Los incentivos al rendimiento en la Administración: un sistema salarial para la degradación de los servicios públicos

El reciente Estatuto Básico del Empleado Público introduce en la Administración Pública un sistema retributivo de incentivos salariales al rendimiento que pretende, en palabras del legislador, que las recompensas económicas que correspondan a cada empleado público se relacionen con la manera en que realiza sus funciones, “pues resulta injusto y contrario a la eficiencia que se dispense el mismo trato a todos los empleados, cualquiera que sea su rendimiento y su actitud ante el servicio”(Exposición de Motivos del Estatuto) Para conseguir este fin, se implanta la técnica de gestión corporativa denominada “evaluación del desempeño”, con la que se pretende medir y valorar la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados de los trabajadores públicos.

Se trata de un sistema retributivo fundamentado en el modelo económico clásico que reduce al ser humano a un homo economicus que trabaja exclusivamente por dinero. La ideología sobre la que se construye la “evaluación del desempeño” presupone que sólo los incentivos salariales personalizados incrementarán el rendimiento del trabajador, estimulado por el aumento de la renta que se derivará de una elevación del esfuerzo laboral, mientras que los salarios fijos serían una fuente generadora de indolentes y gorrones. Pero la cuestión no es tan sencilla, ni mucho menos evidente, como pretende hacernos creer esta simplificación monetarista.

Por el contrario, un gran número de teorías psicológicas, formuladas desde mediados de la pasada centuria en los campos de la psicología cognitiva y la psicología social, coinciden en señalar que las personas no trabajan sólo por dinero. Tienen motivaciones intrínsecas hacia el trabajo, derivadas del desarrollo de las tareas y funciones realizadas, de tal manera que aquél se convierte en un instrumento de satisfacción y desarrollo personal que da sentido a sus vidas.

De otra parte, algunas de estas teorías resaltan también la existencia de motivaciones para trabajar que se denominan trascendentes, en el sentido de que lo que estimula al trabajador para desarrollar sus tareas es la percepción de que estas benefician a terceras personas y contribuyen a mejorar su bienestar. La realización de trabajos vinculados a servicios públicos esenciales para la comunidad, como la sanidad, la educación o los servicios sociales con colectivos en situación de riesgo y desamparo, son un buen ejemplo de esta motivación solidaria que mueve la conducta de los trabajadores.

Desde el ámbito de las teorías de la organización del trabajo se advierte de que la obtención de unos resultados laborales satisfactorios depende fundamentalmente de las características de los puestos de trabajo desempeñados: variedad de tareas, significación del trabajo y buen ambiente, autonomía, participación en la toma de decisiones etc. Son estas características, entre otras, las que estimulan y motivan al trabajador, permitiéndole desarrollar su responsabilidad y autonomía personal.

Por otro lado, diversos estudios de campo y experimentos de laboratorio han venido a confirmar lo que la teoría psicológica de la atribución había postulado de forma teórica: que cuando la conducta de la persona se anuda únicamente a recompensas económicas, esta acaba por encontrase insatisfecha, su rendimiento disminuye y la calidad de su trabajo baja.

Asimismo, la psicología cognitiva ha puesto de manifiesto como el establecimiento de sistemas de control y supervisión estrecha sobre los trabajadores, como las mediciones periódicas de la conducta profesional y del cumplimiento de objetivos a través de las evaluaciones del desempeño previstas en el nuevo Estatuto del Empleado Público, y las retribuciones individuales por resultados obtenidos que llevan aparejadas, se perciben por los trabajadores como una señal de desconfianza de la empresa hacia ellos que puede conducir a una disminución de los esfuerzos voluntarios y a una reducción de cualquier iniciativa personal.

Pero incluso desde planteamientos económicos alternativos se apunta hacia la necesidad de una disminución de los incentivos salariales por su efecto disuasorio sobre la motivación intrínseca del trabajador, destacando que la cooperación voluntaria es mayor en ausencia de cualquier incentivo monetario y que el rendimiento depende fundamentalmente de la mejora de la autonomía y de la autoestima del trabajador; a la vez que se resalta el efecto motivador de la implantación de sueldos fijos por encima de la media de los de las empresas del respectivo sector o actividad.

Un trabajo reciente elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra ("Riesgo moral: Amenaza u Oportunidad. Evidencia empírica en la empresa española", Pablo Arocena y Mikel Villanueva), dirigido a analizar los sistemas de retribución y la incidencia de los incentivos salariales individuales en la conducta de los trabajadores, recoge información obtenida de una encuesta realizada a 965 empresas industriales españolas de, al menos, cincuenta empleados, que ofrece unos resultados muy reveladores:

- Las remuneraciones variables fundadas en incentivos al rendimiento tienen unas consecuencias negativas sobre la motivación intrínseca de los trabajadores.

- Las empresas con puestos de trabajo con tareas más ricas y autónomas utilizan políticas de remuneración más generosas, con salarios fijos por encima de la media salarial del sector y sin remuneraciones vinculadas a la obtención de resultados individuales
Muy alejado de estos planteamientos, el Gobierno del Estado decide implantar en la Función Pública un sistema retributivo que refuerza exponencialmente la importancia de los incentivos salariales a la productividad, tomando como ejemplo los modelos ensayados en el ámbito de la enseñanza en los sistemas ultraliberales de EE.UU. y Reino Unido mediante el establecimiento de salarios para los profesores en función de los resultados escolares que alcanzan sus alumnos. Un buen espejo en el que mirarse para el desarrollo de políticas progresistas.

Pero también y principalmente, el sistema salarial de incentivos vinculados a la “evaluación del desempeño” constituye una poderoso instrumento de control y dominación de los empleados públicos, dirigido a exacerbar el individualismo y la carrera competitiva entre los trabajadores, y a eliminar los valores solidarios y la conciencia colectiva. Se trata de modelar seres egoístas, preocupados exclusivamente por sus intereses económicos personales y, en esa medida, absolutamente identificados con las estrategias y objetivos del poder, pues sólo aquellos que acomoden su comportamiento, no ya a las normas jurídicas, sino a los criterios y pautas de fidelidad al evaluador, recibirán la recompensa de los incrementos salariales. De este modo, los disidentes, críticos o vacilantes quedarán arrinconados y marginados en la concepción de la carrera profesional de los empleados públicos que se avecina.

Bajo el nuevo lenguaje de las técnicas de gestión corporativa trasladadas ahora a la Administración Pública, articulado mediante palabras y expresiones como eficiencia, excelencia, calidad total, programación por objetivos etc., se esconde una operación totalitaria a gran escala de manipulación anímica de los trabajadores, de identificación entre responsabilidad profesional y adhesión acrítica a las consignas de la clase dirigente, que va a condicionar decisivamente la imparcialidad y la objetividad de los empleados públicos.

