El balance anual de la Fiscalía General del Estado recoge varias alusiones a las propuestas y sentencias pioneras que durante el 2006 surgieron del Ministerio Público en Asturias. Las ideas de las diferentes fiscalías especiales dejan ver retos específicos y carencias procesales o de investigación en las distintas áreas.
Mayor dureza para combatir la siniestrabilidad laboral
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) apuntó a sus superiores su postura de "desterrar la práctica de la incoación de juicios de faltas" porque "hay que tener en cuenta que si las lesiones encuentran su origen en un accidente laboral, independientemente de su carácter leve, si se hubieran producido por infracción de las normas de prevención de riesgos, y el peligro para la salud, la vida o la integridad física de los trabajadores hubiese sido graves, los hechos serían constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores... por ello procede incoar diligencias previas y no un juicio de faltas". Además, apuestan por una aplicación más frecuente de los tipos de delitos de peligro porque, según la Fiscalía asturiana, "en materia de prevención el medio más útil es la utilización del tipo de peligro concreto, sin esperar al resultado lesivo".
Los representantes del Ministerio público en varias comunidades señalan además las dificultades que encuentran para aclarar la autoría de ciertos delitos por la política generalizada de subcontrataciones que se da en muchos sectores. Una de las sugerencias que plantean también mayoritariamente es la creación de una policía judicial especializada en materia de siniestrabilidad laboral.
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30 diligencias por consumo de alcohol en menores
El modelo aplicado por la Fiscalía de Menores de Asturias en materia de consumo de alcohol de los chavales fue definido como pionero y de referencia en memorias anteriores de la Fiscalía General. Los datos del pasado año arrojan un total de 138 partes policiales redactados por consumo de alcohol en la calle. En una treintena de estas situaciones el fiscal Jorge Fernández Caldevilla se vio obligado a incoar diligencias.
NIDIA FERNANDEZ (La Voz)
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