Bienestar Social no hace los deberes

La Asociación Asturiana de Adoptantes (Asturadop) denunció ayer el «incumplimiento de plazos que está llevando a cabo la Consejería de Bienestar Social en la obtención del certificado de idoneidad, un documento indispensable para adoptar, tanto en la tramitación de expedientes de adopción nacional como internacional». Uno de los miembros de la asociación incidió en que «la Administración asturiana bate el récord de lentitud con creces, situando el tiempo medio de esta tramitación en dieciocho meses».

«El Defensor del Pueblo nos ha dado la razón, pero nosotros seguimos sin nuestros certificados de idoneidad y sin poder abrazar a nuestros hijos e hijas», prosiguió, «alargando un ya largo y doloroso proceso para nosotros, los futuros padres adoptantes».

Este plazo difiere del que maneja la Consejería de Bienestar Social, que precisa que «el plazo medio de las adopciones en Asturias depende, en primer lugar, de que se trate de una adopción nacional o internacional».

«En las internacionales, el Principado no concede la adopción», precisan fuentes de la Consejería, «sino que únicamente tramita los certificados de idoneidad de las familias». «Son los países de origen de los niños quienes conceden la adopción», según la Administración. «En cuanto a Bienestar Social, tarda un año aproximadamente en la tramitación de la idoneidad y en cumplimentar todos los trámites», sostiene, «pero lo que tarde en formalizarse la adopción depende de la disponibilidad del país de procedencia del menor». «En el caso de las adopciones nacionales», concluye, «el plazo depende de los niños disponibles en cada momento y del perfil de las familias adoptantes, ya que no todos los niños disponibles pueden ajustarse a determinadas familias. La tramitación del expediente dura también un año. Otra cosa es que al cabo de este tiempo haya un menor en situación de ser adoptado».

«La reinserción en la cárcel no es una utopía; nosotros la tocamos a diario»

UNIDAD TERAPEUTICA Y EDUCATIVA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA


Por Laura Fonseca / Fotos Joaquín Pañeda (Fuente: El Comercio)

En la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona hay menos rejas y más puertas abiertas. Los presos, unos 300, pasean por los patios con ‘libertad’, van a clase o aprenden un oficio. Son los internos e internas de Faustino García Zapico y Begoña Longoria, los impulsores, mentores y defensores a rabiar de este novedoso proyecto carcelario, que hizo temblar los cimientos de las instituciones penitenciarias al demostrar que «la reinserción es posible». Él, educador de Avilés y con 52 años, tenía claro desde que se metió en esto que «busca algo revolucionario al pretender mejorar las condiciones de vida en la cárcel». Ella, trabajadora social de Oviedo y con 47 años, quería «ayudar a gente que, como yo, provenían de un barrio humilde y un día se les torció la vida». Ambos confiesan sentirse «orgullosos» de pertenecer a la plantilla de Villabona y de contribuir con su trabajo a «sacar a la gente del infierno».

–¿Qué recuerdan de los primeros tiempos, cuando apenas un puñado de cinco presos aceptó formar parte de esta aventura?
–Begoña Longoria. –Fueron unos inicios muy duros, ya que nadie nos apoyaba, ni los propios compañeros, ni la dirección del centro. Nos miraban como a ‘bichos raros’, como diciendo: «¿adónde van estos dos?».

–¿Les tenían miedo?
–B. L. –Más bien nos veían como a dos prepotentes que íbamos buscando un imposible. La pelea fue diaria durante años, pero, al final, nos salió bien.

–¿Pudieron acabar con la droga en poco tiempo?
–B. L. –No, nos costó mucho. Durante los dos primeros años seguía entrando heroína. En 1994 se erradicó todo tipo de consumo gracias a la implicación de los internos en la cogestión de la Unidad Terapéutica.

–Pero la cárcel tardó mucho tiempo en creer en el proyecto.
–Faustino García. –La institución penitenciaria es cerrada y jerarquizada. Es el último sitio donde uno se propondría innovar o transformar. A pesar de los pocos apoyos, preferimos no entrar en guerra con la institución y seguir trabajando a nuestro aire. Al final, el apoyo, aunque tarde, llegó.

