Cuatro Sindicatos exigen retirar la Carrera Profesional

Las organizaciones sindicales CSI, SAE, SUATEA, y USO, ante la situación planteada en relación con la carrera profesional de los empleados públicos asturianos, manifiestan:

1. La suspensión cautelar dictada por el TSJA se explica, exclusivamente, por la existencia de claros indicios de ilegalidad de la Resolución que regula la carrera profesional, sin que de ello pueda hacerse responsables a los que no participamos de este juego de intereses.

2. Que los sindicatos firmantes, como aquellos otros que antes se opusieron y ahora quieren quedar bien con todo el mundo son conscientes de ello, por más que ahora se vean en la obligación de defender su papel de comparsas en una medida electoralista del Gobierno asturiano.

3. Se trata de una carrera profesional que no hace públicos los criterios de evaluación y los objetivos a cumplir, que excluye a buena parte de los empleados públicos, que es clasista y discriminatoria en lo económico al disparar el abanico salarial ( 650 € grupo E y 2500 € para el A) no garantiza los derechos de los trabajadores y pone en manos de la Administración todas las decisiones, sin contrapartida alguna.

4. Si bien para el Personal Estatutario del SESPA se firmó la carrera y el desarrollo profesional, quienes lo hicieron no dudaron en discriminar vergonzosamente a los grupos A y B no sanitarios, y a los C, D y E sanitarios y no sanitarios en lo referente a plazos y cantidades.

5. Se discrimina también al personal laboral e interino y a las personas que no tienen cinco años de antigüedad, así como a quienes llevan menos de cinco trabajando en Asturias.

6. La puesta en marcha de la carrera profesional, según el Estatuto Básico, exige la previa regulación legal. Por tanto, carece de los requisitos mínimos para ser desarrollada y supone una demostración del valor que tienen todos los acuerdos y normas firmados por estos.

7. Quienes otorgaron este “cheque en blanco” son los mismos que, año tras año, vienen firmando subidas salariales del 2%, que nos han llevado a acumular una pérdida de poder adquisitivo superior al 40% en los últimos años, y a que existan grupos de empleados públicos con un salario base inferior al salario mínimo interprofesional.

Por tanto, EXIGIMOS:

La retirada inmediata de la Resolución de 18 de mayo de 2007, la apertura de un proceso de negociación que, incluyendo a todos los empleados públicos, no ahonde más en las diferencias económicas entre los grupos, y respete la representatividad en todos los sectores de la función pública asturiana.

Oviedo, 30 de octubre de 2007

Corriente Sindical de Izquierdas; Sindicato de Auxiliares de Enfermería; Sindicato Unitario y
Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias; Unión Sindical Obrera

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA EXPULSIONES ENCUBIERTAS DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) está preocupada porque en España se podrían estar llevando a cabo expulsiones de menores extranjeros no acompañados, disfrazadas de reagrupaciones familiares. Un procedimiento que vulnera los derechos de los menores extranjeros que se encuentran en nuestro país en situación irregular, ya que al ser la reagrupación familiar un proceso administrativo, se les niega el derecho a la asistencia letrada.

“Hemos detectado numerosas irregularidades en los procesos de reagrupación familiar de los menores no acompañados, que en realidad las convierten en expulsiones. Y esto es paradójico, porque cualquier adulto extranjero con situación administrativa irregular tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado, tal y como recoge la Ley de Extranjería. Pero a los menores se les está negando este derecho”, señala Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

Según datos de la Fiscalía de Extranjería, a lo largo de 2006 se incoaron 1.300 expedientes de repatriación de menores, la mayoría marroquíes, y 111 casos fueron repatriados. Hasta julio de 2007, 15 menores habían sido repatriados a sus países de origen. “Nos preocupa que no haya garantías para los cientos de menores que están esperando su reagrupación familiar”, comenta Virginia Álvarez.

La organización ha hecho llegar por carta a las autoridades españolas y a la Fiscalía General del Estado, ésta y otras preocupaciones, en el marco de la 28ª Conferencia de Ministros de Justicia de los estados miembros del Consejo de Europa que se celebra hoy y mañana, 25 y 26 de octubre, en Lanzarote, donde se abordan los problemas de acceso a la justicia para grupos vulnerables, entre ellos, inmigrantes, solicitantes de asilo, y menores. En el informe presentado por el Ministro de Justicia español para esta Conferencia, aunque se identifican algunos problemas que afectan a los menores extranjeros no acompañados , no se reconoce la indefensión de estos menores en España ante los procedimientos y decisiones administrativos de repatriación, indefensión que se pone de manifiesto a través de las irregulares detectadas en diversas sentencias relativas a estos procedimientos.

