Paralizada otra expulsión por Lazos Afectivos

Nuestras amigas, las abogadas de Madrid vinculadas a la coordinadora de barrios y a la parroquia de Entrevías han conseguido paralizar la expulsión de un chaval haciendo valer las relaciones sociales que éste había establecido, demostrando que por el “interés superior del menor”, el chaval estaba aquí en mejores condiciones que en cualquier otro lado, y que había podido establecer uno vínculos sociales que le daban bienestar y seguridad, por lo que la acción de la administración sería a todas luces perjudicial para él.

Por una vez, un juez, parece haber tenido un poco de sentido común.

Adjuntamos la sentencia, por lo que tiene de extraordinaria y para que pueda usarse para casos similares.

enhorabuena!!!

sentencia

Fuente:Con los niños no se juega

Paralizada otra expulsión por Lazos Afectivos

Nuestras amigas, las abogadas de Madrid vinculadas a la coordinadora de barrios y a la parroquia de Entrevías han conseguido paralizar la expulsión de un chaval haciendo valer las relaciones sociales que éste había establecido, demostrando que por el “interés superior del menor”, el chaval estaba aquí en mejores condiciones que en cualquier otro lado, y que había podido establecer uno vínculos sociales que le daban bienestar y seguridad, por lo que la acción de la administración sería a todas luces perjudicial para él.

Por una vez, un juez, parece haber tenido un poco de sentido común.

Adjuntamos la sentencia, por lo que tiene de extraordinaria y para que pueda usarse para casos similares.

enhorabuena!!!

sentencia

La Carrera Profesional: Mentiras, Hipocresia y Manipulación

A cinco días de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo el Gobierno asturiano publicó en el boletín oficial una convocatoria dirigida a los trabajadores fijos de la Comunidad Autónoma, incluido el colectivo de la enseñanza, para adherirse voluntariamente a lo que denominaba “carrera profesional”. En la resolución de convocatoria se ofrece el abono anticipado de unas cantidades que ni siquiera se especifican, advirtiendo que el dinero se entregaría “ a cuenta”, de tal manera que si no se superaba la evaluación que se establecería en su momento, los trabajadores que hubieran percibido este dinero estarían obligados a devolverlo.

El único dato objetivo de la convocatoria era que sólo podían participar en la misma los trabajadores fijos del Principado de Asturias con una antigüedad mínima de cinco años. El resto de condiciones se ocultaban de forma absoluta y total: ni criterios de evaluación, ni baremos, ni calendario, ni tan siquiera – vuelve a reiterarse - el importe de los pluses salariales ofertados. Curiosamente, algunos de estos datos que se esconden en la resolución oficial de la Consejería de Administraciones Públicas, fueron adelantados por las centrales sindicales UGT y CCOO en correos informativos de difusión masiva.

La reacción sindical en el ámbito de la enseñanza fue inmediata: SUATEA, CSIF y el sector de la educación de CCOO, calificaron a la convocatoria como un ataque sin precedentes a la dignidad profesional de los enseñantes, un “cheque en blanco” que se ofrecía a los trabajadores con el cebo clientelar del dinero, omitiendo arteramente los compromisos que se les pedirían a cambio. Las movilizaciones no se hicieron esperar: 5.000 profesores y maestros tomaron las calles de Oviedo en el mes de junio exigiendo al Gobierno de Areces la retirada de la resolución de convocatoria de esa “carrera profesional”, a la vez que se pedía a todos los compañeros y compañeras que no firmaran la solicitud trampa.

Pero, como ya adelantamos, la convocatoria de pseudocarrera no afectaba sólo al colectivo de profesionales de la enseñanza pública, si no también a la totalidad de los empleados públicos fijos del Principado ( excluido el sector de la sanidad). Aunque sin contar con la cobertura mediática que tuvieron las masivas movilizaciones de la educación, los sindicatos llamados minoritarios en el ámbito del empleo público de la Comunidad Autónoma – USO, USIPA, CSIF y la Corriente Sindical de Izquierdas - también llevaron a cabo acciones conjuntas y por separado, denunciando la “cita a ciegas” a la que se estaba invitando a los trabajadores con maniobras más propias de un trilero.

Particularmente, la Corriente Sindical de Izquierdas fue la única central sindical que desveló documentalmente el planteamiento, nudo y desenlace de esa novedad llamada “carrera profesional” que el Gobierno y sus aliados sindicales pretenden hacer pasar como la panacea de la modernización del empleo público.