Leer todo

Programa de Información telefónica, Ley de Dependencia y Privatizaciones

La Corriente Sindical de Izquierda (CSI) ante las declaraciones de la Consejera de Bienestar Social asignando la gestión del " Teléfono de la Ley de Dependencia" queremos manifestar, una vez más,:

1. Nuestra oposición a la privatización de otro servicio público. Algo sorprendente por parte de un Gobierno que se llama socialista.
2. Exigir que la gestión de la red de casas de acogida a personas víctimas de violencia de genero, sea, de nuevo, pública.
3. Manifestar que estos servicios, como otros muchos privatizados, ofrecen una mayor calidad a los ciudadanos cuando se son públicos y no privados.
4. Denunciar que la Cruz Roja se esta convirtiendo en la autentica gestora ( en lugar de la Consejería) de la política de Bienestar Social de Asturias.Con lo que supone de precarización laboral, descenso en la calidad de los servicios, "filtración y digitalización" en la selección de personal y sustracción al control social, propio de una sociedad democrática.
   
5. En este sentido trasladaremos esta política de privatizaciones a el Comité de Empresa de la Consejería y a la Junta de Personal , para que estos órganos de representación de los trabajadores públicos se posicionen al respecto.
   

Por otro lado insistimos en que se debe abrir una investigación seria por la Junta General del Principado en relación al funcionamiento de la denominada "Casa Malva".

Salarios: España va bien, pero mejor los partidos y sindicatos en el reino de la precariedad

Cuando el ministro de economía del PSOE Carlos Solchaga, 1985-1993, afirmaba que España era el país en donde uno podía hacerse rico más rápidamente, no se refería en absoluto a la mayoría que ha de vivir de su trabajo y salario, sino con toda seguridad a su círculo de amigos, porque como ministro y con la información que tenía, conocía bien los hilos que mueven la economía y el dinero. Las cifras, aunque áridas, son elocuentes y reflejan la dura realidad. La Agencia Estatal de Administración Tributaria publica la estadística de salarios, pensiones y desempleo de 1999 a 2005. Los datos son fidedignos salvo el sumidero de la economía sumergida que afecta al conjunto de la población pero que sólo beneficia a los tramos altos de renta y a la especulación. De un iceberg asoma la novena parte pero aquí apenas nada. También habría que hablar de las rentas del capital, datos y beneficiarios pero, la información disponible es más que escasa.

En 2005 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era de 7.182 euros/año y el sueldo bruto medio de los 18,4 millones de trabajadores 16.018 euros/año (2,2 veces el SMI) y su distribución todavía más alarmante porque 5,4 millones de trabajadores, el 29,3%, habían de conformarse con 3.075 euros/año. Con un salario ente 1 y 2 veces el SMI, se encontraban nada menos que a otros 5,04 millones de trabajadores, el 27,4%, con 11.024 euros/año. Estos dos grupos suman 10,4 millones de trabajadores y representan el 56,7% de los asalariados pero, en cambio, sólo perciben el 24,5% del total de la masa salarial con un sueldo medio bruto de 6.919 euros/año. Aflora aquí con toda crudeza la realidad de las Empresas de Trabajo Temporal, los contratos basura, contratos por días, por horas, y un largo etc de corrupción y de explotación.

El SMI de 2005 respecto a 1999 bajó el 1,5% (corregida la inflación del 25,1%) mientras que el PIB subió el 26,1%. Si se mantuviera el modelo económico impuesto "democráticamente" parece razonable pensar que esta debiera de haber sido la subida de los salarios, pero, este modelo económico tiene poco de razonable y menos aún las autoridades políticas responsables tanto del PSOE como del PP o de los sindicatos CCOO y UGT cómplices junto con el poder económico de la situación. Así se explica que los beneficios de las empresas se hayan incrementado el 73% (1999-2006) creciendo 2,2 veces más que la media europea que tampoco es ejemplo de nada. Todas estas circunstancias más la actuación interesada de los partidos políticos y de los sindicatos citados explican la precariedad del empleo, la siniestralidad laboral, la falta de inversiones, la cada vez menor especialización tecnológica, las privatizaciones de los servicios públicos, la corrupción y que la burbuja inmobiliaria sea el motor de la economía.