Hay, por tanto, múltiples razones para rechazar con contundencia el sistema de retribución por incentivos al rendimiento que se acaba de implantar en el empleo público:

- Supondrá colocar a los trabajadores en una carrera competitiva por alcanzar unos aumentos salariales, en detrimento de las reivindicaciones colectivas y de la solidaridad de grupo.

- El carácter decisivo de los informes de evaluación para reconocer los incrementos retributivos supeditará a los trabajadores a un colaboracionismo inadmisible con los superiores jerárquicos, contrario a la necesaria imparcialidad con que deben desarrollar sus funciones.

- Ahondará las diferencias salariales entre los colectivos de trabajadores, que se dividirán entre incentivados y no incentivados. En un sistema de masa salarial cerrada definida por las leyes anuales de Presupuestos, los incrementos retributivos derivados de la asignación de los incentivos a los que más ganan – y, por tanto, los que más poder de decisión tienen a la hora del reparto -, se hará a costa de los salarios de las categorías inferiores.

- Neutralizará la capacidad de igualación salarial derivada de la negociación colectiva

- La desmotivación de los trabajadores que resulten perdedores en esta carrera de incentivos afectará a la calidad de la prestación de los servicios públicos y, por tanto, tendrá una incidencia negativa sobre uno de los pilares básicos del llamado Estado Social y Democrático de Derecho.

Lejos de estos sistemas retributivos neoliberales, la mejora de la calidad de los servicios públicos debe pasar por el estímulo de la motivación intrínseca de los trabajadores vinculado al establecimiento de condiciones reales y efectivas de imparcialidad y objetividad, y por una política salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, reducir sensiblemente el abanico salarial ganando en cohesión social, asegurar unas retribuciones dignas para el conjunto de trabajadores y trabajadoras y eliminar del sector público las técnicas y prácticas privatizadoras que sacrifican el interés general de los ciudadanos a la maximización del beneficio económico de las empresas gestoras de los servicios públicos.

Publicado por Javier Álvarez Villa
Fuente: ESPEJOSCONCAVOS

Pago a Cuenta: Comunicado

Los sindicatos SUATEA, Enseñanza de Comisiones Obreras, y CSI‐CSIF ante la publicación de la Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración del Principado de Asturias quieren hacer las siguientes puntualizaciones:


1) La resolución publicada cambia el requisito establecido en el punto Tercero del Acuerdo de 27 de diciembre de 2006 (personal ...que cumpla los requisitos de experiencia del primer nivel de encuadramiento) por el siguiente: personal ...que cumpla los requisitos establecidos.

2) En la propia resolución, como veníamos diciendo los tres sindicatos, se reconoce que el pago que se derive de la misma “no conlleva consolidación de nivel que se producirá con la superación de la evaluación correspondiente”.

3) Vuelve a señalar que “una vez implantado el sistema de carrera y desarrollo profesional , en el caso del personal que, habiendo solicitado la percepción del derecho no superase la evaluación correspondiente, deberá reintegrar las cantidades percibidas hasta la fecha por ese concepto”.

4) Recordamos que en el ámbito sanitario, y a pesar de lo establecido en el acuerdo, se están exigiendo requisitos de evaluación que no han sido negociados.

5) La Administración cambió sobre la marcha los requisitos que exigía para la solicitud de carrera, provocando más confusión entre el profesorado. Quizás se haya hecho para cuadrar las cuentas, ya que en torno a un 20% del profesorado no ha solicitado la adhesión.

6) La situación del marco normativo ‐en nuestro caso, el Estatuto Docente‐ está totalmente paralizado y es imposible su tramitación a medio plazo.

7) La inclusión de las cantidades a pagar bajo el epígrafe “Complemento de Productividad por incentivos al rendimiento, a cuenta”, incumple el principio de igualdad recogido en la Constitución española.

Ante ello, los sindicatos que venimos manteniendo una unidad de acción en torno a la exigencia de la retirada de la Resolución y del pago universal a todo el profesorado, emprenderemos acciones para reclamar el pago de las cantidades comprometidas, para el todo el personal y sin contrapartidas. Nuestros servicios jurídicos están ultimando un documento en este sentido.

Recordamos que además, los recursos Contencioso‐Administrativos contra la Resolución de mayo siguen su trámite del que iremos informando puntualmente.

Oviedo, 10 de diciembre de 2007
Fuente:SUATEA

Resolución del 4 de Diciembre

Mas sobre la Carrera Profesional

¿Por qué la rechazamos?

SOBRE LA CARRERA PROFESIONAL (¿ES GRAVE, DOCTOR?)

LA CARRERA PROFESIONAL DE LOS NOMAMIENTOS A DEU

Metanes la escandalera d’alloriantes anuncies alrodiu d’una pantasma apellidada “carrera profesional de los emplegaos públicos”, vien más qu’a cuentu’l falar d’un aspeutu bien real d’esa “carrera”, nun nada respetuosu colos principios constitucionales de méritu y capacidá, imparcialidá y oxetividá, polos que debiere rexise l’Alministración Pública: el xorrecimientu descomanáu de los nomamientos a deu -que ye lo mesmo que dicir por mor de la confianza o a petite del poder políticu- na Alministración Pública del Principáu d’Asturies.

Na llexisllatura acabante d’entamar, el gobiernu de la Comunidá Autónoma aprobó yá más de 160 puestos de trabayu de Xefatura de Serviciu o asemeyaos, de nomamientu “dixital” o a cuenta del enfotu políticu nos agraciaos colos puestinos. Esti sistema d’ocupación de places funcionariales faise incumpliendo dafechu la llegalidá vixente y en rebeldía escontra la xurisprudencia afitada del Tribunal Supremu que vien interpretando n’abondes sentencies (ocho como poco nos dos caberos años) que la denomada llibre designación o nomamientu a deu ye un procedimientu estraordinariu, esceición a la regla xeneral del concursu de méritos y del que namás pue tirase llexítimamente pa dellos y cuntaos puestos direutivos d’especial responsabilidá, tres la xustificación afayadiza, puestu a puestu y casu a casu, nun tando constitucionalmente permitío’l so emplegu xeneralizáu pa una determinada categoría como ye la de Xefatura de Serviciu.

Nun conforme cola iregularidá d’emplegar en tolos casos el maleducáu vezu d’apuntar col deu pal nomamientu de les Xefatures de Serviciu, el gobiernu del Principáu ta pel llabor d’incorporalu a una categoría que se-y acaba d’ocurrir baxo la denominación xenérica de “Coordinadores”, puestinos de trabayu asitiaos xerárquicamente embaxo y a les ordes de los Xefes de Serviciu, teniendo ya creaos más de 30 abellugadorios con esi nome o paecíu, a ocupar por xente escoyío pel deu y pa desendolcar asuntos talos que la xestión de los contratos alministrativos, la execución de les obres públiques o les xefatures de personal, llabores qu’asina pasen a ser de confianza política.

