O quieren decir que se abonaría a cuenta a todos los compañeros y compañeras que lo hubieran solicitado, aún a riesgo de que posteriormente se comprobara que no reunían los requisitos?


Otros sindicatos


Todos las organizaciones sindicales con representación en la Administración Asturiana, excepto CCOO y UGT, nos opusimos frontalmente a esta Resolución que ahora se suspende cautelarmente. Ante el Auto que dicta la suspensión cautelar, que es consecuencia únicamente de los incumplimientos flagrantes de la legalidad cometidos por la Administración, resulta que tanto CCOO como UGT parece que exculpan absolutamente a la empresa por su actuación chapucera en este asunto y, sin embargo, cargan contra la CSI, por haber llevado a los Tribunales de Justicia un asunto en el que entendemos que no se cumple la normativa legal, siendo nuestra única pretensión defender nuestros derechos como trabajadores entendiendo que tal y como está planteada en este momento la convocatoria de adhesión a la carrera profesional, se causan perjuicios a los derechos e intereses de los empleados públicos; pues bien, los dos sindicatos referidos, se rasgan las vestiduras y, entre insultos, nos acusan de mil y una maldades con las que queremos perjudicar a las empleadas y empleados públicos.

Por nuestra parte, sólo queremos plantearles una serie de preguntas:

· ¿Por qué están de acuerdo en amparar la quiebra del derecho de negociación colectiva, implantando un modelo de empresa privada en el que cada empleado público tendrá sus propias retribuciones según supere o no una evaluación de su trabajo?

· ¿porqué empujan a adherirse a “algo” que está sin desarrollar y que no se sabe qué contrapartidas va a suponer?

· ¿por qué aceptan incumplir ese Estatuto Básico del Empleado Público que tanto defienden al aplicar una carrera profesional sin desarrollarla en una Ley de Función Pública (arts.16 y 17) ni aprobar previamente un sistema de objetivos de evaluación (art.20.5)?

· ¿por qué dejan tirado a todo el personal interino y temporal con el que tanto se les llena la boca habitualmente?

· concretamente CCOO ¿porqué rechaza este mismo modelo de carrera para el personal docente y lo defiende en nuestro caso?

· ¿están dispuestos a someter a la evaluación de las empleadas y empleados públicos las generosas subvenciones concedidas por la Administración en el BOPA de 10 de octubre (72.000 euros a CCOO y 68.000 a UGT)? Nuestra independencia respecto a la Administración es clara y evidente, pero ¿pueden decir ellos lo mismo?


NUESTRA DISPOSICIÓN


Esta situación actual de bloqueo tiene una solución posible y realista que pasaría por que la gran responsable de dicha situación (la Administración) muestre su disposición a negociar y consensuar con todas las organizaciones sindicales una nueva Resolución clara, transparente, objetiva y justa, en cuyo caso podríamos plantearnos incluso el retirar la demanda.

Esa negociación debería plantearse sobre las siguientes premisas:

- Consolidación de las cantidades, y eliminación de la posibilidad de tener que devolverlas.

- Eliminación del acusado clasismo que se desprende de las actuales cantidades: exigimos que en ningún caso la diferencia entre las cantidades más altas y más bajas sea más del doble. El grupo E debe percibir como mínimo la cantidad de 1.500 €.

- Inclusión del personal temporal e interino.

-Eliminación de cualquier evaluación individual que suponga establecer condiciones y retribuciones distintas para las empleadas y empleados públicos, de forma que no se quiebre el derecho de negociación colectiva.

Por otra parte, en ningún momento deben perderse los efectos retroactivos desde la fecha del Acuerdo del Consejo de Gobierno recurrido; no hay ninguna traba legal para que eso llegue a suceder.


miércoles, 10 de octubre de 2007

Bienestar Social incumple la ley del menor en el Materno Infantil

Los menores superan ampliamente los 45 días alojados en primera acogida.Uno de los adolescentes reside en el centro desde hace más de 6 meses.