En el aspecto cualitativo todo sigue igual, empeora, en 1999 el salario medio era de 15.911 euros mientras que en 2005 de 16.018 euros. En 1999 el 58,2% de los trabajadores tenían un salario medio de 6.828 euros que representaba sólo el 24,9% de la masa salarial. Para 2005 el salario del conjunto de los trabajadores era de 16.018 euros (subiendo la ridícula cifra de 107 euros) pero el 56,7% de estos trabajadores sólo cobra una media de 6.919 euros (sube 91 euros) que representa el 24,5% de toda la masa salarial.

Para completar el panorama desolador de lo que es una economía socialmente represiva, en 2005 los 3,2 millones de desempleados tenían una prestación media anual de 2.897 euros y los 8,2 millones de pensionistas 9.604 euros/año de media.

De 1999 a 2005 (corregido el 25,1% de IPC) los ingresos percibidos por los tres conceptos: salario, pensión y desempleo "subió" de 12.296 a 12.766 euros/año. Esta "subida" del 3,8% de las retribuciones contrasta con el incremento del 26,0% del PIB en el mismo periodo. Es decir, en estos siete años las rentas del capital, banca, empresarios y los paraísos fiscales se apoderaron del 22,8% del PIB, de la parte correspondiente a los trabajadores (diferencia 26,0% PIB menos incremento salarios 3,84%).

El mercado laboral tampoco es mejor para los jóvenes, en 2005, los 3,08 millones de trabajadores menores de 25 años tenían unos ingresos brutos medios de 7.154 euros/año y los 5,7 millones de 26 a 35 años 14.105 euros/año. No parece necesario sacar conclusiones sobre la vivienda, natalidad, paro, pasotismo y unos cuantos fenómenos sociales asociados nada deseables.

El desequilibrio entre Comunidades Autónomas se mantiene de 1999 a 2005, los sueldos en las tres Comunidades más prósperas sigue siendo 1,5 veces más que en las tres menos favorecidas.

El ministro de economía Pedro Solbes y el Gobernador del Banco de España Fernández Ordóñez junto con Zapatero están siguiendo la estela de Solchaga en sus declaraciones y en los hechos pero, lo que es más grave es que las cúpulas sindicales de CC.OO. y de UGT lideran este proceso de precariedad.

Ancianos. 1620 esperando para alojarse

CHELO TUYA/GIJÓN

«No hay solución a corto plazo». Esa es la respuesta que da el Principado, a través del gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), a las 1.620 personas que están a la espera de obtener plaza en un geriátrico público. Esta cifra de mayores que necesitan asistencia (el 90% de las solicitudes las firman personas con un elevado grado de dependencia) aumenta un 50% la registrada hace cuatro años. En diciembre de 2003, recién iniciada la anterior legislatura, el entonces gerente del ERA, que luego se convertiría en viceconsejero de Bienestar Social por IU, Ángel González, se encontró con 1.088 peticiones sobre la mesa. Ahora, con la sexta singladura política regional concluida, Faustino Álvarez abandonará su puesto, una vez que la nueva consejera de Bienestar Social, la socialista Pilar Rodríguez, nombre a su sustituto, con 1.620 peticiones acumuladas en julio. Y eso después de haber alcanzado el pico histórico de más de 2.000 que se llegaron a producir en 2004.

Explica Faustino Álvarez que la lista de espera actual «es de 1.348 personas, que son de las que ya tenemos aprobada su solicitud». Hasta las 1.620 totales se deben añadir «8 personas que ya cuentan con el alta inicial, pero que aún no han ocupado su plaza; 185 que tienen pendiente aportar más documentación y 79 que deben pasar aún por la comisión valoradora».

Peticiones de emigrantes

De los 1.348 que ya han pasado todos los trámites, 118 esperan por uno de los apartamentos «para personas sin problemas de dependencia». Los otros 1.230 sí quieren «ingresar en una residencia», sobre todo 989 de ellos, «que son personas que necesitan asistencia total».