Nesti revoltiamientu, güei yá nadie plasma por ver a funcionarios de les caberes promociones, con malapenes ún o dos años d’esperiencia profesional, ocupando puestos de Xefatura de Serviciu, upaos de sópitu al picalín de la carrera alministrativa pola mor del máxicu deón del políticu que-yos tien ciñu o enfotu; nin de que tolos puestos d’Interventores, dende’l Xeneral a los Delegaos, puestos de trabayu de los que depende el perimportante llabor del control económicu-alministrativu, seyan desendolcaos por persones de la confianza del poder políticu; tampoco de que tomen a risión la obligación llegal de facer pública convocatoria endenantes d’ocupar los puestos de llibre designación o nomamientu a deu -magar nun seya más que por guardar les apariencies- siendo práutica corriente y xeneralizada que’l funcionariu escoyíu aposiénte nel despachín primero que se convoque la vacante; o del abusu “ad nauseam” de les comisiones de serviciu muncho más allá del tiempu que la llei consiente.

Dementres esti réxime d’avasallemientu políticu del funcionariáu enrraigona y viña na Alministración del Principáu, les mayoríes sindicales y los medios d’opinión al serviciu del poder, afánense n’escondelu tres la gran fumarada que tan faciendo cola yerba moyao d’una “carrera profesional nueva y moderna”, de la qu’habrá tiempu pa falar en cuantes que mos pase la irritadura güeyos que per aciu d’entrambos los dos, deu y fumeru, carecemos.

Roblen: Xabiel Álvarez Villa, DNI 32.870.210-J; Silvino Cordero Pando, DNI 10.566.154-T; Xurde Blanco Puente, DNI 10.528.464-F; y Jorge Diego Sánchez, DNI 10.557.258-M. Titulaos Superiores de l’Administración del Principáu.
Fuente:Glayiu

Carrera Profesional, sanidad y ¿huelga?

Tal como veo a los médicos, yo diría que vamos a terminar en huelga» «Cuando negociamos el acuerdo de carrera profesional que cerró la huelga de 2006, no se habló de ningún impreso»

José Luis Sánchez Barbero.

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BARBERO SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MÉDICO DE ASTURIAS (SIMPA) Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) acaba de cumplir 25 años de vida. Pero los ecos de la celebración ya se han apagado y han sido sustituidos por el ruido de tambores de guerra contra la administración sanitaria. El motivo es una resolución que acaba de publicar el Servicio de Salud del Principado (Sespa) referida al encuadramiento de los profesionales en la carrera profesional sanitaria. Para el acceso a los grados I y II de la carrera, el Sespa ha establecido un baremo referido a «compromiso con la organización» y a «dominio profesional». Entre tanto, los responsables del SIMPA reclaman un encuadramiento cuasi directo basado en los años de ejercicio. José Luis Sánchez Barbero, secretario general del sindicato, desgrana las razones de la postura del SIMPA, que ya amenaza con una nueva huelga.
-¿Suenan de nuevo tambores de guerra?
-Cada vez estamos peor. Ahora el Sespa nos hace rellenar unos papeles.
-¿Tan costoso es?
-La cuestión es que no estamos de acuerdo. Cuando negociamos el acuerdo de carrera que puso fin a la huelga de 2006, no se habló de ningún impreso, sino de cumplir unos criterios de antigüedad y de compromiso con los objetivos de la Administración.
-¿Y el Sespa ha incumplido?
-Sí, al menos para los niveles primero y segundo. El miércoles publicarán los requisitos de los niveles tercero y cuarto y mucho nos tememos que el Sespa haga lo mismo.
-En todo caso, los requisitos que exige el Sespa no parecen muy complicados, a priori.
-No piden nada inalcanzable, pero lo que más nos molesta, y lo que es realmente importante, son las formas y el incumplimiento.
-¿Qué ha fallado en las formas?
-Se constituyó una comisión de seguimiento encargada de decidir sobre todo lo relativo a carrera profesional formada por sindicatos y Administración. Los sindicatos fuimos citados en cuatro ocasiones para informarnos. Agradecieron nuestra presencia, pero no contaron en absoluto con nosotros ni para nombrar a los tribunales ni para evaluar los conceptos que se considerarían en el período transitorio, en el proceso de encuadramiento. A esa comisión ni se la ha oído.
-Pero acceder a un tramo de la carrera sin exigir prácticamente nada a cambio...
-La cuestión de fondo es que no se puede poner las normas después de jugar los partidos. De los requisitos que se exigen no hay ni constancia histórica ni archivos para demostrar si hemos hecho una cosa u otra. Además, es previsible que los tribunales se formen a la medida de los intereses de la Administración.
-¿Es unánime la irritación de los sindicatos?
-El agravio ha sido tremendo para todos: Cemsatse (Simpa y Satse), Comisiones y UGT. Aunque hemos visto con sorpresa que UGT no se siente afrentada y que una vez más ha optado por defender a la Administración en contra de los trabajadores.
-¿Qué tienen previsto hacer?
-No estamos dispuestos a tolerar esto. Cómo se va a pedir a un médico con 30 años de ejercicio que inicie la carrera otra vez. Hablo, por supuesto, del encuadramiento en la carrera profesional. Otra cosa son los ascensos posteriores, que comprendemos que requieran una serie de requisitos evaluables.
-¿En consecuencia?
-Por el momento, vamos a capear el temporal, pero el 10 de enero, después de las vacaciones de Navidad, vamos a iniciar un período de movilizaciones. No nos han dejado ninguna alternativa.
-¿En qué consistirán las movilizaciones?
-La movilización médica sólo es una. Nosotros no vamos con pancartas. Tal como veo al personal, yo diría que vamos a terminar en una huelga. Los médicos están enfadadísimos. Llevamos todo el día recibiendo llamadas de compañeros que nos piden pasar a la acción.
-¿Acudirán a los tribunales?
-También, pero ya se sabe que la justicia tarda años en resolver.
-¿Aún hay tiempo para una solución consensuada?
-Como es lógico, antes de iniciar las movilizaciones trataremos de disuadir a la Administración. Pero es que a este problema hay que añadirle el de la hora de guardia. Estamos cobrándola a 14 euros la hora, y los colegas de otras comunidades autónomas están en 22 o 23 euros desde principios de este año. Ahora, el Sespa quiere incluir esta negociación en un paquete conjunto con la reorganización de la atención continuada en primaria y especializada, y eso va a retrasar las cosas. Desde luego, tenemos muy claro que queremos percibir el nuevo precio de la guardia desde el 1 de enero de 2008.
Fuente: lne/Pablo Álvarez

Comunicado: Ante el levantamiento de la suspension Carrera

13 payares/noviembre 2007

Ante el Auto del Tribunal Superior de Justicias de Asturias por el que se levanta la suspensión cautelar sobre la Resolución del BOPA de 22 de mayo por la que se convocaba la carrera profesional en la Administración Autonómica, la CSI desea transmitiros lo siguiente:

1.- Con este levantamiento de la suspensión SE IMPIDE LA PUBLICACIÓN DE UNA NUEVA RESOLUCIÓN que, tras la oportuna negociación, corrigiera las carencias de la recurrida. En este sentido habría que señalar a UGT, CCOO, USIPA y Juan Antonio Gavira (responsable de CSIF que recurre a título individual) - como recurrentes contra la suspensión cautelar - , como perfectos colaboradores de la Administración para mantener en vigor una Resolución que supone un absoluto cheque en blanco y en la que se disparan aún más las actuales diferencias salariales entre grupos.