"Los menores desamparados cuya tutela asuma la Administración del Principado de Asturias recibirán una atención inmediata en los centros o unidades de primera acogida y observación dispuestos al efecto". "Durante su estancia en los mismos, que en todo caso no podrá superar los 45 días, se analizará su problemática a fin de determinar la medida de protección más adecuada". Ambos preceptos forman parte del artículo 37 de la Ley de protección del menor (ley 1/95 LPM) promulgada por el Parlamento asturiano en enero de 1995. La norma, sin embargo, se incumple sistemáticamente en Asturias.

Este periódico ha tenido acceso a los datos de permanencia de los menores en la unidad de primera acogida. La llegada de adolescentes inmigrantes procedentes del extranjero, fundamentalmente del Magreb, ha pillado a la Administración a contrapié y sin desarrollar alternativas de alojamiento y atención para estos menores. La unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, contaba el pasado domingo con 12 adolescentes que llevaban residiendo en el centro más de los 45 días que obliga la ley. Uno de los adolescentes sobrepasaba los 180 días alojado en la unidad, otros siete superaban los 120; y cuatro más excedían de los 50 días. La situación cambió ligeramente durante el lunes con la salida de dos menores. Según las cifras a las que ha tenido acceso el periódico, que tienden a fluctuar en el tiempo, aproximadamente más del 60% de los chicos alojados en la unidad de primera acogida permanecen allí más de los 45 días que exige la ley.

Las consecuencias son claras. La unidad está pensada para favorecer el proceso de transición de estos menores desde su llegada a Asturias en situación de desamparo hasta su alojamiento en un centro, con un programa personalizado que permita favorecer su formación e inserción laboral. La Corriente Sindical de Izquierdas, la fuerza social más activa en la denuncia de la situación de estos chicos, apunta que los menores están "deprimidos y desmotivados" y su proceso educativo y socializador "puesto en peligro". CSI subraya además que los educadores están "abandonados" por la Administración y "desolados" por la situación de los menores.

Esta fuerza sindical no duda además en señalar a responsables. Su dedo apunta directamente a Gloria Fernández y Laura González, ex directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, y exconsejera de Bienestar Socia, pero también a sus sucesoras, Eva Sánchez y Pilar Rodríguez. La Corriente Sindical de Izquierdas añade además que el incumplimiento de la legalidad vigente se está llevando a cabo sin que la fiscalía del menor y la procuraduría general del Principado hayan tomado cartas en el asunto para evitarlo.

Esta fuerza social señala además que en los últimos meses han salido varios menores de la unidad de primera acogida, sobre todo, españoles y senegaleses. CSI entiende que existe un trato discriminatorio hacia los jóvenes marroquís acogidos en el centro que, pese a llevar más tiempo, no pasan a otros alojamientos alternativos.

La Administración asturiana confía en poder resolver la larga duración de los menores en la unidad de primera acogida a partir de mediados de este mes. Se espera que Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social, anuncie en su comparecencia en la Junta General diversas medidas para evitar la sobreocupación de la unidad. El Gobierno regional, según comunicaciones no oficiales a los educadores del centro, tiene previsto que la nueva sede que se prepara en el Fundoma no sea propiamente una unidad de primera acogida, sino exclusivamente un centro para menores extranjeros no acompañados.

Fuente: La Voz de Asturia (Pablo Z.)

Menores, inmigración y derechos humanos

jueves, 4 de octubre de 2007

La Corriente Sindical de Izquierda denucia otra privatización en el SESPA

El sindicato CSI (Corriente Sindical de Izquierda) denunció ayer la reciente puesta en marcha de la figura del proveedor único para todas las cocinas del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que aún no han privatizado este servicio. En concreto, se trata de los hospitales de Cabueñes, Central y el del Valle del Nalón. Según una portavoz del sindicato, se trata de una empresa privada que gestiona la compra de los víveres, así como su almacenaje, control y dispensación al servicio de cocina para la elaboración de los menús de los pacientes.