¿ De qué hablan estos especialistas en vanilocuencia cuando se llenan la boca con la “carrera profesional”?

No hace falta ser un experto en derecho de la función pública para saber que desde hace décadas existe carrera profesional en la Administración, con diferentes modalidades: concurso de méritos, promoción interna entre grupos, libre designación o promoción “ a dedo” etc; comportando todas ellas el cambio de puesto de trabajo, con la consiguiente mejora retributiva. Cuestión distinta es que su aplicación práctica sea una historia plagada de trucos, clientelas, influencias, enchufes y agravios comparativos. Pero estos pequeños contratiempos no parecen ser un especial motivo de preocupación para los actuales gestores y sus conmilitones.

La modalidad de carrera profesional a la que alude la convocatoria de la administración asturiana, tomando la parte por el todo, es una figura introducida en el reciente Estatuto del Empleo Público impulsado por el Gobierno de Zapatero que consiste, sintéticamente, en ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, mediante la superación de una serie de tramos o escalones sucesivos. La tremenda contrapartida que se esconde detrás de ella es la obligación de realizar una evaluación individual del trabajo de cada uno de los trabajadores cuyo resultado condicionará ni más ni menos que: el importe del sueldo, la permanencia en el puesto de trabajo y los ascensos en el escalafón. Conociendo el modo habitual de proceder de la clase política dirigente de todos los colores, no parece exagerado aventurar que este mecanismo será un arma camuflada para premiar a los amigos y castigar a los incómodos, disidentes o desafortunados.
¿ Con que parámetros se evaluará el desempeño del trabajo de los empleados públicos?, ¿ quiénes serán los evaluadores y a qué evaluación se someterán ellos?


Hasta ahora, para el sindicalismo de clase los sistemas tayloristas que condicionaban el importe del salario de cada trabajador al resultado de la evaluación individual de las tareas laborales eran particularmente execrables: rompían la negociación colectiva y sometían a los trabajadores a una carrera competitiva para ganar más dinero, poniendo en peligro su propia salud y degradando el ambiente de trabajo.

Pero el reciente Estatuto del Empleado Público, aprobado con elconsenso de los aparatos centrales de UGT, CCOO y CSIF, otorga carta de naturaleza a estos métodos empresariales tan caros al capitalismo neoliberal, tras años de ensayos y experiencias en las administraciones públicas de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, con la coartada de la necesidad de incrementar la eficiencia y la productividad del sector público ( el mismo discurso falso que viene legitimando la privatización generalizada de los servicios públicos). Un buen espejo en el que mirarse para desarrollar políticas laborales progresistas.

Mientras tanto y volviendo a Asturias, en la recta final de la campaña electoral el Gobierno plural de la izquierda, con el silencio cómplice de la supuesta oposición, decide ser el primero en todo el Estado en implantar esa nueva modalidad de carrera profesional, ofreciendo un dinero adicional a sus trabajadores, sin decir que les pedía a cambio. Pero fue el primero por la sencilla razón de que utilizó descaradamente un atajo: ni se aprobó previamente una ley autonómica que la habilitara, ni se definió el sistema de evaluación del desempeño, como exige el Estatuto del Empleado Público.

Ante la obstinación en mantener una resolución de convocatoria impresentable, las centrales sindicales rebeldes anunciaron acciones judiciales frente a la misma con el fin de frenarla por esa vía ya que había fracasado la de las movilizaciones. Al menos SUTEA, CSIF , USO y la Corriente Sindical de Izquierdas interpusieron recursos ante la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero sorprendentemente, fue la Corriente la única central sindical que actuó con coherencia entre lo que dijo y lo que hizo, pues quedó en solitario instando la suspensión del acto impugnado. Si lo que se pretendía era parar los efectos de una convocatoria inadmisible por tantos motivos, ¿ cómo puede explicarse desde la lógica y el sentido común que los recurrentes se conformasen con esperar una sentencia que, en el mejor de los casos llegará dentro de tres años, cuando sus efectos resultarían ya totalmente nulos?

Si en este asunto de la acción judicial se va realmente en serio y no de farol y lo que se pretende es parar una resolución que se dice impresentable y gravemente atentatoria para los derechos de los trabajadores, la solicitud de suspensión de la misma, tal y como hizo la Corriente, es la única actuación coherente. Quienes la recurrieron pero no se opusieron a que siguiera desplegando sus efectos deberían explicar convenientemente el sentido de su actuación. La hipocresía desplegada por los portavoces de USIPA y CSIF acusando a la Corriente Sindical de Izquierdas de imprudencia es una muestra elocuente del sindicalismo de pasteleo y doble moral que nos inunda.