Por áreas sanitarias, la que lidera Oviedo, la IV, es la que copa la mayor parte de la demanda de plazas, con 471, entre las que firman personas que quieren ir a una residencia (424) y los que quieren disfrutar de un apartamento (47). Tras la capital, el área V, que lidera Gijón, aglutina el mayor número de peticiones, con 413, de las que 354 corresponden a aspirantes a usuarios de residencia y 59 de apartamentos. A la cola está el área II, que encabeza Cangas del Narcea, desde donde sólo se han presentado 9 peticiones, todas para geriátricos. Por tener, los municipios del suroccidente asturiano tienen menos demanda que la denominada 'área IX', la que conforman los emigrantes asturianos, y que ha registrado en julio 14 peticiones: 5 para apartamentos y 9 para geriátricos.

Una para cada 25

Álvarez asegura que «la demanda es muy alta, pues recibimos una media de 170 nuevas peticiones cada mes». No en vano, Asturias es la segunda comunidad más envejecida, tras Castilla y León, con una tasa de mayores de 65 años del 21,9% del censo, como indica el Informe de Personas Mayores 2006, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y presentado en junio.

Dicho documento no sólo insistía en el dato ya conocido de que el Principado es una comunidad envejecida que no renueva su pirámide poblacional. Evidenciaba también que, pese a su alto porcentaje de residentes sexagenarios, no alcanza la media nacional en servicios a los mayores, al tener menos oferta de centros de día y ayuda a domicilio que el resto de regiones y disponer, únicamente, de una plaza geriátrica para cada 25 personas de más de 65 años.

Ante esta situación, el gerente del ERA tiene claro por dónde pasan las soluciones, algo que, asegura, «no tienen ninguna ciencia: se deben aumentar los conciertos con los geriátricos privados, la ayuda a domicilio y los centros de día, ya que muchas personas seguirían viviendo en sus casas si tuvieran asistencia a diario o pudieran pasar unas horas en un centro en el que reciben atención y compañía».

Y eso sin olvidar la construcción de nuevas plazas, respuesta en la que Faustino Álvarez cree que el Principado ha dado «un paso muy importante en estos cuatro años, ya que la inversión del ERA pasó de los 60.000 euros que tenía consignados en 2003 a los 16 millones de este año».

Este incremento inversor se ha traducido en un aumento de 11% en la cifra de habitaciones públicas, pasando de las 2.700 de 2003 a las actuales 2.975. El gerente del ERA afirma que el crecimiento «es aún mayor, ya que hay más de mil plazas en marcha».

En concreto, según el documento entregado por Laura González a la actual consejera, Pilar Rodríguez, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, en obras hay actualmente 786 plazas, de las cuales 40 corresponden a los apartamentos que se habilitarán en el complejo geriátrico de Montevil. Éste, junto a la residencia de Pola de Siero y la de La Tenderina (Oviedo), concentran la mayor parte de los trabajos, con 364 plazas en marcha.

A ellas se suman los proyectos, ya aprobados, de 226 nuevas plazas distribuidas en El Naranco (130 plazas más centro de día), Moreda (80 plazas, más centro de día) y Teverga, donde la actual residencia será ampliada en 16 plazas. Asimismo, Patrimonio ya ha recibido la solicitud de terrenos para otras 284 plazas.

Oviedo: La precariedad laboral de Gabino.

Conforman el 40% de la plantilla municipal. El personal temporal que trabaja en el ayuntamiento --430 personas-- y los procedentes del Servicio Regional de Empleo --el antiguo Inem, que son 186-- soportan áreas municipales en las que apenas hay trabajadores fijos o funcionarios. Estas secciones son la Concejalía de Bienestar Social que, con un total de 197 empleados, se aprovecha de 150 contratos de este tipo y el área --paradójicamente-- de Empleo que no tiene funcionarios y emplea a 316 personas en total.

En detalle, Bienestar Social cuenta con 21 funcionarios y 26 contratados de forma fija. Pero el grueso del personal lo componen los empleados temporales --77 personas-- y los procedentes del antiguo Inem --73--, personal que carece de contrato directo con el ayuntamiento y que no cotiza. No obstante, este tipo de trabajadores se emplean en muchas otras áreas municipales, como en Deportes, Cultura y, en menor medida, en Tesorería o en Sanidad.