La compañía alimentaria, que también trabaja para el ERA, lleva menos de un mes desempeñando estas labores en Oviedo, mientras que en Gijón se incorporó la pasada semana y lo hará la próxima en Langreo. Según la CSI, éste es un paso previo a la privatización de los servicios de cocina de estos hospitales, los únicos de Asturias que mantienen su propio departamento alimentario. Además, el sindicato destaca que Cabueñes cuenta con unos excelentes profesionales en este área. La puesta en marcha de este servicio ajeno a los centros sanitarios ha provocado ya algunos desajustes en el funcionamiento habitual. Por este motivo, los sindicatos se reunirán el próximo lunes con los empleados de los servicios de cocina de los tres hospitales para recoger las quejas y reivindicaciones acerca de este tema.

martes, 2 de octubre de 2007

Los menores no opinan

Los menores no opinan

Diario de noticias de Gipuzkoa, por Peio M. Aierbe, 2007-09-28

N UEVAMENTE es noticia la lamentable situación en la que se encuentra el Centro de Acogida de Urgencias que la Diputación tiene en Tolosa para menores extranjeros no acompañados. Motivos, ciertamente, hay para que sea un tema que asome a los medios de comunicación. Pero hay una constante en esas noticias: nunca se consulta la opinión de los menores afectados, siendo, como son, una de las principales víctimas de esa situación.

Seguro que son protagonistas de numerosos episodios violentos. Seguro que, algunos de ellos, han mangado algo o se han pasado cuatro pueblos en algún follón con vecinos del pueblo. Todo eso se conoce y se divulga ampliamente por mil medios. Y la versión siempre acaba culpabilizándolos a ellos, y metiendo a todos en el mismo saco.

Pues bien, en SOS Racismo/SOS Arrazakeria venimos trabajando estrechamente desde hace un año con esos chavales, en relación directa con los educadores, la mesa local existente al respecto en el Ayuntamiento, los responsables del centro, los responsables del servicio correspondiente de la institución foral y demás entidades implicadas, y afirmamos rotundamente lo contrario.

Los menores son las víctimas del funcionamiento deplorable de un servicio que, por ley, ha de garantizar la institución encargada de su tutela, a saber, la Diputación Foral. No son las únicas víctimas, por supuesto. También son víctimas el personal educador a quien se encarga una tarea en condiciones imposibles de cumplir. Y lo es el personal de seguridad, a quien se responsabiliza de resolver, mediante la represión, cuestiones que deberían ser abordadas como labor educativa. Son víctimas también los vecinos a quienes ha tocado padecer algún episodio delictivo. Y no se puede permanecer impasible ante tanto damnificado. Pero menos todavía, responsabilizar de ello a quienes, en esta historia, son los que salen peor parados, los chavales acogidos en el centro.

Desde SOS Racismo/SOS Arrazakeria venimos haciendo mil gestiones para que esto cambie, con un resultado desolador. En este sentido, dirigimos el pasado mes de agosto un escrito a todos los grupos políticos presentes en las Juntas Generales recabando su atención sobre una situación a todas luces insostenible y en demanda de la adopción de una serie de medidas urgentes.

Nos hemos entrevistado ya con la mayoría de los grupos y esperamos, en breve, poder contar con su apoyo para una serie de actuaciones de envergadura que cuenten con el correspondiente respaldo presupuestario. Llevamos meses priorizando una línea de trabajo alejada de los medios de comunicación por entender que es lo más razonable en este campo, pero no podemos admitir que, cuando éstos se hacen eco de esta situación, se acabe poniendo en el banquillo de los acusados a quienes no son sino una víctima más del maltrato institucional. Víctimas a quienes nadie escucha. Y cuando algunas gentes lo hacemos, somos acusadas de alentar su rebeldía ¡precisamente por escucharles! Cuando esa debiera ser también una obligación de quienes tienen su guarda y su tutela.

Se anuncia ahora la rehabilitación del centro de Tolosa. Bien. Volvemos a hacer la pregunta que hicimos directamente a los responsables de este servicio, en la reunión celebrada con ellos este mismo mes y a la que no respondieron: ¿Por qué se ha mantenido durante todo un año esta situación? ¿Quién es responsable del encanallamiento de la situación durante todo este tiempo? ¿Qué credibilidad tienen las promesas actuales de quienes vienen negando lo evidente?

Esperamos que el próximo debate al respecto en las Juntas Generales permita reafirmar el compromiso de todos los grupos políticos en la adopción de las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones legales asumidas en la tutela de los menores en situación de desamparo, y que dichas medidas cuenten con el soporte presupuestario necesario y con los compromisos de plazos ineludibles.

