A cinco días de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo el Gobierno asturiano publicó en el boletín oficial una convocatoria dirigida a los trabajadores fijos de la Comunidad Autónoma, incluido el colectivo de la enseñanza, para adherirse voluntariamente a lo que denominaba “carrera profesional”. En la resolución de convocatoria se ofrece el abono anticipado de unas cantidades que ni siquiera se especifican, advirtiendo que el dinero se entregaría “ a cuenta”, de tal manera que si no se superaba la evaluación que se establecería en su momento, los trabajadores que hubieran percibido este dinero estarían obligados a devolverlo.
El único dato objetivo de la convocatoria era que sólo podían participar en la misma los trabajadores fijos del Principado de Asturias con una antigüedad mínima de cinco años. El resto de condiciones se ocultaban de forma absoluta y total: ni criterios de evaluación, ni baremos, ni calendario, ni tan siquiera – vuelve a reiterarse - el importe de los pluses salariales ofertados. Curiosamente, algunos de estos datos que se esconden en la resolución oficial de la Consejería de Administraciones Públicas, fueron adelantados por las centrales sindicales UGT y CCOO en correos informativos de difusión masiva.
La reacción sindical en el ámbito de la enseñanza fue inmediata: SUATEA, CSIF y el sector de la educación de CCOO, calificaron a la convocatoria como un ataque sin precedentes a la dignidad profesional de los enseñantes, un “cheque en blanco” que se ofrecía a los trabajadores con el cebo clientelar del dinero, omitiendo arteramente los compromisos que se les pedirían a cambio. Las movilizaciones no se hicieron esperar: 5.000 profesores y maestros tomaron las calles de Oviedo en el mes de junio exigiendo al Gobierno de Areces la retirada de la resolución de convocatoria de esa “carrera profesional”, a la vez que se pedía a todos los compañeros y compañeras que no firmaran la solicitud trampa.
Pero, como ya adelantamos, la convocatoria de pseudocarrera no afectaba sólo al colectivo de profesionales de la enseñanza pública, si no también a la totalidad de los empleados públicos fijos del Principado ( excluido el sector de la sanidad). Aunque sin contar con la cobertura mediática que tuvieron las masivas movilizaciones de la educación, los sindicatos llamados minoritarios en el ámbito del empleo público de la Comunidad Autónoma – USO, USIPA, CSIF y la Corriente Sindical de Izquierdas - también llevaron a cabo acciones conjuntas y por separado, denunciando la “cita a ciegas” a la que se estaba invitando a los trabajadores con maniobras más propias de un trilero.
Particularmente, la Corriente Sindical de Izquierdas fue la única central sindical que desveló documentalmente el planteamiento, nudo y desenlace de esa novedad llamada “carrera profesional” que el Gobierno y sus aliados sindicales pretenden hacer pasar como la panacea de la modernización del empleo público.
¿ De qué hablan estos especialistas en vanilocuencia cuando se llenan la boca con la “carrera profesional”?
No hace falta ser un experto en derecho de la función pública para saber que desde hace décadas existe carrera profesional en la Administración, con diferentes modalidades: concurso de méritos, promoción interna entre grupos, libre designación o promoción “ a dedo” etc; comportando todas ellas el cambio de puesto de trabajo, con la consiguiente mejora retributiva. Cuestión distinta es que su aplicación práctica sea una historia plagada de trucos, clientelas, influencias, enchufes y agravios comparativos. Pero estos pequeños contratiempos no parecen ser un especial motivo de preocupación para los actuales gestores y sus conmilitones.
La modalidad de carrera profesional a la que alude la convocatoria de la administración asturiana, tomando la parte por el todo, es una figura introducida en el reciente Estatuto del Empleo Público impulsado por el Gobierno de Zapatero que consiste, sintéticamente, en ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, mediante la superación de una serie de tramos o escalones sucesivos. La tremenda contrapartida que se esconde detrás de ella es la obligación de realizar una evaluación individual del trabajo de cada uno de los trabajadores cuyo resultado condicionará ni más ni menos que: el importe del sueldo, la permanencia en el puesto de trabajo y los ascensos en el escalafón. Conociendo el modo habitual de proceder de la clase política dirigente de todos los colores, no parece exagerado aventurar que este mecanismo será un arma camuflada para premiar a los amigos y castigar a los incómodos, disidentes o desafortunados.