Finalmente y de momento, la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidió estimar la pretensión de la Corriente, acordando suspender la tramitación de esa “carrera profesional” tan peculiar. Pero en el colmo del absurdo programado, los amplificadores mediáticos del Gobierno y sus aliados apuntan ahora, de forma unánime, a la Corriente Sindical de Izquierdas pidiéndole explicaciones por su actuación. ¿ No resultaría más lógico y sensato en unos medios que se dicen independientes y pluralistas, pedir explicaciones al Gobierno asturiano sobre los motivos que le llevaron a dictar en plena campaña electoral una resolución que afectaba a miles de trabajadores y que ha sido suspendida por el máximo Órgano judicial de la Comunidad Autónoma por razones estrictamente legales, e informar objetivamente a la ciudadanía sobre el contenido del Auto judicial?

Pero el comportamiento de los medios de formación de masas asturianos en este asunto, como en tantos otros de especial relevancia, parece responder en palabras del viejo Marx, a la clase de discurso “autorizado por la policía y vedado por la lógica”

fuente: Javier Villa


http://www.glayiu.org/?accion=ver&tipo=analisis&id=1162

La Diputación impulsa la figura del mediador intercultural para atender a menores inmigrantes

EUSKADI

Un educador de origen marroquí hace ya esta labor en el centro de Tolosa Facilita la relación con los internos
El reto de la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Gipuzkoa incorpora un nuevo recurso para lograr la integración de estos jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia o protagonicen altercados. La Diputación de Gipuzkoa, que tiene la tutela de estos menores, ha introducido la figura de un mediador intercultural que acompañe a los residentes del centro de acogida de urgencia de Tolosa, que será rehabilitado en breve.

Según fuentes del Departamento de Política Social, en la actualidad un «educador de origen marroquí trabaja ya en el centro de Tolosa realizando, de forma progresiva, cada vez más ta-reas como mediador intercultural». Al hablar el mismo idioma, la figura facilita la comunicación con los menores inmigrantes -la mayoría de origen magrebí-, lo que ayuda en el proceso educativo de los internos.

Hogares Nuevo Futuro, la asociación a la que pertenecen los educadores sociales que gestionan los centro de acogida de urgencia de Tolosa y Urnieta, quiere ir más allá. En este aspecto, trabaja en «un proyecto» para concretar «los objetivos, las condiciones y las necesidades concretas» del perfil del mediador, asegura Iñigo Ochoa de Alda, asesor de Nuevo Futuro y profesor de Psicología de la UPV .

Según señala Ochoa de Alda, en otras ciudades de España ya «existen programas con perfiles de este tipo. Lo que ocurre es que a veces esta figura queda difuminada y es más un compañero de los menores o un educador más autoritario que los propios educadores. El reto es poder crear antes de fin de año una figura realmente mediadora, que no pertenezca al equipo educativo ni que sea un menor más».

El «proyecto interno» en el que trabaja Nuevo Futuro piensa en un perfil de mediador intercultural de origen marroquí que ayude a los educadores a mediar con los menores inmigrantes, tanto en centros de acogida de urgencia como en residencias. «Alguien que sepa cuáles son sus necesidades culturales, de idioma, sus dificultades con el consumo, la comida»... Entre sus funciones, destacaría el contacto con las familias de origen. jmvelasco@diariovasco.com


Fuente: Estaya de Educación Social

DOCUMENTOS 5º Congreso Educación

En esta sección encontrará documentos de interés, listos para su descarga para ser leídos en pantalla, guardados en su disco duro o impresos.