2.- Desde el Auto de suspensión hasta el actual que la levanta NO SE PRODUJO NINGUNA NOVEDAD que justifique el cambio de opinión de la Sala; la única novedad, según el Auto, es que en esta ocasión sí se presentó recurso contra la suspensión; en ningún momento se cuestionan los argumentos que se contenían en la petición de la CSI.

3.- La Corriente Sindical d’Izquierda sigue adelante con la Demanda contra la Resolución, presentada en su momento de la misma forma que la presentaron USO, SUATEA, CSIF, SIPU-USIPA, el Colegio Oficial de Médicos y algunas personas a título individual, porque entendemos que la carrera profesional recogida en la Resolución recurrida es ilegal, clasista, supone una merma de la negociación colectiva y supone un chantaje puesto que obliga a adherirse a ciegas para poder tener los beneficios económicos.

4.- La Corriente Sindical d’Izquierda seguirá luchando por una carrera profesional (u horizontal) distinta sin los defectos que lastran la que en este momento sigue en vigor. En este sentido seguimos en contacto con otras organizaciones que coinciden con nosotros en este empeño.

Corriente Sindical d’Izquierda

Cuatro Sindicatos exigen retirar la Carrera Profesional

Las organizaciones sindicales CSI, SAE, SUATEA, y USO, ante la situación planteada en relación con la carrera profesional de los empleados públicos asturianos, manifiestan:

1. La suspensión cautelar dictada por el TSJA se explica, exclusivamente, por la existencia de claros indicios de ilegalidad de la Resolución que regula la carrera profesional, sin que de ello pueda hacerse responsables a los que no participamos de este juego de intereses.

2. Que los sindicatos firmantes, como aquellos otros que antes se opusieron y ahora quieren quedar bien con todo el mundo son conscientes de ello, por más que ahora se vean en la obligación de defender su papel de comparsas en una medida electoralista del Gobierno asturiano.

3. Se trata de una carrera profesional que no hace públicos los criterios de evaluación y los objetivos a cumplir, que excluye a buena parte de los empleados públicos, que es clasista y discriminatoria en lo económico al disparar el abanico salarial ( 650 € grupo E y 2500 € para el A) no garantiza los derechos de los trabajadores y pone en manos de la Administración todas las decisiones, sin contrapartida alguna.

4. Si bien para el Personal Estatutario del SESPA se firmó la carrera y el desarrollo profesional, quienes lo hicieron no dudaron en discriminar vergonzosamente a los grupos A y B no sanitarios, y a los C, D y E sanitarios y no sanitarios en lo referente a plazos y cantidades.

5. Se discrimina también al personal laboral e interino y a las personas que no tienen cinco años de antigüedad, así como a quienes llevan menos de cinco trabajando en Asturias.

6. La puesta en marcha de la carrera profesional, según el Estatuto Básico, exige la previa regulación legal. Por tanto, carece de los requisitos mínimos para ser desarrollada y supone una demostración del valor que tienen todos los acuerdos y normas firmados por estos.

7. Quienes otorgaron este “cheque en blanco” son los mismos que, año tras año, vienen firmando subidas salariales del 2%, que nos han llevado a acumular una pérdida de poder adquisitivo superior al 40% en los últimos años, y a que existan grupos de empleados públicos con un salario base inferior al salario mínimo interprofesional.

Por tanto, EXIGIMOS:

La retirada inmediata de la Resolución de 18 de mayo de 2007, la apertura de un proceso de negociación que, incluyendo a todos los empleados públicos, no ahonde más en las diferencias económicas entre los grupos, y respete la representatividad en todos los sectores de la función pública asturiana.

Oviedo, 30 de octubre de 2007

Corriente Sindical de Izquierdas; Sindicato de Auxiliares de Enfermería; Sindicato Unitario y
Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias; Unión Sindical Obrera

La Carrera Profesional: Mentiras, Hipocresia y Manipulación

A cinco días de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo el Gobierno asturiano publicó en el boletín oficial una convocatoria dirigida a los trabajadores fijos de la Comunidad Autónoma, incluido el colectivo de la enseñanza, para adherirse voluntariamente a lo que denominaba “carrera profesional”. En la resolución de convocatoria se ofrece el abono anticipado de unas cantidades que ni siquiera se especifican, advirtiendo que el dinero se entregaría “ a cuenta”, de tal manera que si no se superaba la evaluación que se establecería en su momento, los trabajadores que hubieran percibido este dinero estarían obligados a devolverlo.

El único dato objetivo de la convocatoria era que sólo podían participar en la misma los trabajadores fijos del Principado de Asturias con una antigüedad mínima de cinco años. El resto de condiciones se ocultaban de forma absoluta y total: ni criterios de evaluación, ni baremos, ni calendario, ni tan siquiera – vuelve a reiterarse - el importe de los pluses salariales ofertados. Curiosamente, algunos de estos datos que se esconden en la resolución oficial de la Consejería de Administraciones Públicas, fueron adelantados por las centrales sindicales UGT y CCOO en correos informativos de difusión masiva.

La reacción sindical en el ámbito de la enseñanza fue inmediata: SUATEA, CSIF y el sector de la educación de CCOO, calificaron a la convocatoria como un ataque sin precedentes a la dignidad profesional de los enseñantes, un “cheque en blanco” que se ofrecía a los trabajadores con el cebo clientelar del dinero, omitiendo arteramente los compromisos que se les pedirían a cambio. Las movilizaciones no se hicieron esperar: 5.000 profesores y maestros tomaron las calles de Oviedo en el mes de junio exigiendo al Gobierno de Areces la retirada de la resolución de convocatoria de esa “carrera profesional”, a la vez que se pedía a todos los compañeros y compañeras que no firmaran la solicitud trampa.