GRUESO DE NOMINAS El ayuntamiento destinó al mantenimiento las nóminas de los 1.536 trabajadores municipales 43,9 millones de euros. Del total, 34 millones son para los salarios de los funcionarios y 9,6 para los importes de la Seguridad Social. El departamento que más personal requiere es el de la Policía Local con 320 personas, casi todas funcionarios.

Estos datos se desprenden de la memoria de ejecución presupuestaria del 2006, en la que el equipo de Gobierno local gastó un total de 193 millones de euros entre los diferentes servicios y área locales. Del montante global, 18 fueron para los gastos de deuda pública, 21 para Seguridad Ciudadana, 15 para Urbanismo, 17 para Basuras, 14 para Cultura y 15 para Educación Física. La promoción de empleo absorbió cinco millones de euros.

FUNDOMA. ¡¡Todo un negocio !!

Menores, mayores y personas con discapacidad convivirán en el inmenso complejo de la Fundación Docente del Orfanato Minero de Asturias (Fundoma) a partir del primer semestre de 2009. Ésta es la fecha que la dirección del centro se ha fijado para terminar la reconversión de las instalaciones.

Se cumple ahora el primer aniversario del cambio de rumbo de la institución. Doce meses atrás, el patronato firmó un importante convenio con la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que incluye la renovación en los edificios. El Fundoma se comprometió a adecuar las instalaciones para usos sociales, con una inversión que ya supera los diez millones de euros.

A cambio, el Principado le alquilará las instalaciones durante los próximos 20 años, con posibilidad de prórroga, y se encargará de su funcionamiento. Abonará 37.100 euros mensuales fijos más 500,32 por cada una de las 273 plazas ocupadas al mes.
(41.684.966 euros. Esto es mas de cuatro veces de beneficios por alquilar)

El orfanato no ha perdido el tiempo aunque avanza sus obras «con tres meses de retrasos» por demoras administrativas, como la concesión de licencias municipales, reconoce su gerente, Dimas Suárez. Prevé financiar esta inversión con la venta de terrenos en Prados de la Fuente y con fondos mineros.

Las máquinas y los operarios ocupan el complejo desde hace meses. De hecho, ya está prácticamente acabado uno de los edificios centrales, que albergará la cocina, con cámaras industriales y enormes planchas y fogones; el inmenso comedor, que funcionará en régimen de autoservicio; y la lavandería.

Empezará a funcionar a partir del próximo 1 de setiembre para dar servicio a otros centros del Fundoma al margen de los renovados para el convenio. Como no todos los residentes podrán desplazarse hasta allí, la comida llegará a las residencias de personas no válidas a través de furgonetas.

La empresa El Corte Inglés también prevé finalizar la adaptación de 'El chalé', una residencia de menor tamaño que acogerá a 13 menores de entre 12 y 18 años, a mediados de setiembre. «Lo entregaremos al Principado, que tendrá que equiparlo. Pero por nuestra parte ya podría comenzar a funcionar este año», aseguró Suárez.

A unos metros, las máquinas trabajan en otra parcela. Tras el derribo del edificio 'Arco Iris' el pasado diciembre. la empresa Procoin procede ahora a la construcción de un nuevo centro para personas con discapacidad, que dispondrá de 54 plazas. El gerente del Fundoma calcula que la adjudicataria dejará listo el edificio para entregárselo a la Consejería de Bienestar Social en mayo de 2008.

Antes de esa fecha, «en el último trimestre del año», llegará el derribo de 'El trasgu'. Ofrecerá el mismo uso y número de plazas que el 'Arcos Iris'.

El último de los cuatro edificios que forman parte del convenio también tiene un nombre simbólico. 'El trisquel', que será residencia de ancianos con capacidad para 72 plazas, aún permanece intacto, pero también necesita cambios. Llegarán a finales de año.

Niños de la minería

La construcción de nuevos edificios era necesaria. Han pasado más de 70 años desde que Manuel Llaneza y un grupo de empresarios lo fundaron para dar acogida a los niños de la minería.

El edificio cambió de uso cuando las tropas franquistas incautaron el complejo, que lo convirtió en hospital provincial. No recobró su uso hasta los 60. Y en los 90, se cambio la forma estatuaria para convertirse en fundación. Mientras, la estructura de los edificios se han ido resintiendo.