Comunicaciones seleccionadas

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EJE I

- Trabajo y ciudadanía: una articulación desde la educación social
- Una aproximación al perfil del educador/a de menores con medidas judiciales
- Intervención del educador social en medios cerrados
- Rojo sobre verde: el juego de la convivencia
- La educadora y el educador social desde la práctica de la educación para la ciudadanía
- La importancia del fomento de la participación de la ciudadanía en los servicios sociales de atención primaria

EJE II

- La aventura de investigar juntos. Una experiencia llena de futuro
- El espacio de educadores de FEPA: una apuesta por la construcción de la profesión a partir de la formación y el intercambio del saber
- Anexo: El espacio de educadores de FEPA: una apuesta por la construcción de la profesión a partir de la formación y el intercambio del saber
- El tránsito de la figura profesional del educador social en la comunidad de Madrid
- La universidad ante el reto de situar la Educación Social en la escuela
- Los planes de estudio un reto para formación en competencias transversales para la empleabilidad de los educadores y educadoras sociales. Tratamiento multidisciplinar de los bloques de competencias
- Mesa para la reflexión en Educación Social: Una propuesta de formación

EJE III

- La inserción laboral de las diplomadas y diplomados en Educación Social por la universidad de Girona (1996-2005)
- Catálogo de funciones y competencias como herramienta garante de buenas prácticas. Un caso concreto: Educación Social en la educación secundaria obligatoria
- Acerca de la cohesión de equipos de centros residenciales para menores en conflicto social
- La función profesional del educador/a social en una comunidad terapéutica de drogodependencias
- La dimensión metodológica en el desarrollo de buenas prácticas: Una propuesta para el trabajo educativo en un CRAE
- La evaluación y mejora de la calidad de los servicios socioeducativos como nuevo yacimiento de empleo de los educadores: evaluación, asesoría y consultoría

Un joven ingresa en Villabona por posible abuso sexual a un menor

La evaluación médica y psicológica califica de coherente la versión del niño.El Principado releva al coordinador del centro de acogida del pequeño.

13/10/2007 REDACCION Voz de asturias

Un joven voluntario que responde a la identidad de Diego F.C. de 29 años de edad ingresó el jueves en la prisión de Villabona (con una medida de acompañamiento para evitar que se autolesione) acusado de un delito de abusos sexuales a un menor de 10 años residente en un centro de acogida del Principado. La Consejería de Bienestar Social confirmó ayer que fue la propia Administración autonómica la que, alertada por un trabajador de un centro de acogida ovetense, trasladó el supuesto caso de abusos sexuales a la fiscalía del menor.

Bienestar Social indicó que el mismo día 2 de octubre recibió un aviso de un trabajador del centro de acogida ovetense que alertaba de un posible caso de abusos sexuales a un menor. La Administración autonómica, de la que depende el centro, solicitó de inmediato una consulta médica para valorar la supuesta agresión. Tras solicitar información en atención pediátrica, los especialistas aconsejaron el traslado del menor para una valoración al Hospital Universitario Central de Asturias. Ya en el HUCA los médicos del centro recomendaron a la Consejería de Bienestar Social que presentara denuncia oficial para que el menor --del que no se ha desvelado el sexo-- fuera sometido a un informe forense y no tuviera que pasar por dos evaluaciones médicas. Ese mismo día 2, siempre según fuentes de la Administración, Bienestar Social presentó formalmente denuncia en la comisaría de policía e informó también a la fiscalía del menor. El menor fue sometido finalmente a una evaluación forense en el mismo hospital.

Un día más tarde, ya el 3 de octubre, las autoridades administrativas decidieron trasladar al menor del centro y comenzar una evaluación psicológica para valorar los posibles efectos de la supuesta agresión sexual. El informe del psicólogo, que concluyó un día más tarde, reveló que la versión del menor era coherente. El día 5 Bienestar Social puso todos los hechos en manos de la fiscalía de menores.

La Administración autonómica, que ha solicitado no revelar el nombre del centro de acogida, subrayó ayer que su coordinador fue relevado del puesto por una supuesta negligencia. A juicio de la consejería, el responsable de este dispositivo, al margen de la investigación en curso, debería haber actuado con más celeridad. De la identidad del posible agresor, apenas han trascendido datos. Se sabe, eso sí, que es un joven que, muy probablemente colabora como voluntario para una Organización No Gubernamental. La Administración no ha querido confirmar este extremo. Algunas fuentes consultadas subrayaron que en los centros de acogida del Principado trabajan únicamente como voluntarios miembros de una conocida ONG.

Infancia agiliza la expulsión de menores

Asturias no será ya una "región fácil" para la inmigración irregular de menores. La Consejería de Bienestar Social manifestó ayer que los extranjeros que lleguen a Asturias sin papeles, aunque sean menores de edad, serán devueltos a las comunidades de origen y, en último término, a sus países de nacimiento. Teresa Ordiz y Eva Sánchez, nuevas responsables de Infancia, indicaron ayer que el Gobierno del Principado aplicará la ley que prevé las repatriaciones de los menores a sus naciones de origen.