Pero, como ya adelantamos, la convocatoria de pseudocarrera no afectaba sólo al colectivo de profesionales de la enseñanza pública, si no también a la totalidad de los empleados públicos fijos del Principado ( excluido el sector de la sanidad). Aunque sin contar con la cobertura mediática que tuvieron las masivas movilizaciones de la educación, los sindicatos llamados minoritarios en el ámbito del empleo público de la Comunidad Autónoma – USO, USIPA, CSIF y la Corriente Sindical de Izquierdas - también llevaron a cabo acciones conjuntas y por separado, denunciando la “cita a ciegas” a la que se estaba invitando a los trabajadores con maniobras más propias de un trilero.

Particularmente, la Corriente Sindical de Izquierdas fue la única central sindical que desveló documentalmente el planteamiento, nudo y desenlace de esa novedad llamada “carrera profesional” que el Gobierno y sus aliados sindicales pretenden hacer pasar como la panacea de la modernización del empleo público.

¿ De qué hablan estos especialistas en vanilocuencia cuando se llenan la boca con la “carrera profesional”?

No hace falta ser un experto en derecho de la función pública para saber que desde hace décadas existe carrera profesional en la Administración, con diferentes modalidades: concurso de méritos, promoción interna entre grupos, libre designación o promoción “ a dedo” etc; comportando todas ellas el cambio de puesto de trabajo, con la consiguiente mejora retributiva. Cuestión distinta es que su aplicación práctica sea una historia plagada de trucos, clientelas, influencias, enchufes y agravios comparativos. Pero estos pequeños contratiempos no parecen ser un especial motivo de preocupación para los actuales gestores y sus conmilitones.

La modalidad de carrera profesional a la que alude la convocatoria de la administración asturiana, tomando la parte por el todo, es una figura introducida en el reciente Estatuto del Empleo Público impulsado por el Gobierno de Zapatero que consiste, sintéticamente, en ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, mediante la superación de una serie de tramos o escalones sucesivos. La tremenda contrapartida que se esconde detrás de ella es la obligación de realizar una evaluación individual del trabajo de cada uno de los trabajadores cuyo resultado condicionará ni más ni menos que: el importe del sueldo, la permanencia en el puesto de trabajo y los ascensos en el escalafón. Conociendo el modo habitual de proceder de la clase política dirigente de todos los colores, no parece exagerado aventurar que este mecanismo será un arma camuflada para premiar a los amigos y castigar a los incómodos, disidentes o desafortunados.
¿ Con que parámetros se evaluará el desempeño del trabajo de los empleados públicos?, ¿ quiénes serán los evaluadores y a qué evaluación se someterán ellos?


Hasta ahora, para el sindicalismo de clase los sistemas tayloristas que condicionaban el importe del salario de cada trabajador al resultado de la evaluación individual de las tareas laborales eran particularmente execrables: rompían la negociación colectiva y sometían a los trabajadores a una carrera competitiva para ganar más dinero, poniendo en peligro su propia salud y degradando el ambiente de trabajo.

Pero el reciente Estatuto del Empleado Público, aprobado con elconsenso de los aparatos centrales de UGT, CCOO y CSIF, otorga carta de naturaleza a estos métodos empresariales tan caros al capitalismo neoliberal, tras años de ensayos y experiencias en las administraciones públicas de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, con la coartada de la necesidad de incrementar la eficiencia y la productividad del sector público ( el mismo discurso falso que viene legitimando la privatización generalizada de los servicios públicos). Un buen espejo en el que mirarse para desarrollar políticas laborales progresistas.

Mientras tanto y volviendo a Asturias, en la recta final de la campaña electoral el Gobierno plural de la izquierda, con el silencio cómplice de la supuesta oposición, decide ser el primero en todo el Estado en implantar esa nueva modalidad de carrera profesional, ofreciendo un dinero adicional a sus trabajadores, sin decir que les pedía a cambio. Pero fue el primero por la sencilla razón de que utilizó descaradamente un atajo: ni se aprobó previamente una ley autonómica que la habilitara, ni se definió el sistema de evaluación del desempeño, como exige el Estatuto del Empleado Público.

Ante la obstinación en mantener una resolución de convocatoria impresentable, las centrales sindicales rebeldes anunciaron acciones judiciales frente a la misma con el fin de frenarla por esa vía ya que había fracasado la de las movilizaciones. Al menos SUTEA, CSIF , USO y la Corriente Sindical de Izquierdas interpusieron recursos ante la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero sorprendentemente, fue la Corriente la única central sindical que actuó con coherencia entre lo que dijo y lo que hizo, pues quedó en solitario instando la suspensión del acto impugnado. Si lo que se pretendía era parar los efectos de una convocatoria inadmisible por tantos motivos, ¿ cómo puede explicarse desde la lógica y el sentido común que los recurrentes se conformasen con esperar una sentencia que, en el mejor de los casos llegará dentro de tres años, cuando sus efectos resultarían ya totalmente nulos?

Si en este asunto de la acción judicial se va realmente en serio y no de farol y lo que se pretende es parar una resolución que se dice impresentable y gravemente atentatoria para los derechos de los trabajadores, la solicitud de suspensión de la misma, tal y como hizo la Corriente, es la única actuación coherente. Quienes la recurrieron pero no se opusieron a que siguiera desplegando sus efectos deberían explicar convenientemente el sentido de su actuación. La hipocresía desplegada por los portavoces de USIPA y CSIF acusando a la Corriente Sindical de Izquierdas de imprudencia es una muestra elocuente del sindicalismo de pasteleo y doble moral que nos inunda.

Finalmente y de momento, la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidió estimar la pretensión de la Corriente, acordando suspender la tramitación de esa “carrera profesional” tan peculiar. Pero en el colmo del absurdo programado, los amplificadores mediáticos del Gobierno y sus aliados apuntan ahora, de forma unánime, a la Corriente Sindical de Izquierdas pidiéndole explicaciones por su actuación. ¿ No resultaría más lógico y sensato en unos medios que se dicen independientes y pluralistas, pedir explicaciones al Gobierno asturiano sobre los motivos que le llevaron a dictar en plena campaña electoral una resolución que afectaba a miles de trabajadores y que ha sido suspendida por el máximo Órgano judicial de la Comunidad Autónoma por razones estrictamente legales, e informar objetivamente a la ciudadanía sobre el contenido del Auto judicial?

