Mas de la represión en el ayto de Avilés

El día 27-10-2003 un trabajador de la Fundación deportiva municipal de Avilés publica en cartas al director de un periódico local una carta en la que denuncia la privatización encubierta de dicha fundación.
El día 29-10-2003 la policía nacional se presenta en su puesto de trabajo en hora de máxima afluencia de publico y le lleva al vestuario de personal para registrar su taquilla por un supuesto robo por el que fue denunciado por su jefe. Al día siguiente ese jefe retira la denuncia porque fue un “”error”, todo esto que es una infracción muy grave contra los derechos de un trabajador por un superior según la legislación fue puesto en tiempo y forma en conocimiento de la inspección de trabajo y de la empresa (Ayto. de Avilés) quienes se inhibieron y miraron a otro lado.
En el año 2004 el jefe que hizo la denuncia falsa de robo se querella contra ese trabajador y un compañero, acusándoles de injurias contra él por una octavilla en la que se narraba la denuncia falsa por robo y se decía que había sido condenado en 3 ocasiones por insultos, amenazas y vejaciones contra, precisamente, esos 2 trabajadores, esas sentencias son ciertas y son:
Juzgado de instrucción nº1 de Avilés Juicio de faltas 218/98
Juzgado de instrucción nº2 de Avilés Juicio de faltas 227/99
Juzgado de instrucción nº4 de Avilés Juicio de faltas 58/2002
En esa querella se les pide en total 90000€ de indemnización, está pendiente de juicio y, pese a haber aportado a la juez de instrucción las pruebas documentales de que todo es cierto y todos los testigos de las 2 partes reconocen no haberles visto repartir las octavillas, en julio de 2007 tuvieron que aportar 3000€ de fianza y están pendientes de juicio.
Ahora, además de ese juicio, el trabajador al que se le envío la policía y otras 2 compañeras están sufriendo la situación de que el Ayto de Avilés pese a la documentación abundante que demuestra su condición de trabajadores laborales fijos con mas de 20 años de antigüedad pretende sacar sus puestos de trabajo a oferta pública para, excusándose en una supuesta legalidad, a pesar de la existencia de sentencias y escritos diversos del propio ayto durante 20 años, seguir con el hostigamiento y represión a unos trabajadores ahora por la vía del despido encubierto en falsas telas de legalidad.