Irregularidades detectadas

Amnistía Internacional ha constatado que en al menos 11 sentencias de 2006 y 2007, en las que se recurría la repatriación de menores extranjeros no acompañados, los jueces se pronuncian sobre graves irregularidades que ponen en riesgo la seguridad de los menores y dejan de lado el interés superior del menor, recogido en la Convención de Derechos del Niño y la Niña ratificada por España, y en la legislación española, entre ellas:

§ Menores que no son informados del proceso que se inicia con ellos, ni se les notifica la resolución administrativa de cuándo se va a producir la reagrupación familiar. Como ejemplo, en sentencia de 11 de septiembre de 2007, el Juzgado Contencioso Administrativo 13 de Madrid donde se solicita la nulidad de la resolución de devolución de un menor a Marruecos dictada por la Delegación de Gobierno, se dice que “no consta que el menor fuera informado de la incoación del expediente, ni se le diera audiencia en él, ni que se le notificara o se intentara notificar la resolución del mismo”.

§ Menores que no son escuchados, ni se les permite que expresen su opinión en los asuntos que les afectan , tal y como se recoge en la propia Convención. Como ejemplo, en sentencia de 25 de septiembre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 14 de Madrid, que ante un recurso contra la repatriación a Marruecos de un menor, se establece que “resulta difícil entender que se haya atendido al interés superior del menor cuando únicamente se oyó al menor en el Acta de exploración de desamparo. (Documento que se realiza en el primer contacto del menor con la administración)”.

§ No se investiga adecuadamente la situación del menor , no se localiza ni identifica a su familia, ni se establece ningún contacto con su país de origen. Como ejemplo, en sentencia de 31 de julio de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ratifica una sentencia que paraliza una reagrupación familiar porque ” la Administración no ha localizado ni identificado a la familia del menor y no se ha puesto en contacto con los servicios de protección de menores de Marruecos a los efectos de verificar si se dan los requisitos necesarios para la adecuada tutela del menor”.

En otro ejemplo, una sentencia de 13 de octubre de 2006, el Juzgado contencioso-administrativo 1 de Huesca anula la repatriación de un menor dictada por el Subdelegado de Gobierno, que se acordó a pesar de que el expediente contaba con informes de los servicios sociales a favor de la ” permanencia del menor en España“, ya que la situación de la familia no hacía de la repatriación familiar la solución más idónea. Sin embargo, se acordó la repatriación, y no se hizo ninguna gestión con los servicios sociales marroquíes.

Tutores que no protegen

Amnistía Internacional, en las sentencias analizadas, ha detectado cómo en diversas ocasiones las autoridades españolas que asumen la tutoría legal de estos menores, en vez de proteger sus intereses, propician las expulsiones. Dos ejemplos en la Comunidad de Madrid (CAM):

§ El Ministerio Fiscal, se une a la Delegación del Gobierno y a la CAM para que no se admita un recurso contra la reagrupación familiar de un menor, alegando que ya había prescrito el tiempo para presentar dicho recurso. En sentencia del 27 de abril de 2007, el Juzgado Contencioso Administrativo 15 de Madrid, recoge que “no es lícito alegar esta extemporaneidad por parte de la Administración, cuando ella es precisamente la causante, valiéndose de la misma para propiciar la indefensión del menor”.

§ La letrada designada por la CAM, que debiera proteger los intereses del menor, se opuso al recurso presentado para paralizar la expulsión de un menor, esgrimiendo como principal argumento: ” …la improcedencia de la suspensión cautelar de la repatriación por provocar graves perjuicios al interés general”, además alegó la falta de capacidad procesal basándose “…en su minoría de edad, dado que en la legislación marroquí […] el menor no emancipado carece de protección capacidad procesal”, obviando así la legislación española, que expresamente reconoce esta capacidad para los menores en todos los procedimientos que les afecten directamente.