COMUNICADO DE LA CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA RESPECTO A LA RED DE CASAS DE ACOGIDA DE MUJERES

Durante muchos años (hasta 1995) las personas víctimas de la violencia de genero fueron atendidas por profesionales ( principalmente educadoras) de la Administración de la Comunidad Autónoma de Asturias de forma excelente ( muchos años en la Consejeria de Acción Social). Todo: programa, personal, recursos, .... era de titularidad y gestión pública.

Fue a partir de 1995 cuando el PSOE decidió, cargándose la experiencia reunida pacientemente y desaprovechando al personal público-, privatizar este programa social y entragárselo a la Cruz Roja, verdadera empresa-subcontrata para servicios sociales ( que casi se lleva el 50 % del presupuesto del IAASIFA por poner un ejemplo), controlada en Asturias por el PSOE; "más barata" que la Administración Autonómica y que muchas Entidades Locales, dirigida en ese momento por Carmen Veiga (PSOE. Actual Gerente del Jovellanos).

Con esta medida, se trataba de abaratar los costes del servicio, y además escapar al control social por parte de los ciudadanos sobre la gestión, y en parte el diseño, de la políticas públicas en materia social.
El enchufismo a la hora de contratar profesionales (+ Roja utiliza el método de selección del "digitalismo", de dedo), lo que ocasiona precariedad, falta de independencia de los profesionales, malas condiciones de trabajo, miedo a la crítica, lentitud para corregir los errores.Unido a la falta de un adecuado control público puesto que las responsables de + Roja no responden directamente a la ciudadanía sino a sus propios órganos de gobierno, y tan solo indirectamente a quien les contrata.
Todo esto, insistimos una vez más, esta en la base de la problemática que en estos días se ha manifestado públicamente en relación a la llamada "Casa Malva".

Por todo esto la Corriente Sindical de Izquierda (Sección de Bienestar Social) solicita que, aparte de las correcciones que la investigación pública aconseje tomar ( que entendemos que es urgente), la gestión de los programas de atención a las personas víctimas de la violencia de genero vuelva a ser pública y deje de estar en manos + Roja u otra ONG/empresa ( más bien pro-gubermental).

Todos , incluso el PSOE, ganaremos con ello.

En Gijón, a 25 de agosto de 2007

Sobre el Salario Social

Comienza pronto el Gobierno del señor Areces a poner de manifiesto los motivos por los que la Federación Socialista Asturiana no quiso un pacto de gobierno con IU. Son el señor presidente y varios los consejeros los que se han dado prisa, en diversos medios de comunicación, en tomar posiciones contrarias a algunos de los planteamientos de Izquierda Unida, que ya fueron aparcados en las negociaciones previas para formar un Gobierno de izquierdas: el Presidente señala la prioridad de negociar el Estatuto con el PP; algunos consejeros adelantan la construcción del pantano de Caleao, de la incineradora... etcétera. Queda claro, si no lo estaba ya, quién no quiso un pacto de izquierdas en Asturias.

Pero en esta premura, casi precipitación, por marcar diferencias gana en atrevimiento la nueva consejera de Bienestar Social, que lacónica pero rotundamente afirma que ha fallado el salario social, una de las acciones emblemáticas para Izquierda Unida del Gobierno plural.

No quiero ahondar en el hecho de la crítica apresurada de la nueva consejera a su predecesora. (A Laura nunca se le pasó por la cabeza comenzar criticando al anterior consejero. Pero, en fin, es cuestión de «talante», que se dice ahora). Lo que quiero subrayar es que las diferencias del señor Areces con Izquierda Unida vienen ya de antes, como se pusieron de manifiesto públicamente en varias ocasiones. Y uno de los puntos que llegaron a poner en riesgo de ruptura el Gobierno anterior fue precisamente el salario social. El señor Areces rechazaba, contra todos los acuerdos políticos y sociales firmados, el considerar el salario social como un derecho subjetivo. El miedo a que los pobres o excluidos pesaran demasiado sobre el Presupuesto. Un dinero público para el que el Presidente no tiene el menor escrúpulo en dedicar a obras gigantes, de discutible necesidad, que suman miles de millones de euros, frente a los 12 millones anuales del salario social.