Ambas representantes de la Consejería de Bienestar Social manifestaron, de hecho, que el solo anuncio de mano dura ha servido para aminorar el número de llegadas de menores inmigrantes no acompañados a Asturias. Ordiz y Sánchez indicaron, en clara alusión al equipo anterior, que los propios menores de otras comunidades conocían que Asturias era una "comunidad fácil" para la acogida. Ambas destacaron que "el paternalismo" no mejora la situación de los adolescentes.

Eva Sánchez, directora del Instituto de Infancia, reconoció, pese a todo, que el fenómeno de los menores inmigrantes no acompañados, que ha llegado a saturar los centros de acogida del Principado, tiene una solución difícil. Sánchez avanzó que en el plazo de una semana el Gobierno regional abrirá un dispositivo en Gijón, con capacidad para cinco persona, que podrá aliviar parcialmente la sobreocupación del Centro Materno Infantil. Entre noviembre y diciembre se pondrá en marcha un recurso más, en el Fundoma, con diez o doce plazas, específico para los menores extranjeros. Asturias cuenta en estos momentos con algo más de 90 adolescentes no nacionales distribuidos por centros de acogida del Principado. Sánchez reconoció, con todo, que el plazo legal de estancia máxima en la unidad de primera acogida, de 45 días, no se cumple.

Asturias cuenta con 91 menores ilegales, la mayoría de origen magrebí

SOS Racismu pide que no se repatrie a menores inmigrantes.

Mas de la represión en el ayto de Avilés

El día 27-10-2003 un trabajador de la Fundación deportiva municipal de Avilés publica en cartas al director de un periódico local una carta en la que denuncia la privatización encubierta de dicha fundación.
El día 29-10-2003 la policía nacional se presenta en su puesto de trabajo en hora de máxima afluencia de publico y le lleva al vestuario de personal para registrar su taquilla por un supuesto robo por el que fue denunciado por su jefe. Al día siguiente ese jefe retira la denuncia porque fue un “”error”, todo esto que es una infracción muy grave contra los derechos de un trabajador por un superior según la legislación fue puesto en tiempo y forma en conocimiento de la inspección de trabajo y de la empresa (Ayto. de Avilés) quienes se inhibieron y miraron a otro lado.
En el año 2004 el jefe que hizo la denuncia falsa de robo se querella contra ese trabajador y un compañero, acusándoles de injurias contra él por una octavilla en la que se narraba la denuncia falsa por robo y se decía que había sido condenado en 3 ocasiones por insultos, amenazas y vejaciones contra, precisamente, esos 2 trabajadores, esas sentencias son ciertas y son:
Juzgado de instrucción nº1 de Avilés Juicio de faltas 218/98
Juzgado de instrucción nº2 de Avilés Juicio de faltas 227/99
Juzgado de instrucción nº4 de Avilés Juicio de faltas 58/2002
En esa querella se les pide en total 90000€ de indemnización, está pendiente de juicio y, pese a haber aportado a la juez de instrucción las pruebas documentales de que todo es cierto y todos los testigos de las 2 partes reconocen no haberles visto repartir las octavillas, en julio de 2007 tuvieron que aportar 3000€ de fianza y están pendientes de juicio.
Ahora, además de ese juicio, el trabajador al que se le envío la policía y otras 2 compañeras están sufriendo la situación de que el Ayto de Avilés pese a la documentación abundante que demuestra su condición de trabajadores laborales fijos con mas de 20 años de antigüedad pretende sacar sus puestos de trabajo a oferta pública para, excusándose en una supuesta legalidad, a pesar de la existencia de sentencias y escritos diversos del propio ayto durante 20 años, seguir con el hostigamiento y represión a unos trabajadores ahora por la vía del despido encubierto en falsas telas de legalidad.

Conferencia Antirrepresiva. Gijón 20 Oct.

Conferencia Sindical Antirrepresiva

No sólo es el caso de Cándido y Morala de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) de la Naval Gijón, condenados a tres años de cárcel y en tercer grado penitenciario, tampoco el intento de cierre de la Naval que de por sí ya justificaría esta Conferencia, si no que en estos días las agresiones y sentencias represivas estan a la orden de día (quema de locales de organizaciones de izquierda, agresiones fascistas en Alcalá de Henares, Madrid, etc., inicio del juicio por los incidentes de Cangas de o­nis de septiembre 2005, sentencia de cárcel para los AntiLOU 2001, sentencia de cárcel para Sergio LD por la cumbre europea 2002 en Barcelona, Juicio en la Audiencia Nacional al solidario Fernando González, Fer, etc.).

