CSI acusa al edil de crear "alarma" en torno al centro de acogida de menores.

POLEMICA POR LA CONFLICTIVIDAD DEL PARQUE DE INVIERNO.

19/08/2007 A.

Al concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo, el popular Jaime Reinares, le caen críticas por doquier al anunciar más policía en los alrededores del Centro Materno Infantil. Si el viernes recibió duras acusaciones de la consejera de Bienestar Social y del viceconsejero de Seguridad y Emigración --por "criminalizar" a los internos del centro y por "eludir sus responsabilidades municipales"--, ayer fue el turno de los propios trabajadores de la Unidad de Primera Acogida (UPA). En una nota de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) se acusa al concejal de crear "una situación de alarma" entorno a los centros de menores.

En el escrito de CSI se indica que "Reinares declaró que varios de los internos del Materno Infantil son menores de origen marroquí que tienen entre 16 y 17 años, son personas casi mayores y algunos con muy poca educación". Continúa la nota explicando que el edil indicó que a este tipo de personas había que tratarlas como manda la ley. "Nos preguntamos qué aporta este dato sobre la nacionalidad, sobre todo cuando se tratan otros hechos más graves sin aludir a la nacionalidad; es decir hay discriminación, xenofobia", indican.

Por otro lado, los trabajadores manifiestan que citar "machaconamente" el centro perjudica el proceso educativo y socializador de estos menores y de que se los proteja en el futuro. " Quieren educar o encarcelar?", se cuestionan.

En el comunicado, CSI aprovecha para instar a Reinares --y a "su ídolo Antonio Trevín", delegado del Gobierno-- a que "tengan --ambos-- tanta preocupación en que se cumplan estrictamente las leyes que recogen los derechos de los menores alojados en la UPA o en el área del Menor, así como que esa preocupación se dé también cuando se ataque el centro materno o las personas que en el mismo conviven por parte de jóvenes ovetenses". Sobre este último aspecto, aseguran que entorno a "estos hechos reiterados" hay varias denuncias y partes médicos, "no solo rumores".

Asimismo, los trabajadores del centro volvieron a denunciar que los menores deben permanecer un máximo de 45 días en la UPA, deben ser tutelados inmediatamente cuando hay desamparo y se les debe documentar desde que son protegidos. "Nada de esto se hace como las leyes marcan, pero no por responsabilidad del personal educativo, sino por la actual consejera", afirman.