¿ Con que parámetros se evaluará el desempeño del trabajo de los empleados públicos?, ¿ quiénes serán los evaluadores y a qué evaluación se someterán ellos?
Hasta ahora, para el sindicalismo de clase los sistemas tayloristas que condicionaban el importe del salario de cada trabajador al resultado de la evaluación individual de las tareas laborales eran particularmente execrables: rompían la negociación colectiva y sometían a los trabajadores a una carrera competitiva para ganar más dinero, poniendo en peligro su propia salud y degradando el ambiente de trabajo.
Pero el reciente Estatuto del Empleado Público, aprobado con elconsenso de los aparatos centrales de UGT, CCOO y CSIF, otorga carta de naturaleza a estos métodos empresariales tan caros al capitalismo neoliberal, tras años de ensayos y experiencias en las administraciones públicas de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, con la coartada de la necesidad de incrementar la eficiencia y la productividad del sector público ( el mismo discurso falso que viene legitimando la privatización generalizada de los servicios públicos). Un buen espejo en el que mirarse para desarrollar políticas laborales progresistas.
Mientras tanto y volviendo a Asturias, en la recta final de la campaña electoral el Gobierno plural de la izquierda, con el silencio cómplice de la supuesta oposición, decide ser el primero en todo el Estado en implantar esa nueva modalidad de carrera profesional, ofreciendo un dinero adicional a sus trabajadores, sin decir que les pedía a cambio. Pero fue el primero por la sencilla razón de que utilizó descaradamente un atajo: ni se aprobó previamente una ley autonómica que la habilitara, ni se definió el sistema de evaluación del desempeño, como exige el Estatuto del Empleado Público.
Ante la obstinación en mantener una resolución de convocatoria impresentable, las centrales sindicales rebeldes anunciaron acciones judiciales frente a la misma con el fin de frenarla por esa vía ya que había fracasado la de las movilizaciones. Al menos SUTEA, CSIF , USO y la Corriente Sindical de Izquierdas interpusieron recursos ante la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero sorprendentemente, fue la Corriente la única central sindical que actuó con coherencia entre lo que dijo y lo que hizo, pues quedó en solitario instando la suspensión del acto impugnado. Si lo que se pretendía era parar los efectos de una convocatoria inadmisible por tantos motivos, ¿ cómo puede explicarse desde la lógica y el sentido común que los recurrentes se conformasen con esperar una sentencia que, en el mejor de los casos llegará dentro de tres años, cuando sus efectos resultarían ya totalmente nulos?
Si en este asunto de la acción judicial se va realmente en serio y no de farol y lo que se pretende es parar una resolución que se dice impresentable y gravemente atentatoria para los derechos de los trabajadores, la solicitud de suspensión de la misma, tal y como hizo la Corriente, es la única actuación coherente. Quienes la recurrieron pero no se opusieron a que siguiera desplegando sus efectos deberían explicar convenientemente el sentido de su actuación. La hipocresía desplegada por los portavoces de USIPA y CSIF acusando a la Corriente Sindical de Izquierdas de imprudencia es una muestra elocuente del sindicalismo de pasteleo y doble moral que nos inunda.
Finalmente y de momento, la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidió estimar la pretensión de la Corriente, acordando suspender la tramitación de esa “carrera profesional” tan peculiar. Pero en el colmo del absurdo programado, los amplificadores mediáticos del Gobierno y sus aliados apuntan ahora, de forma unánime, a la Corriente Sindical de Izquierdas pidiéndole explicaciones por su actuación. ¿ No resultaría más lógico y sensato en unos medios que se dicen independientes y pluralistas, pedir explicaciones al Gobierno asturiano sobre los motivos que le llevaron a dictar en plena campaña electoral una resolución que afectaba a miles de trabajadores y que ha sido suspendida por el máximo Órgano judicial de la Comunidad Autónoma por razones estrictamente legales, e informar objetivamente a la ciudadanía sobre el contenido del Auto judicial?
Pero el comportamiento de los medios de formación de masas asturianos en este asunto, como en tantos otros de especial relevancia, parece responder en palabras del viejo Marx, a la clase de discurso “autorizado por la policía y vedado por la lógica”
fuente: Javier Villa
http://www.glayiu.org/?accion=ver&tipo=analisis&id=1162
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