Ahora, y para comenzar su mandato, es la nueva Consejera de Bienestar Social la que en declaraciones tempranas realizadas al menos en dos ocasiones se muestra crítica con el salario social: «El salario social falla. Es más importante que encuentren trabajo». «Cronificarse en el salario social sería un fracaso del sistema», dice textualmente en dos medios de comunicación.

No se explicita si la crítica se hace al funcionamiento o al concepto. Criticar el fallo del salario social por el funcionamiento de escasos meses sería poco serio. Hay que deducir que lo que se critica es el propio concepto, un salario social no ligado necesariamente al trabajo, es decir, un salario social que sea derecho subjetivo de los sujetos que define la ley: las personas en grave situación de pobreza. Se trata, pues, de volver a las posturas al respecto del señor Areces.

Sobre estas posturas ya hubo muchas ocasiones de debate y aclaración en la tramitación de la ley. Debiera ser un tema sobre el que no repetir las mismas objeciones ya informadas. En todo caso, señalo algunos de los aspectos aclaratorios:

Los estudios que se han hecho, algunos exhaustivos, sobre el salario social donde lleva años en funcionamiento ponen de manifiesto que es un porcentaje bajísimo los que duran más de tres años recibiéndolo. Es decir, la gran mayoría de los que están en condiciones de trabajar deja el salario social por un empleo.
El que «encuentren trabajo», que le preocupa a la Consejera, depende más del mercado de trabajo, es decir, de la oferta escasa y de las exigencias cada vez mayores de los empresarios para contratar a personas. Hay muchos jóvenes, muy cualificados, buscando trabajo sin encontrarlo. Las personas que necesitan del salario social no son en general las que tienen mayores posibilidades.

La ley del Salario Social Básico tiene todo el título III dedicado a «Medidas de incorporación social», a los planes regionales y locales de integración social, y reconoce un doble derecho: «el de una renta básica y el establecimiento por el Principado de Asturias de los medios oportunos de prevención y lucha contra la exclusión social en su ámbito territorial y competencial» (preámbulo de la ley).

Señora consejera, es todavía un poco pronto para saber si ambos requisitos, que definen la ley del Salario Social, se cumplen o «fallan» en Asturias. Del Gobierno que preside el señor Areces y del que usted forma parte es la responsabilidad. En que se logren los objetivos que persigue la ley del Salario Social Básico va a contar usted con la exigencia y el apoyo de Izquierda Unida.

Manuel García Fonseca fue diputado regional y también diputado nacional por Izquierda Unida.

Un adolescente reclama que no se le reenvíe a Cataluña

LA VOZ DEL REFUGIADO

"Quisiera quedarme en Asturias y quiero ser carpintero

Foto:ARMANDO ALVAREZ

Tiene nombre de rey, pero su vida no ha sido precisamente de reyes. Faisal es marroquí. Nació en Larache hace 17 años. Apenas habla español, pero se hace entender. No lo ha tenido fácil. Llegó a España, escapando de la pobreza, en los bajos de un autobús. Ceuta, Algeciras, Barcelona y Asturias han sido las paradas de un largo viaje que a Faisal le gustaría sin retorno. "Quiero quedarme y ser carpintero", dice.

A la unidad de primera acogida del Materno Infantil de Oviedo recaló por primera vez el 20 de mayo de 2007. Hace apenas unos días volvió a atravesar de nuevo las puertas del Materno tras huir del centro catalán al que había sido devuelto desde Asturias. Su destino final, acordado por las autoridades catalanas, no era otro que regresar a Marruecos. Faisal sigue sin ser consciente de que su vida en el centro ovetense tiene fecha de caducidad. El Principado se lava las manos y argumenta que nada puede hacer por Faisal porque su tutela está en manos del Gobierno catalán. El Instituto de Infancia ultima ahora todos los trámites para trasladarlo una vez más a Can Mas, en Barcelona. "Si me vuelven a llevar, me vuelvo a escapar", asegura con cara de preocupación. Pincha para leer todo

Infancia envía a Cataluña a otros dos marroquís

Asturias no respeta los derechos de los Menores Inmigrantes

Sos Racismo:No a la expulsión de menores

Menores de ida y vuelta

Fuente:P.Z. (La Voz de Asturias)