La falta de garantías en el procedimiento de reagrupación de los menores extranjeros no acompañados en España y las graves irregularidades detectadas, comprometen el principio de no devolución, abriendo la puerta a que los menores puedan ser devueltos a países donde no se garantiza ni su protección, ni sus derechos. De hecho, un informe de UNICEF, recoge casos de menores no acompañados devueltos por España a Marruecos en los que no se avisó a la familia, y algunos de ellos sufrieron malos tratos físicos y psicológicos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Recomendaciones de Amnistía Internacional

A las autoridades españolas

§ Que garantice de manera efectiva y no meramente retórica los derechos de los menores no acompañados, primando el interés superior del menor, valorando en cada caso si el retorno es seguro, si es posible la reagrupación familiar, si la familia puede darle el cuidado apropiado, o en ausencia de familia, si el menor podrá acogerse a los servicios sociales del país al que es enviado. Estas garantías deben ser incluidas en todos los acuerdos bilaterales que España firme con terceros países relativos a los menores.

§ Que se respete en todos los casos el derecho de los menores a ser informados, a contar con asistencia letrada desde su llegada, y a ser oídos en los procedimientos que les afectan.

A la Fiscalía General

§ Que vele por el cumplimiento de la legalidad de los procedimientos y decisiones sobre menores extranjeros no acompañados, asegurando que se actúa conforme al principio del interés superior del menor, haciendo valer las normas internacionales de derechos humanos, integradas al ordenamiento jurídico español, que les protegen a los menores extranjeros no acompañados.

Fuente: Amnistia Internacional

III CONGRESO MUNDIAL Sobre Derechos de la niñez y adolescencia Barcelona - España 14 - 19 de noviembre de 2007

El III Congreso Mundial sobre Derechos de la niñez tendrá lugar en Barcelona (España), los días 14 al 19 de Noviembre de 2007.
MÁS INFORMACIÓN

Descargar programa
http://www.iiicongresomundialdeinfancia.org/

iiicongresomundialdeinfancia@yahoo.es

Fuente:Estaya de la Educación

Paralizada otra expulsión por Lazos Afectivos

Nuestras amigas, las abogadas de Madrid vinculadas a la coordinadora de barrios y a la parroquia de Entrevías han conseguido paralizar la expulsión de un chaval haciendo valer las relaciones sociales que éste había establecido, demostrando que por el “interés superior del menor”, el chaval estaba aquí en mejores condiciones que en cualquier otro lado, y que había podido establecer uno vínculos sociales que le daban bienestar y seguridad, por lo que la acción de la administración sería a todas luces perjudicial para él.

Por una vez, un juez, parece haber tenido un poco de sentido común.

Adjuntamos la sentencia, por lo que tiene de extraordinaria y para que pueda usarse para casos similares.

enhorabuena!!!

sentencia

Fuente:Con los niños no se juega

Paralizada otra expulsión por Lazos Afectivos

Nuestras amigas, las abogadas de Madrid vinculadas a la coordinadora de barrios y a la parroquia de Entrevías han conseguido paralizar la expulsión de un chaval haciendo valer las relaciones sociales que éste había establecido, demostrando que por el “interés superior del menor”, el chaval estaba aquí en mejores condiciones que en cualquier otro lado, y que había podido establecer uno vínculos sociales que le daban bienestar y seguridad, por lo que la acción de la administración sería a todas luces perjudicial para él.

Por una vez, un juez, parece haber tenido un poco de sentido común.

Adjuntamos la sentencia, por lo que tiene de extraordinaria y para que pueda usarse para casos similares.

enhorabuena!!!

sentencia

La Carrera Profesional: Mentiras, Hipocresia y Manipulación

A cinco días de las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo el Gobierno asturiano publicó en el boletín oficial una convocatoria dirigida a los trabajadores fijos de la Comunidad Autónoma, incluido el colectivo de la enseñanza, para adherirse voluntariamente a lo que denominaba “carrera profesional”. En la resolución de convocatoria se ofrece el abono anticipado de unas cantidades que ni siquiera se especifican, advirtiendo que el dinero se entregaría “ a cuenta”, de tal manera que si no se superaba la evaluación que se establecería en su momento, los trabajadores que hubieran percibido este dinero estarían obligados a devolverlo.

