domingo, 22 de julio de 2007

Repatriando sin respetar la legalidad

En una iniciativa para luchar contra la inmigración ilegal, España envió a sus naciones de origen a 111 de los casi 4.000 menores no acompañados que llegaron en 2006, pero Save the Children dijo que el Gobierno no cumplía la legislación internacional y local.

"En la mayoría de las ocasiones no se verifica cuál es la situación de cada menor en sus países de origen y las repatriaciones no respetan todas las garantías legales".
Una portavoz de la Secretaría de Estado de Inmigración dijo que el país estaba adoptando las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos de los chavales, la mayoría de los cuales tienen entre 14 y 17 años.

La inmigración ilegal se ha convertido en uno de los temas más delicados a los que ha tenido que hacer frente España en los últimos tiempos, y sólo el año pasado más de 35.000 africanos llegaron a las islas Canarias en cayucos.

El Gobierno defiende la inmigración legal en España, que ha recibido más trabajadores extranjeros que cualquier otro lugar de Europa este siglo, pero subraya que todo el que entre ilegalmente debe marcharse.

El flujo de repatriaciones podría incrementarse después de un nuevo acuerdo con Marruecos, origen de aproximadamente el 90 por ciento de los menores que llegan a España, en virtud del cual se investigará durante un mes la situación de cada niño y se acelerarán las repatriaciones.

"El acuerdo con Marruecos es para garantizar que los menores sean repatriados con las máximas garantías legales", dijo la portavoz de la Secretaría de Estado de Inmigración.

Save the Children alega que un mes es poco tiempo para estudiar las circunstancias de un niño y asegurar que no se les devuelve a situaciones hostiles y peligrosas.

En el caso de Senegal, las autoridades emplean habitualmente diez días para investigar a un menor antes de decidir su repatriación, dijo, añadiendo que algunos inmigrantes menores estaban huyendo de matrimonios forzosos, ablación y prostitución.

Algunas repatriaciones han sido condenadas por la Justicia española por no dar a los pequeños un trato adecuado.

Fuente:Colectivo DRARI دراري de Investigación Acción Participativa por los Derechos del Niño

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