Pero el comportamiento de los medios de formación de masas asturianos en este asunto, como en tantos otros de especial relevancia, parece responder en palabras del viejo Marx, a la clase de discurso “autorizado por la policía y vedado por la lógica”

fuente: Javier Villa


http://www.glayiu.org/?accion=ver&tipo=analisis&id=1162

La pelota está ahora en el tejado del Principado

«Recurrimos a los tribunales porque se hizo una chapuza jurídica y de puro electoralismo» «La pelota está ahora en el tejado del Principado; lo que exigimos es negociar todo y que la paga sea consolidable»

MARCO GARCÍA RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CSI Oviedo, M. M.
-¿Por qué recurren y piden que se suspenda un acuerdo que beneficia e iguala a tantos trabajadores?
-Lo presentamos después de que el Gobierno regional, en un acto electoralista, anunciara el desarrollo de la carrera profesional sólo para ganarse el voto de los funcionarios. En realidad lo que hace es adjudicar un cantidad de dinero que no es consolidable, pero que además te pueden obligar a devolver si no superas unos criterios que ellos impondrían. Lo que hicieron es una chapuza jurídica y administrativa, y por parte del Principado es, además, un acuerdo de puro carácter electoralista.
-Lo que ha dicho el Gobierno es que está elaborando el borrador del proyecto y que el texto de la futura ley se negociará con todas las partes.
-En el acuerdo el Gobierno no facilita el baremo de valoración de los puestos, ni los criterios, ni siquiera el desarrollo de la carrera profesional. Nada. Es un cheque en blanco para que de manera arbitraria se reparta el dinero sólo entre algunos trabajadores.
-¿No incluía a todos los funcionarios?
-Nosotros lo que defendemos es que les den dinero a todos, también a los temporales, y que además sea un dinero consolidable. ¿Qué es eso de devolver lo que has cobrado si no cumples unos criterios de los que nadie te ha dicho nada y que además desconoces cómo se han establecido?
-Las críticas (ayer) contra su sindicato fueron muy duras.

-También hubo mucha gente que nos dio muestras de su solidaridad.
-Es que su recurso afecta a unas 20.000 personas, cuando CSI es un sindicato minoritario, que, por su escasa representatividad, no participa en las negociaciones.
-Antes había unas mesas sectoriales y CSI se sentaba en la de los funcionarios, pero la Administración eliminó esas mesas para dejar sólo a los grandes. Es una estrategia para eliminar a los que los pueden molestar. Usipa ha conseguido sentarse en la mesa grande, pero cuando culmine la transferencia del personal de Justicia también va a perder el sillón, porque no va a tener el mínimo del 10 por ciento que se exige.
-¿Van a retirar el recurso y abandonar la vía judicial, como les han pedido ayer los sindicatos mayoritarios?
-La pelota está en el tejado del Principado. CSI quiere negociar el desarrollo de la carrera profesional, los criterios, condiciones, etcétera. Y no es un capricho, es porque resulta fundamental para el futuro de todos los trabajadores de la Administración regional saber qué es lo que vamos a hacer, qué criterios se van a imponer para decidir quién cobra más y por qué. No se puede dejar a la arbitrariedad de la Administración. El dinero tiene que ser, además, consolidable y en ningún caso se puede exigir su devolución. Y si no, seguiremos adelante.
Fuente:La Nueva España

Los tribunales suspenden la Carrera Profesional. Una Propuesta de Solución

Los tribunales suspenden la Carrera Profesional. Una Propuesta de Solución

Con fecha 5 de octubre de 2007, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dicta un Auto por el que se suspende cautelarmente el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de las empleadas y empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias.

En su momento entendimos que de no recurrirse, se estaría poniendo a los empleados públicos ante una decisión a ciegas, porque no se sabe cuál es el contenido real de la carrera; y la suspensión cautelar se pidió precisamente para evitar los perjuicios económicos irreparables que se producirían para los empleados que decidieran no adherirse al considerar que tienen derecho a conocer previamente los requisitos, condiciones y las posibles consecuencias de la adhesión.

A continuación os desarrollamos las consecuencias de la situación jurídica de este proceso tras dicho Auto, os recordamos las razones que nos llevaron a rechazar este modelo de carrera y a solicitar su suspensión cautelar, denunciamos las hipócritas actitudes de las otras partes implicadas, y exponemos las posibilidades de desbloqueo del tema.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA PROFESIONAL

La carrera profesional convocada por Acuerdo de Consejo de Gobierno en el BOPA de 18 de mayo de 2007 NO ESTÁ ANULADA, sólo suspendida cautelarmente. El Presidente de la Sala establece en su Auto que “de no suspender el acto impugnado por la Corriente se causarían perjuicios irreversibles al recurrente en la legítima finalidad de su pretensión, supondría una grave perturbación del interés general o de terceros, y sería mayor el daño derivado de la ejecutividad del acto”. Por otra parte, y dado que NADIE SE OPUSO a la petición de suspensión cautelar, se entiende que con ella “no se dan perjuicios para el interés general”.

Así pues, no se anula la carrera, la situación es que se queda a la espera de sentencia resolutoria de la demanda presentada, demanda basada en estas tres razones: falta de Ley de Función Pública de competencia autonómica de desarrollo (arts. 16 y 17 del Estatuto), falta de la aprobación previa de sistemas objetivos de evaluación (art. 20.5), y exclusión del personal temporal.

En nuestra opinión es imprescindible seguir luchando por conseguir una Resolución que suponga un modelo de carrera objetivo, justo, con unos baremos definidos y consensuados, en vez de aplicar la vigente con todas sus lagunas y todos sus ataques a nuestra dignidad y nuestra independencia, con unas cantidades no consolidables, sometida a los futuros criterios subjetivos de la Administración y de cuya evaluación se pueda desprender la devolución de las cantidades abonadas.

NUESTROS MOTIVOS DE RECHAZO SIGUEN VIGENTES

Insistimos en nuestra postura crítica y de rechazo frontal a este modelo de carrera profesional, que ya conocéis por anteriores informaciones. Resumiendo, estos son nuestros motivos:

· Este modelo de carrera supone una supeditación a una evaluación del trabajo desarrollado que nos acerca peligrosamente a modelos de empresa privada en los que se prima la negociación individual de nuestras condiciones de trabajo laborales y económicas por encima de la negociación colectiva.

· Es impresentable que se exija a los compañeros y compañeras que se adhieran a “algo” que está sin desarrollar ni concretar: con el cebo del dinero, se pedía FIRMAR UN CHEQUE EN BLANCO, con lo que ello supone de ataque a nuestra dignidad.

· Tal y como marca el nuevo Estatuto del Empleado Público, para desarrollar este modelo de carrera profesional, antes debe de aprobarse una Ley de Función Pública que concrete su contenido, condiciones, etc., algo que está sin hacer.

· EXCLUYE A TODO EL PERSONAL TEMPORAL.

· Es abiertamente CLASISTA, abriendo aún más el abanico salarial.

· Va a suponer entrar en una carrera competitiva entre compañeros para ganarse la valoración positiva del jefe, con el consiguiente servilismo y mal ambiente de trabajo

· Las cantidades percibidas no consolidarían.

· La Administración podría hacer devolver las cantidades percibidas con posterioridad a su cobro.

LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO Y SU HIPOCRESÍA

La Administración

En un vergonzoso acto de servidumbre de la Administración Pública hacia el gobierno en el poder, pocos días antes de las elecciones autonómicas se publicó la Resolución por la que se convocaba la carrera profesional (con acto público incluido en el EASMU del candidato del PSOE, Sr. Areces). Esta prisa por intereses claramente electoralistas llevó a que esta convocatoria se realizara de forma absolutamente chapucera sin desarrollar objetivos de la carrera, destinatarios, baremos de aplicación, etc., etc. A día de hoy sólo sabemos que presentaron la solicitud aproximadamente 3.800 compañeros y compañeras, pero desconocemos (incluida la propia Administración) cuántos de ellos tienen realmente derecho a percibir ese dinero.

Y es que las incógnitas y dudas que nos hicieron rechazarla siguen por desgracia vigentes:

- ¿Quién tiene derecho a percibir esas cantidades? ¿Qué quiere decir “personal fijo con cinco años de antigüedad: cinco años como personal fijo, se reconocerá antigüedad como temporal? El tratamiento que se le da al concepto de antigüedad como personal temporal es de reconocerlo a muchos efectos (como los económicos) cuando se obtiene la condición de fijo, pero la postura de una parte de la D. G. de Función Pública antes del cambio de Gobierno de no reconocerlo conllevó una cascada de reclamaciones y recursos. ¿Cuál es la postura del nuevo equipo de Función Pública?

- ¿Qué sucede con el personal que en este intervalo de tiempo promocionó de Grupo? El caso más llamativo son los cientos de compañeros de la guardería medioambiental, pero evidentemente hay muchos más. Es un caso parecido al anterior, pero se sigue igualmente a la espera de la interpretación que se le dé por los nuevos responsables de Función Pública.

- ¿Cómo puede plantearse que hay dinero suficiente cuando ni tan siquiera se sabe el número de posibles afectados? Nunca se hizo una valoración seria del dinero que habría que habilitar para este concepto, y desde luego, con una más que previsible prórroga de los Presupuestos a la vista, mucho nos tememos que esta aventura tenga un futuro incierto.

- ¿Cuándo decían que se iba a cobrar? Oportunistamente, la Administración dice ahora que pensaban abonar el primer tramo en la nómina de noviembre, pero lo cierto es que a día de hoy aún se están revisando una por una las solicitudes de adhesión presentadas, por lo que es materialmente imposible que en este año se pudiera abonar ninguna cantidad. ¿O quieren decir que se abonaría a cuenta a todos los compañeros y compañeras que lo hubieran solicitado, aún a riesgo de que posteriormente se comprobara que no reunían los requisitos?

Otros sindicatos

Todos las organizaciones sindicales con representación en la Administración Asturiana, excepto CCOO y UGT, nos opusimos frontalmente a esta Resolución que ahora se suspende cautelarmente. Ante el Auto que dicta la suspensión cautelar, que es consecuencia únicamente de los incumplimientos flagrantes de la legalidad cometidos por la Administración, resulta que tanto CCOO como UGT parece que exculpan absolutamente a la empresa por su actuación chapucera en este asunto y, sin embargo, cargan contra la CSI, por haber llevado a los Tribunales de Justicia un asunto en el que entendemos que no se cumple la normativa legal, siendo nuestra única pretensión defender nuestros derechos como trabajadores entendiendo que tal y como está planteada en este momento la convocatoria de adhesión a la carrera profesional, se causan perjuicios a los derechos e intereses de los empleados públicos; pues bien, los dos sindicatos referidos, se rasgan las vestiduras y, entre insultos, nos acusan de mil y una maldades con las que queremos perjudicar a las empleadas y empleados públicos.

Por nuestra parte, sólo queremos plantearles una serie de preguntas:

· ¿Por qué están de acuerdo en amparar la quiebra del derecho de negociación colectiva, implantando un modelo de empresa privada en el que cada empleado público tendrá sus propias retribuciones según supere o no una evaluación de su trabajo?

· ¿porqué empujan a adherirse a “algo” que está sin desarrollar y que no se sabe qué contrapartidas va a suponer?

· ¿por qué aceptan incumplir ese Estatuto Básico del Empleado Público que tanto defienden al aplicar una carrera profesional sin desarrollarla en una Ley de Función Pública (arts.16 y 17) ni aprobar previamente un sistema de objetivos de evaluación (art.20.5)?

· ¿por qué dejan tirado a todo el personal interino y temporal con el que tanto se les llena la boca habitualmente?

· concretamente CCOO ¿porqué rechaza este mismo modelo de carrera para el personal docente y lo defiende en nuestro caso?

· ¿están dispuestos a someter a la evaluación de las empleadas y empleados públicos las generosas subvenciones concedidas por la Administración en el BOPA de 10 de octubre (72.000 euros a CCOO y 68.000 a UGT)? Nuestra independencia respecto a la Administración es clara y evidente, pero ¿pueden decir ellos lo mismo?

NUESTRA DISPOSICIÓN

Esta situación actual de bloqueo tiene una solución posible y realista que pasaría por que la gran responsable de dicha situación (la Administración) muestre su disposición a negociar y consensuar con todas las organizaciones sindicales una nueva Resolución clara, transparente, objetiva y justa, en cuyo caso podríamos plantearnos incluso el retirar la demanda.

Esa negociación debería plantearse sobre las siguientes premisas:

- Consolidación de las cantidades, y eliminación de la posibilidad de tener que devolverlas.

- Eliminación del acusado clasismo que se desprende de las actuales cantidades: exigimos que en ningún caso la diferencia entre las cantidades más altas y más bajas sea más del doble. El grupo E debe percibir como mínimo la cantidad de 1.500 €.

- Inclusión del personal temporal e interino.

-Eliminación de cualquier evaluación individual que suponga establecer condiciones y retribuciones distintas para las empleadas y empleados públicos, de forma que no se quiebre el derecho de negociación colectiva.

Por otra parte, en ningún momento deben perderse los efectos retroactivos desde la fecha del Acuerdo del Consejo de Gobierno recurrido; no hay ninguna traba legal para que eso llegue a suceder.

¡¡¡ No al Estatuto Empleado Público!!!.

La ley Estatuto Básico del Empleado Público ha sido aprobada en Abril de 2007.

Para la Corriente Sindical de Izquierda se trata de una norma regresiva y atentatoria contra las condiciones básicas de imparcialidad de los empleados públicos y al servicio del clientelismo político y sindical del gobierno y de los sindicatos mayoritarios.

Ataca la imparcialidad para la prestación del servicio público, la igualdad en el acceso al empleo público y la promoción profesional y la equidad y la justicia retributiva, castigando a los trabajadores que no se rinden y dicen a todo que si, es un gravísimo ataque a la independencia y al pluralismo

La CSI ha elaborado un documento donde critica este Estatuto, el mismo se divide en nueve títulos:

1. Ámbito de Aplicación. Quedan fuera las sociedades mercantiles públicas (sogepsa, etc).
   