El único dato objetivo de la convocatoria era que sólo podían participar en la misma los trabajadores fijos del Principado de Asturias con una antigüedad mínima de cinco años. El resto de condiciones se ocultaban de forma absoluta y total: ni criterios de evaluación, ni baremos, ni calendario, ni tan siquiera – vuelve a reiterarse - el importe de los pluses salariales ofertados. Curiosamente, algunos de estos datos que se esconden en la resolución oficial de la Consejería de Administraciones Públicas, fueron adelantados por las centrales sindicales UGT y CCOO en correos informativos de difusión masiva.

La reacción sindical en el ámbito de la enseñanza fue inmediata: SUATEA, CSIF y el sector de la educación de CCOO, calificaron a la convocatoria como un ataque sin precedentes a la dignidad profesional de los enseñantes, un “cheque en blanco” que se ofrecía a los trabajadores con el cebo clientelar del dinero, omitiendo arteramente los compromisos que se les pedirían a cambio. Las movilizaciones no se hicieron esperar: 5.000 profesores y maestros tomaron las calles de Oviedo en el mes de junio exigiendo al Gobierno de Areces la retirada de la resolución de convocatoria de esa “carrera profesional”, a la vez que se pedía a todos los compañeros y compañeras que no firmaran la solicitud trampa.

Pero, como ya adelantamos, la convocatoria de pseudocarrera no afectaba sólo al colectivo de profesionales de la enseñanza pública, si no también a la totalidad de los empleados públicos fijos del Principado ( excluido el sector de la sanidad). Aunque sin contar con la cobertura mediática que tuvieron las masivas movilizaciones de la educación, los sindicatos llamados minoritarios en el ámbito del empleo público de la Comunidad Autónoma – USO, USIPA, CSIF y la Corriente Sindical de Izquierdas - también llevaron a cabo acciones conjuntas y por separado, denunciando la “cita a ciegas” a la que se estaba invitando a los trabajadores con maniobras más propias de un trilero.

Particularmente, la Corriente Sindical de Izquierdas fue la única central sindical que desveló documentalmente el planteamiento, nudo y desenlace de esa novedad llamada “carrera profesional” que el Gobierno y sus aliados sindicales pretenden hacer pasar como la panacea de la modernización del empleo público.

¿ De qué hablan estos especialistas en vanilocuencia cuando se llenan la boca con la “carrera profesional”?

No hace falta ser un experto en derecho de la función pública para saber que desde hace décadas existe carrera profesional en la Administración, con diferentes modalidades: concurso de méritos, promoción interna entre grupos, libre designación o promoción “ a dedo” etc; comportando todas ellas el cambio de puesto de trabajo, con la consiguiente mejora retributiva. Cuestión distinta es que su aplicación práctica sea una historia plagada de trucos, clientelas, influencias, enchufes y agravios comparativos. Pero estos pequeños contratiempos no parecen ser un especial motivo de preocupación para los actuales gestores y sus conmilitones.

La modalidad de carrera profesional a la que alude la convocatoria de la administración asturiana, tomando la parte por el todo, es una figura introducida en el reciente Estatuto del Empleo Público impulsado por el Gobierno de Zapatero que consiste, sintéticamente, en ascender sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, mediante la superación de una serie de tramos o escalones sucesivos. La tremenda contrapartida que se esconde detrás de ella es la obligación de realizar una evaluación individual del trabajo de cada uno de los trabajadores cuyo resultado condicionará ni más ni menos que: el importe del sueldo, la permanencia en el puesto de trabajo y los ascensos en el escalafón. Conociendo el modo habitual de proceder de la clase política dirigente de todos los colores, no parece exagerado aventurar que este mecanismo será un arma camuflada para premiar a los amigos y castigar a los incómodos, disidentes o desafortunados.
¿ Con que parámetros se evaluará el desempeño del trabajo de los empleados públicos?, ¿ quiénes serán los evaluadores y a qué evaluación se someterán ellos?


Hasta ahora, para el sindicalismo de clase los sistemas tayloristas que condicionaban el importe del salario de cada trabajador al resultado de la evaluación individual de las tareas laborales eran particularmente execrables: rompían la negociación colectiva y sometían a los trabajadores a una carrera competitiva para ganar más dinero, poniendo en peligro su propia salud y degradando el ambiente de trabajo.