En la Conferencia analizaremos la situación, todas las organizaciones asistententes y trataremos de aprobar un acuerdo y un comunicado conjunto que nos ayude a combatir la represión en unidad. La conferencia terminará en movilización, ya que para la tarde del 20 se convoca una Concentración contra la represión y por la libertad en la que estamos comprometidos los asistentes a la Conferencia Sindical Antirrepresiva.

Día 20 de octubre, sábado. Conferencia Antirepresiva. Gijón, Casa Sindical. (C/ Sanz Crespo 333207 Gijón). Horario: de 11.00 a 14.00 y de 16,30 a 18,30 h.


Hasta el momento han confirmado su asistencia, ademas de Solidaridad Obrera y todas las organizaciones sindicales y sociales de Gijón, la CGT (Plenaria de 4 de octubre) y la Coordinadora Sindical de Madrid.

NOTA: Para confirmar asistencia, o pedir más información dirigirse al correo electrónico: soliobrera@gmail.com, o a los siguientes teléfonos 675 444 009 (Manuel) 626 930 564 (David).

La pelota está ahora en el tejado del Principado

«Recurrimos a los tribunales porque se hizo una chapuza jurídica y de puro electoralismo» «La pelota está ahora en el tejado del Principado; lo que exigimos es negociar todo y que la paga sea consolidable»

MARCO GARCÍA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CSI Oviedo, M. M.
-¿Por qué recurren y piden que se suspenda un acuerdo que beneficia e iguala a tantos trabajadores?
-Lo presentamos después de que el Gobierno regional, en un acto electoralista, anunciara el desarrollo de la carrera profesional sólo para ganarse el voto de los funcionarios. En realidad lo que hace es adjudicar un cantidad de dinero que no es consolidable, pero que además te pueden obligar a devolver si no superas unos criterios que ellos impondrían. Lo que hicieron es una chapuza jurídica y administrativa, y por parte del Principado es, además, un acuerdo de puro carácter electoralista.
-Lo que ha dicho el Gobierno es que está elaborando el borrador del proyecto y que el texto de la futura ley se negociará con todas las partes.
-En el acuerdo el Gobierno no facilita el baremo de valoración de los puestos, ni los criterios, ni siquiera el desarrollo de la carrera profesional. Nada. Es un cheque en blanco para que de manera arbitraria se reparta el dinero sólo entre algunos trabajadores.
-¿No incluía a todos los funcionarios?
-Nosotros lo que defendemos es que les den dinero a todos, también a los temporales, y que además sea un dinero consolidable. ¿Qué es eso de devolver lo que has cobrado si no cumples unos criterios de los que nadie te ha dicho nada y que además desconoces cómo se han establecido?
-Las críticas (ayer) contra su sindicato fueron muy duras.

-También hubo mucha gente que nos dio muestras de su solidaridad.
-Es que su recurso afecta a unas 20.000 personas, cuando CSI es un sindicato minoritario, que, por su escasa representatividad, no participa en las negociaciones.
-Antes había unas mesas sectoriales y CSI se sentaba en la de los funcionarios, pero la Administración eliminó esas mesas para dejar sólo a los grandes. Es una estrategia para eliminar a los que los pueden molestar. Usipa ha conseguido sentarse en la mesa grande, pero cuando culmine la transferencia del personal de Justicia también va a perder el sillón, porque no va a tener el mínimo del 10 por ciento que se exige.
-¿Van a retirar el recurso y abandonar la vía judicial, como les han pedido ayer los sindicatos mayoritarios?
-La pelota está en el tejado del Principado. CSI quiere negociar el desarrollo de la carrera profesional, los criterios, condiciones, etcétera. Y no es un capricho, es porque resulta fundamental para el futuro de todos los trabajadores de la Administración regional saber qué es lo que vamos a hacer, qué criterios se van a imponer para decidir quién cobra más y por qué. No se puede dejar a la arbitrariedad de la Administración. El dinero tiene que ser, además, consolidable y en ningún caso se puede exigir su devolución. Y si no, seguiremos adelante.
Fuente:La Nueva España

Los tribunales suspenden la Carrera Profesional. Una Propuesta de Solución