EusKadi, aviso a navegantes. Sevendenea

Vamos a reproducir un articulo de la situación que se vive de la Unidad de Acogida Urgente de Tolosa. En la misma se están produciendo, desde hace tiempo, hechos muy graves. Algunos de los problemas ya se dieron en Asturias en 2006 y la situación se esta repitiendo
( saturación, excesivo tiempo de estancia, "guetización", deterioro de la UPA, etc). Este artículo es un aviso a navegantes, en especial a al Directora del IAASIFA y a la Consejera de Bienestar Social.


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"Prefieren dormir en la calle"

Diario de noticias de Gipuzkoa, 2007-09-30

"NO se encuentran a gusto en la casa. Tampoco se sienten tranquilos allí. Esa es la principal conclusión a la que se llega después de hablar con los chavales alojados en el Centro de Acogida Urgente de Menores de Tolosa. “La casa es muy vieja y está sucia. Algunas ventanas están cerradas con chapas. Y no hay camas para todos”. Este periódico ha podido conocer de primera mano el testimonio de una decena de jóvenes acogidos en la casa Sevendenea, que denuncian las condiciones en las que viven allí. Su testimonio constata el ambiente enrarecido y problemático que encierran las paredes de este polémico lugar.

El pasado miércoles fueron los trabajadores del centro quienes definieron como “insostenible” el ambiente que se respira en Sevendenea. Además de hablar del estado “decadente” de las instalaciones y la “falta de seguridad”, afirmaron que las instalaciones no están “preparadas” y que no existen recursos para acoger a la veintena de menores que se encuentran allí habitualmente. Sin olvidar los cotidianos “motines” que, según indican, tienen lugar en la casa. “Se está convirtiendo en una especie de centro de castigo”, concluyen los empleados. Cuando, en realidad, se trata de un lugar de acogida urgente.

La versión de los chavales inmigrantes que viven allí coincide en lo que se refiere a la decadencia del lugar. Sin embargo, se defienden de la acusación de estar armando bronca todo el día. “Sí, de vez en cuando hacemos trastadas”, confiesan. “Pero los guardias y los educadores no nos tratan bien”. Según relatan, los maltratos, la falta de respeto y las “visitas injustificadas” de los ertzainas a la casa son una realidad en el centro de menores de Tolosa.

menores acogidos

La mayoría, entre 16 y 18 años

“Hemos venido porque queremos trabajar. La vida en nuestro país (Marruecos) es difícil y queremos ayudar a nuestras familias”, comienza a narrar uno de los chavales. Hay quien apenas se defiende en castellano. Según comentan, entre los acogidos – donde la mayoría tiene entre 16 y 18 años – hay quien vivía en la calle en su lugar de origen. Ahora, conocen casos en los que un menor se ha ido del centro porque “no puede aguantar” y prefiere dormir “fuera de las casas de acogida”.

Y es que el panorama que describen los jóvenes inmigrantes no es demasiado halagüeño. En las habitaciones no hay armarios. Sólo literas. “Algunos duermen en colchones tirados en el suelo. Nuestra ropa la guardamos en bolsas”, indican. Si a eso se le añade la ausencia de salón de estar, ya que “sólo hay habitaciones”, al “aburrimiento” es seguro. “Pasamos el rato sentados en las escaleras de entrada”, explica uno.

Muchos afrontan esta situación más de los tres meses que, en teoría, un joven debe pasar en un centro de acogida urgente. “Algunos llevan más de un año allí”, agregan. En estos momentos se encuentran en el ramadán. Aseguran que el centro respeta las costumbres que procuran cumplir durante esta época. A las 5.00 horas se despiertan a desayunar.

