Asturias no respeta los derechos de los Menores Inmigrantes

La Consejería de Bienestar Social de Asturias ordenó la pasada semana, a través de Dña. Pilar Beltran (Jefa del Servicio de Familia), al equipo educativo de la UPA (Materno-Infantil) comunicar a varios menores que serían inmediatamente trasladados a Cataluña ( la Generalitat alega tener su tutela. Así mismo esta entidad informa que estos menores están incluidos en un programa de "reagrupamiento familiar").
De hecho a partir de ayer dia 30 de julio se pretendía comenzar con las dos primeras expulsiones ( si bien los menores se fueron de la UPA).
Esta decisión, que supone el primer paso del proceso de expulsión forzada a Marruecos, presenta varias posibles irregularidades ( de acuerdo con las leyes y en especialmente con la Ley 19/95 de 27 de enero, de Protección de Menores, Ley Orgánica 1/96 de proteccion jurídica al menor ) como:

1. Esta decisión ha sido comunicada al Equipo Educativo oralmente, sin que conste por escrito. Por lo que la notificación de esta decisión a los menores también ha sido oral, lo que dificulta su impugnación (y supone indefensión) -arts. 18.2 y19 LPM- . {"Toda medida de protección ha de ser motivada, revestir forma escrita y requerirá propuesta previa de la Comisión del Menor regulada en el artículo 23 de esta Ley, salvo aquellos supuestos de urgencia debidamente justificados" art.18.2 Ley de Protección}.
2. Los menores acogidos por el Principado de Asturias (alguno con más de 80 días en la UPA y que había realizado el trámite de audiencia previa a la Tutela) no han sido informados por la Consejería de los derechos que les asisten para impugnar esta decisión administrativa, ni ha puesto a su disposición los medios para la defensa jurídica de sus derechos ( función que por Ley corresponde al Letrado Defensor del Menor), ni han sido escuchados previamente por la Administración Asturiana, a lo que también obliga la ley . Asimismo dudamos que el fiscal de menores halla sido informado de esta medida.(arts. 10 y 14 de la Ley del Principado 1/95, de 27 de enero, de Protección del Menor)
   
3. Hay razones para pensar una Jefa de servicio no tiene las competencias necesarias para tomar esta decisión, por lo que no seria válido(recordemos que además no viene por escrito), deberia ser tomada por la Consejera o en su caso por la Directora en funciones del IAASIFA (Gloria Fernández). Aún así ayer se iba a realizar el proceso de expulsión.
4. Existe un informe de la UPA, que el Coordinador de la misma comunico tanto a los superiores jerarquicos como a la fiscalia, en el que se valora como NEGATIVO, ILEGAL Y CONTRARIA AL INTERES SUPERIOR DEL MENOR autorizar y ejecutar procesos de traslado a otras comunidades( en concreto a Cataluña) cuando los menores afectados estuviesen incluidos en procesos de expulsion del pais (eufemisticamente "reagrupación o reunificacion familiar"). En este punto debemos recordar que las leyes obligan a que las decisiones de la Administracion vengan motivadas, deben ser tomadas pludisciplinarmente y de manera colegiada y siempre atendiendo al superior interes del menor que debe ser oido.
   

Además de las posible irregularidades expuestas en el proceder de la Consejería, creemos necesario hacer referencia a las razones de fondo para que desde la Administración Asturiana cesen estas medidas de expulsión. Siendo el primer paso su traslado a Comunidades (como la Catalana) que estan repatriando a menores sin su consentimiento, ni el de su familia. Algunos de estos argumentos serían:

1. Estas repatriaciones lejos de responder a la voluntad y al interés superior del menor, vulneran gravemente las normas internacionales y nacionales vigentes en torno a la protección y al respeto de los derechos fundamentales y de la seguridad de los MENA. Al priorizar su condición de “inmigrante” sobre su condición de menor desamparado en necesidad de protección, esta nueva medida responde más bien a una lógica de control de los flujos migratorios y de lucha contra la inmigración clandestina.
2. Diversas entidades ( Apdha , Andalucía Acoge, SOSRacismo, CEAR, Prodein...), recuerdan que decisiones similares llevadas a cabo en Comunidades Autónomas como Madrid y Cataluña le valieron la condena de la justicia, que observó la flagrante vulneración de los derechos de los niños y niñas, que “son menores antes que inmigrantes y sujetos de especial protección”.
3. Desde el Gobierno Central y desde varias Comunidades se ha presentado la
   construcción de Centros en Marruecos como la línea prioritaria, acompañada del
   control en la frontera. Ante esta postura solo podemos mostrar nuestro mayor rechazo a
   toda medida que suponga la externalización del sistema de protección español, y
   pedimos a las Administraciones que utilicen el presupuesto de dichos centros residenciales para impulsar un sistema de protección social Marroquí que de atención a la totalidad de la infancia y no sólo a los que han dado el paso de emigrar.
4. Que sólo un retorno consensuado con el/la menor, su familia y los servicios sociales in situ, combinado con alternativas reales de inserción en su lugar de origen, garantizan una verdadera protección y seguridad del menor en desamparo.
5. La experiencia indica que estas expulsiones solo sirven para reiniciar el ciclo de emigración (con los graves costos en vidas y en salud que conllevan), pues la situación de atraso y pobreza de estos países es muy aguda y la emigración una tabla de salvación.
6. Actuar sin las debidas garantías y a la fuerza solo dificulta el proceso de educación e integración de los menores. Produciéndose una desconfianza hacia el personal educativo que debería primero atender a los menores y solo después a quien le paga (recordar código deontológico). Se llega en algunos casos a hacer de custodios en los traslados obligatorios.
   
7. Recordar que salir ilegalmente de Marruecos puede conllevar sanciones según la legislación de este país.
8. Resulta sorprendente apoyar políticas de natalidad (3000 euros) y al mismo tiempo expulsar a estos menores , en los que se ha invertido tanto esfuerzo y dinero.(¿Xenofobia?)
9. Los menores se están fugando de los Centros y ahora van a comenzar a vivir en la calle, pues el proceso de expulsión se esta ampliando a todo el Estado. ¿Es esta una política de prevención y de bienestar social adecuada propia de un Gobierno de izquierda(¡!)?, qué quiere el Gobierno de Asturias ¿qué los menores vivan bajo puentes como ocurre en Valencia?. ¿ Nos quejaremos después de delincuencia y marginación?, ¿son estas las medidas educativas e integradoras a que se refería la fiscalía del menor?
   

Finalmente nos sumamos al llamamiento de diversas organizaciones de protección de los menores y apoyo a los inmigrantes que exigieron la implicación de la Unión Europea y de Marruecos en el tema, consideraron que la solución a esta situación es un camino largo que es necesario empezar a recorrer y que pasa por la cooperación con los países emisores de inmigración para conseguir que la infancia cuente con oportunidades en su propio país. Y

EXIGIMOS EL CESE DE ESTA POLÍTICA DE TRASLADO DE MENORES A COMUNIDADES QUE LOS VAN A ENVIAR OBLIGADOS A MARRUECOS

Manifiesto por el Respeto a los Derechos Fundament...