Tras las últimas noticias sobre las adopciones en nuestra Comunidad Autónoma, la Sección de Bienestar Social de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) manifiesta:
En el Centro Materno-Infantil la mayoría de los niños y niñas de 0 a 3 años, allí alojados, pasan muchos meses, año y medio, dos años y hasta tres años internados sin una alternativa de convivencia familiar. Muchos de ellos son susceptibles de ser adoptados.
El atasco burocrático es producto de la falta de personal en los Equipos del IAASIFA. Por tanto entendemos que es necesario ampliar los mismos con personal propio, puesto que consideramos la gestión del procedimiento de adopción (y de la protección de menores en general) una función exclusiva de la entidad pública competente, en nuestro caso la Consejería de Bienestar Social.
La externalización (=privatización) de las valoraciones de idoneidad precariza el sistema de servicios sociales públicos puesto que se delegan competencias propias de la Administración en personas/entidades con objetivos que difieren del interés general y, en este caso concreto, de la protección de menores. Entendemos las necesidades de las familias con interés de adoptar, pero esto no debe desembocar en poner en manos ajenas funciones que, finalmente, se escapan al control público.
El mismo hecho plantear dos vías para la tramitación de las valoraciones de idoneidad: una pública, exenta de pago, y otra privada, pagada, es un despropósito político que discrimina a unos solicitantes sobre otros. A la vez plantea la pregunta de si alguien se beneficia económicamente con las adopciones.
Creemos que es un error plantear la desgravación fiscal para la adopción internacional. No compartimos esta medida, toda vez que hace diferencias entre esta y la adopción nacional. Entendemos que los padres, sean biológicos o adoptantes deben tener ayudas por parte de las Administraciones, de manera equitativa y sin discriminaciones.
Es irresponsable por parte de la Directora del IAASIFA “echar balones fuera”, justificando el incumplimiento de los plazos establecidos legalmente con el argumento de que su equipo ha heredado esta situación. Desde la asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias en materia de protección de menores ha habido distintos gobiernos, unos cuantos gestionados por el PSOE (el anterior en coalición y el penúltimo en solitario). La falta de previsión y el desinterés por unos servicios sociales públicos de calidad han sido la constante, y la situación actual es consecuencia de pésimas gestiones, difíciles de obviar y justificar.