La relación con el personal de seguridad – en los últimos días hay permanentemente cuatro guardas en la casa – , por su parte, es muy conflictiva. Mientras los trabajadores acusan a los chavales “de no respetar las normas” y proferir “insultos, vejaciones y amenazas”, los menores acogidos hablan de que el personal siempre está “nervioso”. “A veces nos dicen que no hablemos en nuestro idioma. Nos riñen por hacer bromas y nos provocan. Incluso han llegado a golpearnos sin razón”, relatan. Tampoco les gusta el control al que les somenten – cada vez que entran son cacheados – .

talleres profesionales “Nos dicen que no hay plazas”

Con los educadores tampoco hay buen feeling. “No nos hacen caso cuando les pedimos algo. Muchas veces tienen trabajo y nos ignoran. Si necesitamos comprar pantalones, por ejemplo, no nos dan nada”, apunta. También se quejan de que se niegan a llevarles al médico si se encuentran “enfermos” y a ayudarles “a poner denuncias cuando los vigilantes nos hacen algo”.

En cuanto a los talleres profesionales – calderería, carpintería, electricidad, etc. – a los que están obligados a acudir mientras estén en el centro, los menores acogidos explican que muchas veces les obligan a ir cuando no aprenden lo que quieren. “Nos dicen que no hay plazas en aquello que nos gusta”, agregan.

Algunos de ellos confiesan consumir disolvente, aunque aseguran que antes de llegar aquí no lo hacían. “Es para olvidar. Con estos problemas y viviendo en esa casa cualquiera lo haría”, se excusan. También niegan que existan amenazas entre ellos y se despiden con la sonrisa típica de un chaval que está en plena pubertad."

Empleados del centro de menores de Tolosa denuncian que la situación es "insostenible"

Trabajadores del centro de inmigrantes de Tolosa denuncian un nuevo motín



lunes, 1 de octubre de 2007

Nace el Sindicato Andaluz de Trabajadores









Lo dijo Isidoro Moreno en su saludo a la Asamblea Nacional Constituyente del SAT refiriéndose a su nacimiento: "Hoy se esta aquí demostrando que algunas veces las cosas necesarias, también son posibles". No cabe mejor resumen del sentido político más profundo de lo ocurrido el pasado domingo 23 en Sevilla.

El 23 de Septiembre de 2007, en el abarrotado Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide, con la presencia de 500 delegados y delegadas –a los que había que sumar un buen puñado de invitados- se constituyó el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Tres horas de Asamblea compartida, en un ambiente de entusiasmo y esperanza, dejaron fijada una fecha para la historia de Andalucía y de su clase obrera. "Un paso firme en la construcción nacional de Andalucía"

La Asamblea

El evento recibió una muy medida cobertura mediática. No obstante, la presencia allí de un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales evidenciaba la trascendencia de la ocasión.

No era el acto de la Olavide un Congreso al uso y por eso no se había organizado para cumplir las funciones habituales de ese tipo de conclaves. Ni tampoco era su objetivo dar lugar a demasiados nuevos debates resolutivos. De ahí el énfasis en los saludos –y el tiempo que se les dedicó- o la forma escogida para votar, a mano alzada, incluso la composición de los órganos del Sindicato. Las discusiones preparatorias entre las fuerzas confluyentes ya habían producido el grueso de los textos que conferían nítidos perfiles al proyecto y ese día se trataba básicamente de revalidarlos, con alguna inclusión de sugerencias, para que cumplieran su función aglutinante durante el periodo provisional que se abría. Abordar las múltiples cuestiones pendientes que ha de discutir y resolver un sindicato de clase andaluz era –lógicamente- una tarea que quedaba para el mañana. Tiempo habrá para ello en el futuro.

De lo que se trataba en esa calurosa mañana del septiembre andaluz era de presentar un nacimiento, repasar apoyos, plantear un desafío y confirmar un compromiso. Y todo eso se cumplió con nota.

El éxito se media en la alegría serena de los presentes. En los aplausos a las simbólicas referencias hechas por varios intervinientes -quizá atrevidas, pero sinceras– a que de estar aquí Blas Infante , Diamantino García , Carlos Cano o el Che Guevara 'seguro que estarían con el Sindicato' . Y en los comentarios favorables de los delegados entre intervención e intervención o al concluir la Asamblea, preparándose para retornar a todas las esquinas de Andalucía.