Pero el reciente Estatuto del Empleado Público, aprobado con elconsenso de los aparatos centrales de UGT, CCOO y CSIF, otorga carta de naturaleza a estos métodos empresariales tan caros al capitalismo neoliberal, tras años de ensayos y experiencias en las administraciones públicas de los Estados Unidos de América y de Gran Bretaña, con la coartada de la necesidad de incrementar la eficiencia y la productividad del sector público ( el mismo discurso falso que viene legitimando la privatización generalizada de los servicios públicos). Un buen espejo en el que mirarse para desarrollar políticas laborales progresistas.

Mientras tanto y volviendo a Asturias, en la recta final de la campaña electoral el Gobierno plural de la izquierda, con el silencio cómplice de la supuesta oposición, decide ser el primero en todo el Estado en implantar esa nueva modalidad de carrera profesional, ofreciendo un dinero adicional a sus trabajadores, sin decir que les pedía a cambio. Pero fue el primero por la sencilla razón de que utilizó descaradamente un atajo: ni se aprobó previamente una ley autonómica que la habilitara, ni se definió el sistema de evaluación del desempeño, como exige el Estatuto del Empleado Público.

Ante la obstinación en mantener una resolución de convocatoria impresentable, las centrales sindicales rebeldes anunciaron acciones judiciales frente a la misma con el fin de frenarla por esa vía ya que había fracasado la de las movilizaciones. Al menos SUTEA, CSIF , USO y la Corriente Sindical de Izquierdas interpusieron recursos ante la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero sorprendentemente, fue la Corriente la única central sindical que actuó con coherencia entre lo que dijo y lo que hizo, pues quedó en solitario instando la suspensión del acto impugnado. Si lo que se pretendía era parar los efectos de una convocatoria inadmisible por tantos motivos, ¿ cómo puede explicarse desde la lógica y el sentido común que los recurrentes se conformasen con esperar una sentencia que, en el mejor de los casos llegará dentro de tres años, cuando sus efectos resultarían ya totalmente nulos?

Si en este asunto de la acción judicial se va realmente en serio y no de farol y lo que se pretende es parar una resolución que se dice impresentable y gravemente atentatoria para los derechos de los trabajadores, la solicitud de suspensión de la misma, tal y como hizo la Corriente, es la única actuación coherente. Quienes la recurrieron pero no se opusieron a que siguiera desplegando sus efectos deberían explicar convenientemente el sentido de su actuación. La hipocresía desplegada por los portavoces de USIPA y CSIF acusando a la Corriente Sindical de Izquierdas de imprudencia es una muestra elocuente del sindicalismo de pasteleo y doble moral que nos inunda.

Finalmente y de momento, la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidió estimar la pretensión de la Corriente, acordando suspender la tramitación de esa “carrera profesional” tan peculiar. Pero en el colmo del absurdo programado, los amplificadores mediáticos del Gobierno y sus aliados apuntan ahora, de forma unánime, a la Corriente Sindical de Izquierdas pidiéndole explicaciones por su actuación. ¿ No resultaría más lógico y sensato en unos medios que se dicen independientes y pluralistas, pedir explicaciones al Gobierno asturiano sobre los motivos que le llevaron a dictar en plena campaña electoral una resolución que afectaba a miles de trabajadores y que ha sido suspendida por el máximo Órgano judicial de la Comunidad Autónoma por razones estrictamente legales, e informar objetivamente a la ciudadanía sobre el contenido del Auto judicial?

Pero el comportamiento de los medios de formación de masas asturianos en este asunto, como en tantos otros de especial relevancia, parece responder en palabras del viejo Marx, a la clase de discurso “autorizado por la policía y vedado por la lógica”

fuente: Javier Villa


http://www.glayiu.org/?accion=ver&tipo=analisis&id=1162

La Diputación impulsa la figura del mediador intercultural para atender a menores inmigrantes

EUSKADI

Un educador de origen marroquí hace ya esta labor en el centro de Tolosa Facilita la relación con los internos
El reto de la atención a los menores inmigrantes no acompañados en Gipuzkoa incorpora un nuevo recurso para lograr la integración de estos jóvenes y evitar que caigan en la delincuencia o protagonicen altercados. La Diputación de Gipuzkoa, que tiene la tutela de estos menores, ha introducido la figura de un mediador intercultural que acompañe a los residentes del centro de acogida de urgencia de Tolosa, que será rehabilitado en breve.