2. Sistemas de Selección. El Concurso es un procedimiento normal. Se haran entrevistas.
   
3. Clases de Personal. Se introduce la figura del personal directivo.
   
4. Carrera profesional.Clientelismo político-sindical, perdida de imparcialidad
   
5. Provisión de Puestos de Trabajo.Se fortalece la libre designación
   
6. Sistema Retributivo.Neoliberalismo, precariedad, insolidaridad,clientelismo.
   
7. Negociación Colectiva.Privilegia a UGT y CCOO, anticonstucional, reduce derechos.
   
8. Grupos profesionales.Dudas con el Grupo E
   
9. Consolidacion. Todos los amigos para dentro en el 2007, los demas que se jod....¡¡¡¡

(Leer todo el Documento)

¿Quién realiza la evaluación? ¿Qué se evalúa?

Reproducimos, por su interes, un árticulo de Toni Carrasco (Stes-i) en el que analiza el EBEP y especialmente la Evalucion del Desarrollo.

" Cuando hace año y medio se iniciaron los trabajos para la elaboración de un nuevo estatuto del personal empleado público, que sustituyera la antigua, dispersa y mil veces corregida legislación vigente, se abrió una puerta a la esperanza de ver reconocida la nueva situación por la que atraviesan las Administraciones Públicas y las necesidades de regulación para su personal, adaptada a los tiempos que corren.

Veíamos la oportunidad de configurar unas Administraciones Públicas democráticas, descentralizadas, profesionalizadas, regidas por criterios objetivos e independientes, por lo tanto, del poder político de turno. Unas Administraciones que tuvieran como objetivo primordial la rentabilidad social de su actuación, asegurando unos servicios públicos universales y de calidad.

Con la presentación en sociedad del borrador de Estatuto Básico, esas ilusiones se nos han venido abajo. En la propaganda que el Ministerio está haciendo de los contenidos del Estatuto, se mezclan visiones interesadas de la realidad con propuestas populistas que nada tienen que ver con la solución real de las necesidades de las Administraciones Públicas.

Sin entrar al detalle de todo el contenido del borrador de Estatuto presentado, sobre lo que podríamos escribir muchos folios, dos asuntos nos llaman especialmente la atención. Uno es la publicidad que se está haciendo sobre la necesaria modernidad y eficacia que debe presidir la gestión del ámbito público. El otro es la visión dada sobre el personal empleado público y la consecuente necesidad de una combinación de “palo y zanahoria” para asegurar su eficiencia y el interés por su trabajo.

Como respuesta a la gestión más eficiente se proponen criterios que entran de lleno en el marco de la empresa privada cuyo objetivo fundamental es la obtención de beneficios. Entiéndase, beneficios económicos para los empresarios y accionistas. Por eso se propone, entre otras medidas, la aparición del Personal Directivo.

Este personal será elegido por sus capacidades de gestión empresarial, sin necesidad de pasar por filtros en los que se aseguren los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que al personal empleado público sí se le aplican. Este personal directivo (dicen que para que no se vaya a la empresa privada) tendrá unos salarios muy superiores a los del resto del personal.

Con este tipo de propuestas se olvida el objetivo fundamental de las Administraciones públicas, que no es el beneficio económico, sino lograr que los Servicios Públicos lleguen con la máxima calidad, al conjunto de la ciudadanía y que la gestión de las Administraciones debe servir a ese interés (general), con eficiencia. Desde luego, con las características dadas al personal directivo, su interés vendrá dado por los salarios de grandes directivos y no por el bien público.

El ejemplo de la creación del personal directivo es sólo una muestra de la corriente ideológica que impregna todo el texto y la gestión que se propone, tanto desde el anterior Gobierno como desde el actual. Bajo el pretexto del mejor funcionamiento se está tratando el sector público con criterios empresariales. Así se justifican todos los procesos de externalización y privatización de servicios o los sistemas de gestión privada en muchos centros públicos, como es el caso de las fundaciones sanitarias. Es decir el Estado renuncia a ser el gestor directo y garante de todos los Servicios Públicos y los derechos sociales se hacen realidad, sólo si son rentables sus aplicaciones, con lo que ello supone para los sectores más desfavorecidos de la población.

Relacionada con el modelo de gestión privada está la visión que se da del personal empleado público y la necesidad que se trasluce de controlarlo. El Ministro de Administraciones Públicas olvida que en la actualidad y si se quiere, ya hay formas de controlar a quien no hace bien su trabajo. El problema no es primar a quien hace más y mejor trabajo, ni castigar a quien no lo hace. El problema es que no se quiere reconocer que, en demasiadas ocasiones y en demasiados Sectores y Administraciones, se premia a quien es más servicial o más amigo del superior administrativo o político de turno, con independencia del trabajo realizado.

Se habla de la evaluación como el instrumento ideal para valorar los méritos del personal. Pero ¿quién realiza la evaluación? ¿Qué se evalúa? Lo único fiable para hacer un análisis es observar la realidad y no lo que pueda decirse en un texto legal o desprenderse de una intención. Si sucede como hasta ahora, la evaluación servirá fundamentalmente para discriminar negativamente a quienes no sean sumisos. Hoy ya se reparten productividades de forma totalmente arbitraria, se favorecen comisiones de servicio a destinos privilegiados fortaleciendo redes clientelares familiares, políticas o sindicales, se castiga a un despacho vacío y sin trabajo a quienes no se prestan a ser cómplices (por cierto ¿cómo evaluarán el trabajo de estas personas a las que se infringe este tipo de mobbing?)... Lo necesario para solucionar estas sinrazones no es dar un instrumento para que los actuales responsables de estas barbaridades puedan seguir haciendo lo mismo.

En la publicitada propuesta de Estatuto Básico no hay ni una sola referencia al control democrático, a la participación en la gestión, a la publicidad de las evaluaciones, al sorteo para la determinación de todos los tribunales... Medidas todas ellas que sí favorecerían la objetividad y la independencia de las Administraciones Públicas.

Desde luego, cuando el Ministro Jordi Sevilla habla, se olvida del personal empleado público que a pesar de ver como encoge su salario año tras año y que le aumenta el trabajo y no los medios, da la cara todos los días. Se olvida del personal que está condenado a un puesto de trabajo sin posibilidad de traslado porque no convocan concursos, que ve como su compañero se ha ido en comisión de servicios a un mejor puesto gracias a influencias, que no tiene acceso a cursos de formación porque no es de los sindicatos que la monopolizan y su Administración no los ofrece.

El personal empleado público que, a pesar de todo eso, sigue dando la cara todos los días en su trabajo porque piensa que los ciudadanos y ciudadanas que se le acercan no tienen la culpa de que el servicio público que presta esté en tan malas condiciones y hace lo posible para, con los medios que la Administración le da, responder lo mejor que puede a sus obligaciones. Las suyas, sí, pero sobre todo, las del Estado.

Toni Carasco "
Fuente:Stes-i