A la Asamblea Nacional Constituyente del SAT acudieron representaciones políticas del máximo nivel. Tanto de fuerzas que pidieron recientemente el NO al Estatuto de la Dependencia (llamado de 'autonomía' ) como CUT-BAI , Jaleo , Nación Andaluza , Partido Andalucista o PCPE como incluso de algunas de las que pidieron el SI, como Los Verdes , Izquierda Unida o el PSA . Buena señal el que aún así estuvieran presentes en la fundación de un sindicato que tiene claramente escrito entre sus fines la lucha por la Soberanía Nacional y el derecho a la autodeterminación de Andalucía .

De entre lo escuchado en sus intervenciones –que podéis ver a través de los enlaces incluidos en el texto- destacar por lo novedoso, por provenir de una organización hasta ahora exterior al proyecto y por sus positivas consecuencias si se ejecuta, el anuncio de Julián Álvarez -secretario general del PA- no sólo de afiliarse personalmente al SAT, sino también de impulsar la implicación de todos sus afiliados para fortalecer al nuevo Sindicato andaluz.

También saludaron a la Asamblea José Chamizo (que ostenta el cargo institucional de Defensor del Pueblo andaluz), el dramaturgo Salvador Tavora y Paco Casero (exdirigente del SOC).

Se contó con la presencia de profesores universitarios como Isidoro Moreno , Pablo Palenzuela o Lina Gavira (por cierto, la única mujer que se dirigió desde la tribuna al Pleno, como muy bien hizo notar) que dieron testimonio del eco obtenido por la iniciativa entre los intelectuales de izquierda.

Diversos colectivos y organizaciones como el Movimiento antiglobalización , el Centro de Estudios Históricos de Andalucía o Andalucía Libre también subieron al estrado para transmitir en directo y de viva voz su saludo a la Asamblea. Otras –como el Circulo Cultural Juan XXIII , Ecologistas en Acción o Becarios en Movimiento - lo hicieron a través de comunicados de los que dio cuenta la Mesa.

La solidaridad sindical internacional vino de la mano de las intervenciones de las delegaciones de la Intersindical Alternativa de Cataluña y de la Corriente Sindical de Izquierdas de Asturias . El sindicato vasco LAB remitió desde Euskadi un comunicado, que fue leído integro desde la mesa. Todas estas muestras de internacionalismo fueron respondidas con ovaciones.

También tomo la palabra Ricardo Rodríguez, Cónsul de Cuba en Andalucía , que agradeció el apoyo solidario recibido por la Revolución cubana desde nuestro país. Por cierto, fue este diplomático el único que en todo el transcurso de la Asamblea Nacional definió como "Región" a Andalucía; lo que denota, como mínimo y en el mejor de los casos, cierta desubicación política por su parte al hacerlo precisamente en el foro menos propicio para tales calificaciones en Andalucía. Salvo -desde luego- que el lapsus fuera consecuencia de consigna emitida desde La Habana.

La Asamblea siguió con especial interés la salutación y los argumentos del sindicato de profesores y de la administración USTEA , coparticipe en anteriores intentos unitarios y que hoy, de momento, no participa en el SAT. Desde la mesa se informó que CGT había sido invitada pero que no acudió.

Tras los saludos se expusieron las líneas maestras de la Declaración Conjunta de Intenciones y Acuerdos y de la Propuesta de Estatutos del SAT. Ambos documentos –que fueron ampliados en diversos aspectos recogiendo sugerencias expuestas ante el Pleno- están destinados a dar cobertura y articulación provisional al Sindicato hasta la celebración de su I Congreso Nacional, previsto para dentro de un año.

En la Declaración –entre otros acuerdos- se recoge el de funcionar por "consenso"; la unificación de denominaciones, siglas –en esta primera fase sumando las del SAT a la de los colectivos unidos- servicios, propaganda, finanzas, aparición en medios e interlocución. Se acordaba asimismo la "participación en los próximos procesos de elección de representantes de los trabajadores en los centros de trabajo donde se den las condiciones oportunas para ello".

En los Estatutos –junto a un resumen de definiciones políticas e ideológicas- se dibuja una estructura para la fase provisional que prima la base territorial al objeto de favorecer la implantación inicial y la fusión de los colectivos sindicales unificados.

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