Según fuentes del Departamento de Política Social, en la actualidad un «educador de origen marroquí trabaja ya en el centro de Tolosa realizando, de forma progresiva, cada vez más ta-reas como mediador intercultural». Al hablar el mismo idioma, la figura facilita la comunicación con los menores inmigrantes -la mayoría de origen magrebí-, lo que ayuda en el proceso educativo de los internos.

Hogares Nuevo Futuro, la asociación a la que pertenecen los educadores sociales que gestionan los centro de acogida de urgencia de Tolosa y Urnieta, quiere ir más allá. En este aspecto, trabaja en «un proyecto» para concretar «los objetivos, las condiciones y las necesidades concretas» del perfil del mediador, asegura Iñigo Ochoa de Alda, asesor de Nuevo Futuro y profesor de Psicología de la UPV .

Según señala Ochoa de Alda, en otras ciudades de España ya «existen programas con perfiles de este tipo. Lo que ocurre es que a veces esta figura queda difuminada y es más un compañero de los menores o un educador más autoritario que los propios educadores. El reto es poder crear antes de fin de año una figura realmente mediadora, que no pertenezca al equipo educativo ni que sea un menor más».

El «proyecto interno» en el que trabaja Nuevo Futuro piensa en un perfil de mediador intercultural de origen marroquí que ayude a los educadores a mediar con los menores inmigrantes, tanto en centros de acogida de urgencia como en residencias. «Alguien que sepa cuáles son sus necesidades culturales, de idioma, sus dificultades con el consumo, la comida»... Entre sus funciones, destacaría el contacto con las familias de origen. jmvelasco@diariovasco.com


Fuente: Estaya de Educación Social

DOCUMENTOS 5º Congreso Educación

En esta sección encontrará documentos de interés, listos para su descarga para ser leídos en pantalla, guardados en su disco duro o impresos.

Comunicaciones seleccionadas

Nota: Para abrir un archivo puede realizarlo pulsando directamente sobre él. Si tiene dificultad en leerlo, por configuración del navegador u otros, puede descargarlo en su ordenador y posteriormente abrirlo desde ahí. Para descargar un archivo sitúe el cursor sobre él, active el botón derecho y seleccione la opción "Gaurdar destino como ..." y seleccione el directorio destino en su ordenador.

EJE I

- Trabajo y ciudadanía: una articulación desde la educación social
- Una aproximación al perfil del educador/a de menores con medidas judiciales
- Intervención del educador social en medios cerrados
- Rojo sobre verde: el juego de la convivencia
- La educadora y el educador social desde la práctica de la educación para la ciudadanía
- La importancia del fomento de la participación de la ciudadanía en los servicios sociales de atención primaria

EJE II

- La aventura de investigar juntos. Una experiencia llena de futuro
- El espacio de educadores de FEPA: una apuesta por la construcción de la profesión a partir de la formación y el intercambio del saber
- Anexo: El espacio de educadores de FEPA: una apuesta por la construcción de la profesión a partir de la formación y el intercambio del saber
- El tránsito de la figura profesional del educador social en la comunidad de Madrid
- La universidad ante el reto de situar la Educación Social en la escuela
- Los planes de estudio un reto para formación en competencias transversales para la empleabilidad de los educadores y educadoras sociales. Tratamiento multidisciplinar de los bloques de competencias
- Mesa para la reflexión en Educación Social: Una propuesta de formación

EJE III

- La inserción laboral de las diplomadas y diplomados en Educación Social por la universidad de Girona (1996-2005)
- Catálogo de funciones y competencias como herramienta garante de buenas prácticas. Un caso concreto: Educación Social en la educación secundaria obligatoria
- Acerca de la cohesión de equipos de centros residenciales para menores en conflicto social
- La función profesional del educador/a social en una comunidad terapéutica de drogodependencias
- La dimensión metodológica en el desarrollo de buenas prácticas: Una propuesta para el trabajo educativo en un CRAE
- La evaluación y mejora de la calidad de los servicios socioeducativos como nuevo yacimiento de empleo de los educadores: evaluación, asesoría y consultoría

Un joven ingresa en Villabona por posible abuso sexual a un menor

La evaluación médica y psicológica califica de coherente la versión del niño.El Principado releva al coordinador del centro de acogida del pequeño.

13/10/2007 REDACCION Voz de asturias

Un joven voluntario que responde a la identidad de Diego F.C. de 29 años de edad ingresó el jueves en la prisión de Villabona (con una medida de acompañamiento para evitar que se autolesione) acusado de un delito de abusos sexuales a un menor de 10 años residente en un centro de acogida del Principado. La Consejería de Bienestar Social confirmó ayer que fue la propia Administración autonómica la que, alertada por un trabajador de un centro de acogida ovetense, trasladó el supuesto caso de abusos sexuales a la fiscalía del menor.

Bienestar Social indicó que el mismo día 2 de octubre recibió un aviso de un trabajador del centro de acogida ovetense que alertaba de un posible caso de abusos sexuales a un menor. La Administración autonómica, de la que depende el centro, solicitó de inmediato una consulta médica para valorar la supuesta agresión. Tras solicitar información en atención pediátrica, los especialistas aconsejaron el traslado del menor para una valoración al Hospital Universitario Central de Asturias. Ya en el HUCA los médicos del centro recomendaron a la Consejería de Bienestar Social que presentara denuncia oficial para que el menor --del que no se ha desvelado el sexo-- fuera sometido a un informe forense y no tuviera que pasar por dos evaluaciones médicas. Ese mismo día 2, siempre según fuentes de la Administración, Bienestar Social presentó formalmente denuncia en la comisaría de policía e informó también a la fiscalía del menor. El menor fue sometido finalmente a una evaluación forense en el mismo hospital.

Un día más tarde, ya el 3 de octubre, las autoridades administrativas decidieron trasladar al menor del centro y comenzar una evaluación psicológica para valorar los posibles efectos de la supuesta agresión sexual. El informe del psicólogo, que concluyó un día más tarde, reveló que la versión del menor era coherente. El día 5 Bienestar Social puso todos los hechos en manos de la fiscalía de menores.

La Administración autonómica, que ha solicitado no revelar el nombre del centro de acogida, subrayó ayer que su coordinador fue relevado del puesto por una supuesta negligencia. A juicio de la consejería, el responsable de este dispositivo, al margen de la investigación en curso, debería haber actuado con más celeridad. De la identidad del posible agresor, apenas han trascendido datos. Se sabe, eso sí, que es un joven que, muy probablemente colabora como voluntario para una Organización No Gubernamental. La Administración no ha querido confirmar este extremo. Algunas fuentes consultadas subrayaron que en los centros de acogida del Principado trabajan únicamente como voluntarios miembros de una conocida ONG.

Infancia agiliza la expulsión de menores

Asturias no será ya una "región fácil" para la inmigración irregular de menores. La Consejería de Bienestar Social manifestó ayer que los extranjeros que lleguen a Asturias sin papeles, aunque sean menores de edad, serán devueltos a las comunidades de origen y, en último término, a sus países de nacimiento. Teresa Ordiz y Eva Sánchez, nuevas responsables de Infancia, indicaron ayer que el Gobierno del Principado aplicará la ley que prevé las repatriaciones de los menores a sus naciones de origen.

Ambas representantes de la Consejería de Bienestar Social manifestaron, de hecho, que el solo anuncio de mano dura ha servido para aminorar el número de llegadas de menores inmigrantes no acompañados a Asturias. Ordiz y Sánchez indicaron, en clara alusión al equipo anterior, que los propios menores de otras comunidades conocían que Asturias era una "comunidad fácil" para la acogida. Ambas destacaron que "el paternalismo" no mejora la situación de los adolescentes.

Eva Sánchez, directora del Instituto de Infancia, reconoció, pese a todo, que el fenómeno de los menores inmigrantes no acompañados, que ha llegado a saturar los centros de acogida del Principado, tiene una solución difícil. Sánchez avanzó que en el plazo de una semana el Gobierno regional abrirá un dispositivo en Gijón, con capacidad para cinco persona, que podrá aliviar parcialmente la sobreocupación del Centro Materno Infantil. Entre noviembre y diciembre se pondrá en marcha un recurso más, en el Fundoma, con diez o doce plazas, específico para los menores extranjeros. Asturias cuenta en estos momentos con algo más de 90 adolescentes no nacionales distribuidos por centros de acogida del Principado. Sánchez reconoció, con todo, que el plazo legal de estancia máxima en la unidad de primera acogida, de 45 días, no se cumple.

Asturias cuenta con 91 menores ilegales, la mayoría de origen magrebí

SOS Racismu pide que no se repatrie a menores inmigrantes.